Procesan a Vanina Biasi por antisemitismo en medio de su campaña

El escenario electoral porteño sumó una nueva controversia con el procesamiento de Vanina Biasi, candidata del Frente de Izquierda, acusada de incurrir en antisemitismo mediante publicaciones realizadas en sus redes sociales. La decisión fue tomada por el juez federal Daniel Rafecas, quien dictaminó que los tuits de la dirigente violaron la Ley 23.592, conocida como ley antidiscriminación. El magistrado, además, le impuso un embargo de 10 millones de pesos, en una resolución que deja abierta la posibilidad de un juicio oral y público justo antes de las elecciones.

El conflicto entre Israel y Palestina, que resuena con fuerza a nivel internacional, encuentra ahora eco directo en la política local. Aunque se trata de una disputa internacional, sus derivaciones impactan de lleno en figuras del arco político argentino que han tomado postura. En ese marco, Biasi, con un discurso fuertemente alineado con la causa palestina, es identificada por algunos sectores como “la diputada por Palestina”, una definición que no parece incomodarla. Sin embargo, sus manifestaciones públicas fueron interpretadas por el juzgado como discriminatorias hacia la comunidad judía.

Rafecas hizo especial énfasis en que los posteos emitidos por Biasi sobre la guerra en Gaza excedieron los límites de la libertad de expresión, y apuntó a una serie de declaraciones en las que comparó al Estado de Israel con el nazismo, asegurando que sus dirigentes son “genocidas” y que las acciones militares en la Franja de Gaza equivalen al Holocausto. En términos jurídicos, el magistrado sostuvo que estas expresiones promueven el odio racial y representan un menosprecio hacia una comunidad en particular, lo que encuadra dentro de la normativa vigente contra la discriminación.

El tuit que se erige como pieza clave de la causa fue publicado en noviembre de 2023, tras la reaparición con vida de Emily Hand, una niña israelí que había sido dada por muerta en un ataque atribuido a Hamás. Biasi afirmó entonces que “todo era una construcción de la narrativa sionista, a la que poco le importa la vida de la gente y su sufrimiento”. La reacción fue inmediata, provocando un repudio generalizado y derivando, más de un año después, en esta medida judicial.

En los pasillos de la justicia federal se interpreta ese tipo de pronunciaciones como parte de un discurso sistemático que excede el plano político y se adentra en una promoción del odio. La coyuntura judicial no solo pone en eje la figura de Biasi, sino que plantea un dilema para el armado del Frente de Izquierda, que sostenía a la candidata como una de sus referentes con mayor potencia discursiva frente al electorado progresista porteño. Esta causa la coloca ahora en una situación legal incómoda que no solo puede derivar en sanciones penales, sino también afectar la percepción pública de su espacio político en un tramo clave de la campaña.

Internamente, sectores vinculados al Frente de Izquierda evalúan con cautela los pasos a seguir. Hay quienes, puertas adentro, consideran que Biasi podría convertirse en un “pasivo electoral” justo en un momento en que la izquierda busca fortalecer su representación frente a un electorado agotado por las estructuras tradicionales. Al mismo tiempo, hay quienes creen que la judicialización de su discurso representa un intento por acallar voces disonantes, sobre todo en temáticas internacionales donde los posicionamientos no suelen ser neutrales. El punto de fricción está en si el discurso político puede ampararse siempre bajo la libertad de expresión o si, como plantea Rafecas, existen límites definidos por el daño colectivo que provoca el lenguaje discriminatorio.

En el trasfondo, se revive una temática siempre sensible en la política argentina: el antisemitismo no solo como delito, sino como catalizador de tensiones profundas en una sociedad plural. La Ley 23.592, sancionada en 1988, ha sido históricamente una herramienta jurídica clave para frenar actos discriminatorios en ámbitos sociales y políticos. Pero rara vez había sido aplicada con esta contundencia a una figura política en medio de una campaña electoral. Y esa particularidad marca el contraste entre el contenido penal de la acusación y su impacto en la arena pública.

Lo cierto es que la causa judicial contra Biasi eleva la temperatura política de cara a unas elecciones que ya venían marcadas por la polarización. En tiempos donde la libertad de expresión se vuelve bandera de muchos sectores, y la justicia funciona como campo de disputa simbólica, el caso pone de relieve una vieja tensión argentina: la del discurso encendido, su poder de movilizar conciencias y su eventual capacidad de lastimar.