El Gobierno hizo efectivo el Decreto 299/2024 que, además, buscará influir en la protección para los expresidentes que residen en el exterior.
El presidente Javier Milei continúa el ajuste económico a la de su custodia y la de los expresidentes y planea firmar acuerdos con otros países para que se hagan cargo de esas tareas en el exterior.
A través del Boletín Oficial, el Gobierno hizo efectivo el Decreto 299/2024, firmado por Milei y que estableció una serie de cambios en lo referido a la custodia del Presidente, vicepresidente, exmandatarios y sus familiares directos.
Según el artículo publicado por el Gobierno de Javier Milei, “con el fin de optimizar recursos y ser eficientes en la custodia de los funcionarios consignados en el artículo 15 del Decreto N° 648/04 y sus modificatorios, la CASA MILITAR evaluará la razonabilidad, extensión y gastos de los requerimientos a efectuar, pudiendo sugerir la celebración de convenios con otros países para el mejor cumplimiento de la medida, especialmente cuando se trate de viajes prolongados o residencia en el exterior de los expresidentes y de sus familiares directos”.
La medida, además, de optimizar los recursos del Estado, le dará un rol fundamental a la secretaría general de la Presidencia, conducida por Karina Milei, en el manejo de la custodia.
El líder de La Libertad Avanza encomendó al Ministerio de Seguridad “para que brinde la asistencia y colaboración que, en lo que se refiere a los aspectos materiales, presupuestarios y de gestión, requiera la implementación de las medidas previstas en los artículos 14 y 15 del Decreto N° 648/04 y sus modificatorios, en lo que respecta a los efectivos de la Policía Federal Argentina”, responsables de cuidar a ese grupo de dirigentes.
Recién asumido a la presidencia, Milei derogó una de las últimas iniciativas de la administración Alberto Fernández, que pretendía concentrar el control operacional de la custodia de mandatarios y ex presidentes en la Casa Militar en residencias estables y provisorias.
“La citada medida implicó la reestructuración de cuestiones operativas y presupuestarias que resultan contrarias al uso eficientes de los recursos y el erario público, en detrimento de las políticas impulsadas por el Estado Nacional”, indicó en ese entonces el decreto firmado que establece que las custodias vuelvan a la órbita del Ministerio de Seguridad.
Una de las primeras funcionarias en pronunciarse al respecto fue la propia ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “¡Se terminan los privilegios de la clase política! Poco antes de terminar su mandato, Alberto Fernández dictó un decreto que le concedía custodia de por vida a él y a sus familiares, incluso afuera del país. Vamos a una Argentina austera. Basta de gastos inútiles y privilegios para pocos que pagamos todos”, escribió en ese entonces en su cuenta de la red social X.
