Brutal agresión en Neuquén sacude al sistema educativo y expone un grave vacío de seguridad

Una directora de escuela terminó gravemente herida tras ser brutalmente atacada por una madre y su hija en el interior del Colegio San Martín ubicado en la ciudad de Neuquén. El hecho, ocurrido dentro del Instituto de Formación Docente Nº12, desnuda no solo un episodio aislado de violencia escolar, sino también un fallo profundo en los protocolos de protección, gestión institucional y respuesta estatal frente al clima de tensión que cada vez se vuelve más cotidiano en el sistema educativo.

El detonante fue un supuesto reto que la docente le hizo a una menor, hija de las agresoras, el día anterior al incidente. Sin embargo, lo que siguió fue una secuencia de hechos que habla mucho más que de un altercado aislado: las agresoras tenían prohibido el ingreso a la institución por amenazas previas, pero lograron esquivar la seguridad ingresando por una puerta lateral. Fue un accionar premeditado, no impulsivo. Tenían a quién buscar, lo habían pensado, sabían cómo entrar. Y cuando fueron interceptadas por la directora y otras dos autoridades escolares, la violencia fue de una crueldad física inusitada. Golpes, empujones, cabezazos contra la pared. Una de las víctimas terminó con el rostro desfigurado, sus heridas no sólo son graves por el daño físico, sino por el mensaje de impunidad que las acompañó.

El ataque paralizó al establecimiento: no sólo se suspendieron las clases del turno tarde; también se cancelaron las actividades del día siguiente. El temor entre docentes y personal directivo es total. El reclamo urgente al Consejo Provincial de Educación (CPE) no puede reducirse a pedidos administrativos: se trata de garantizar condiciones mínimas para enseñar. Sin seguridad, no hay escuela posible. Lo que se cuestiona desde adentro es la inacción del engranaje institucional: si ya sabían de antecedentes amenazantes, si ya había una restricción de ingreso, ¿cómo fue posible el acceso tan fácil al establecimiento?

Desde el gremio docente ATEN no solo repudiaron el hecho, sino que hicieron un llamado desesperado a reaccionar frente a una escalada que no parece tener freno. En un comunicado, expresaron su “solidaridad absoluta” y su alarma por la desprotección “estructural” en la que los trabajadores de la educación deben desenvolverse. Pero los tiempos gremiales no están marcados solo por comunicados: ya hay conversaciones para plantear medidas más contundentes si el CPE no avanza con cambios estructurales e inmediatos que garanticen la seguridad en las escuelas. En privado, varios referentes plantean que hay miedo a un efecto contagio –una especie de habilitación implícita– en otras instituciones donde las tensiones crecieron de igual manera.

La secretaria de Nivel Medio de ATEN Capital, Sandra Sepúlveda, fue quien más crudamente relató lo ocurrido. Habló de “una paliza descomunal” y de una “deformación en el rostro” de la directora tras ser golpeada brutalmente contra la pared. No describió un hecho de violencia espontáneo, sino la secuencia casi cinematográfica de una planificación que terminó en tragedia. Sepúlveda también expresó preocupación por el futuro inmediato: las agresoras estarían intentando averiguar la dirección de más docentes. La amenaza trasciende lo ocurrido en el colegio. Se instaló el miedo en las casas, en las conversaciones cruzadas por mensajería, en el aula vacía.

En paralelo, se abre un frente extremadamente sensible: la continuidad escolar de la hija de las agresoras. Sepúlveda planteó que se debe garantizar su derecho a la educación, pero siempre y cuando estén dadas las condiciones de seguridad para los demás integrantes de la comunidad. Es un dilema sin respuestas fáciles. ¿Cómo equilibrar el derecho al acceso a la escuela con el derecho de los docentes y alumnos a no vivir bajo amenaza?

En los pasillos del CPE, la presión crece. Se habla de un posible rediseño integral de protocolos de ingreso y presencia de personal de seguridad en escuelas consideradas “de riesgo”. También de incorporar abordajes interdisciplinarios ante conflictos familiares o escolares que podrían anticipar episodios de este tipo. Pero por ahora, son proyectos. Lo urgente es contener y proteger.

La comunidad del Colegio San Martín, como muchas otras que enfrentan situaciones similares, quedó en estado de shock. No son solo las víctimas físicas las que están heridas. La educación es una institución que debería simbolizar diálogo, protección, respeto. Cada golpe recibido en un aula por un trabajador de la educación marca una fractura en ese pacto simbólico. Y si el Estado no responde pronto y con contundencia, el vacío de autoridad será ocupado por el miedo.

Con información de TN