En 2003 el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por la detención arbitraria y la muerte de Walter. Además se comprometió ante la Corte IDH a modificar las leyes que regulan las facultades policiales de detención. Veinte años después, todo sigue igual.
El 26 de abril se cumplen 30 años de la muerte de Walter Bulacio, detenido en una razzia de la Policía Federal a la salida de un recital de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Su caso, emblemático de la violencia policial pero también de la impunidad y la burocracia penal estatal, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2003. Desde entonces, el Estado argentino incumple la responsabilidad que asumió ante la Corte IDH, de modificar las leyes sobre facultades policiales de detención de todas las provincias del país, especialmente cuando se trata de menores de 18 años de edad.
Para ello, debía armar una mesa de consulta federal que incluyera a miembros de la sociedad civil. Dieciocho años después, la mesa de consulta federal para adecuar la legislación al derecho internacional de derechos humanos aún sigue pendiente. Avanzar de una vez sobre este punto es fundamental para limitar la discrecionalidad del accionar policial e impedir que hechos, como el de Walter Bulacio, sigan ocurriendo en Argentina.
El 19 de abril de 1991, a la salida de un recital de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota en el Estadio Obras Sanitarias, la Policía Federal Argentina llevó adelante una razzia en la que detuvo a más de 80 personas sin motivo alguno. Entre ellos se encontraba Walter Bulacio de 17 años. No hubo comunicación alguna a su familia ni a las autoridades judiciales sobre su detención. A la mañana siguiente, Bulacio fue trasladado de la comisaría 35° al Hospital Pirovano, donde el joven les explicó a los médicos que había sido golpeado por los policías. Tenía traumatismo de cráneo. Murió días después.
En un primer momento, ningún juzgado quiso asumir la investigación. Al año siguiente el comisario de la Seccional 35°, Miguel Ángel Espósito, fue sobreseído por la detención y muerte de Bulacio. En 1994, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó reabrir y continuar la investigación.
Luego de esto, la causa volvió a entrar en el espiral de las burocracias judiciales, y desde el CELS junto con CORREPI y CEJIL en 1997 llevamos el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Mientras tanto, la causa penal contra Espósito corría riesgo de prescribir sin ningún tipo de avance.
En 2003 el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por la detención arbitraria y la muerte de Walter Bulacio y fue obligado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a continuar la investigación y sancionar a los responsables.
Además, el Estado argentino asumió la responsabilidad de modificar las leyes sobre facultades policiales de detención, en especial cuando se trata de personas menores de 18 años, para lo cual debía armar una mesa de consulta federal. Nada de esto ocurrió.
El juzgamiento y condena al ex comisario Miguel Ángel Espósito por la detención ilegal de Bulacio recién ocurrió en 2013, 22 años después de la muerte de Walter. Pero el ex policía fue condenado a 3 años de prisión sin cumplimiento efectivo y sólo por el delito de privación ilegítima de la libertad.
A 32 años de la muerte de Walter Bulacio, seguimos exigiendo la democratización de las políticas de seguridad y decimos basta de violencia policial.
