Las medidas fueron dictadas por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Es por daños frente a casa de Cristina Kirchner.
Dos miembros de la agrupación Revolución Federal y una tercera persona fueron procesados este jueves, sin prisión preventiva, por los daños y los incidentes ocurridos en las proximidades de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 22 de agosto del año pasado, el mismo día en el que el fiscal Diego Luciani pidió que la condenaran a doce años de prisión en la causa vialidad.
Los procesamientos fueron dictados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y abarca a los referentes de Revolución Federal, Jonathan Morel y Leonardo Sosa, y a Natanael Rinstein Menin, quien habría llegado a morder a un policía en el momento en el que intentaban reducirlo, según surge de la reconstrucción de los hechos.
Al momento de su aprehensión, además, Reinstein Menin “llevaba consigo una botella con combustible y con un trapo dispuesto a modo de tapón”, lo que se conoce popularmente como cocktail molotov, según surge de la resolución.
Morel y Sosa fueron procesados por el delito de daños en grado de tentativa, a raíz de que rompieron un vallado de madera de la vía pública con el aparente afán de utilizarlo contra militantes kirchneristas que habían ido a apoyar a la vicepresidenta, mientras que Reintein Menin fue procesado por tentativa de lesiones, daños e intimidación pública y como autor del delito de resistencia a la autoridad y por haber puesto sus manos sobre un policía.
En el marco del expediente que tiene como fiscal a Gerardo Pollicita, el juez Martínez de Giorgi ordenó mandar a trabar embargos sobre los bienes de los imputados hasta cubrir los montos de 350 mil pesos en el caso de Reinstein Menin, 200 mil pesos para para Sosa y 150 mil pesos sobre los bienes de Morel.
“Los encausados habrían tomado una valla de madera de color blanco, que formaba un perímetro delimitando una zona de trabajo sobre la acera, y habrían intentado dañarla”, se explicó en la resolución judicial en la que, además, se refirió que un policía que intervino en aquella situación aventuró que el objetivo de Sosa y Morel habría sido “obtener fragmentos del vallado para tener a su disposición elementos que pudieran arrojar hacia sus contendientes”.
El proceso judicial se inició “a raíz de los hechos ocurridos con fecha 22 de agosto del año 2022” cuando, a partir de las 21 horas, “diversos grupos de personas comenzaron a aglomerarse en las inmediaciones de la intersección de calles Juncal y Uruguay de esta ciudad, a fin de manifestarse, sosteniendo consignas en favor y en contra de la Vicepresidenta Cristina Kirchner, por tratarse esa zona del lugar donde se emplazaba el domicilio particular de la funcionaria”, relató el juez en su resolución.
“La situación derivó en el inicio de altercados entre los integrantes de cada una de las facciones, quienes se propinaban insultos, empujones y se arrojaban objetos, motivando a su vez que las fuerzas policiales dispuestas en las cercanías intentaran contener la situación y disuadir los enfrentamientos”, reseñó.
“En ese contexto se desarrolló la prevención policial efectuada por parte del Oficial Primero Waldemar González y del Oficial Inspector Martín Morales, ambos de la Unidad Investigativa II de la División Investigaciones Comunales N° 2 de la fuerza policial local, que derivó en la aprehensión de Leonardo Franco Sosa y de Natanael Reinstein Menin”.
Los policías refirieron en sus actuaciones que dos de los imputados “intentaban dañar una valla de madera que delimitaba un área de trabajos sobre la calzada – más precisamente se encontraba situada del lado izquierdo de la calle, en sentido del tránsito-“.
“Ante esa circunstancia el personal policial procedió a la advertencia de una de las personas -quien durante el transcurso de la investigación se determinó que se trató de Jonathan Ezequiel Morel-, y a la identificación con fines de prevención de la restante, verificándose luego que era Leonardo Franco Sosa”, continuó el magistrado.
“En el mismo momento cuando el oficial González se encontraba alejando de los tumultos a Sosa con motivo de identificarlo, fue tomado alrededor del cuello por Natanael Reinstein Menin -fue descripto vistiendo una campera deportiva color negro y azul junto con un pantalón deportivo gris y portando también una mochila de color negro-, quien se acercó desde su espalda y lo sujetó en la zona del cuello con el brazo, intentando tirarlo hacia atrás”, detalló.
El oficial González “procedió a reducir a Reinstein Menin, lo que a raíz de la resistencia empeñada por este último motivó que por el forcejeo ambos cayeran al suelo. En esa misma ocasión el prevenido habría aprovechado para morder al efectivo policial en su pierna izquierda”, indicó el juez en su resolución.
En ese contexto, los policías detectaron que de la mochila de Reinstein Menin “emanaba olor a combustible” por lo que, ante los testigos de rigor, “se lo aprehendió y se procedió a su requisa”, señaló el magistrado, para luego dar cuenta de que en la mochila “se hallaron restos de una botella de vidrio – presumiblemente de cerveza- de color verde, trozos de tela – de color azul- y líquido vertido producto de la fragmentación de dicho envase”.
Los procesamientos dictados se suman a los ya dictados contra Morel, Sosa y otros dos integrantes de Revolución Federal (Sabrina Basile y Gastón Guerra) por incitación a la violencia colectiva.
En el tramo central de esta investigación, la justicia busca determinar además si la agrupación Revolución Federal fue financiada por Caputo Hermanos, sociedad vinculada a los hermanos del exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri, Luis Caputo.
Esa hipótesis surge de que para las mismas fechas en las que Revolución Federal agitaba consignas violentas en las calles, su líder Morel fue contratado para hacer trabajos de carpintería para obras de Caputo Hermanos en Neuquén.
Por otra parte se está investigando la pista de la “9 milímetros” vinculada con una mujer que permanentemente ofrecía una pistola de ese calibre en los grupos de Revolución Federal: la mujer ya fue identificada y su teléfono y la pistola secuestrados por la justicia.
En una resolución que emitió por separado, además, Martínez de Giorgi amplió el procesamiento de Morel en relación a los actos violentos que protagonizó desde Revolución Federal: le atribuyó haber proferido amenazas a Victoria Donda Pérez, Víctor Hugo Morales y el medio televisivo C5N, Maia Daer y Claudia Neira, y el intendente bonaerense de Avellaneda Jorge Ferraresi.
