Chubut desafía a la justicia de EE.UU. y busca proteger sus acciones en YPF

En una jugada que sacude las relaciones entre el federalismo argentino y la justicia internacional, el gobierno de Chubut se presentó como actor crítico en la disputa por el futuro accionario de YPF. Tras el reciente fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska que determina la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal a los fondos Burford y Eton Park, el gobernador Ignacio Torres anticipó que irá a la Corte de Apelaciones de Nueva York para exigir el levantamiento del embargo sobre las acciones pertenecientes a la provincia patagónica.

La movida de Torres no solo es un mensaje directo a los tribunales de EE.UU., sino también una declaración política hacia el gobierno nacional. El mandatario afirmó que “nuestra provincia no es parte demandada y no está condenada”, una frase que sintetiza el argumento legal que Chubut usará para disociar sus intereses del pasivo judicial que enfrenta la Nación. Las acciones provinciales —el 49% de YPF, distribuidas tras la ley de expropiación de 2012 entre las provincias productoras— están, según el chubutense, mal embargadas.

Más allá del carácter técnico del reclamo, el trasfondo político es inevitable. El gobernador alineado con Juntos por el Cambio busca capitalizar la narrativa de defensa del “patrimonio provincial” ante un Poder Ejecutivo nacional debilitado y cuestionado por inconsistencias históricas en el manejo de la petrolera. El fallo de Preska reavivó tensiones latentes entre Nación y provincias que hace tiempo reclaman su autonomía y su rol central en las decisiones energéticas del país.

Torres remarcó que el 51% de YPF expropiado en 2012 fue destinado al Estado nacional y el restante 49% a las provincias petroleras nucleadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). Bajo ese esquema, cada provincia recibió un porcentaje en base a sus niveles de producción. Chubut, pese a liderar durante años la extracción de crudo, se quedó apenas con el 8%, mientras que Mendoza se adjudicó el 20%. Una distribución que no fue protocolizada ni ratificada por ley, una omisión que hoy le da fundamentos a la jueza estadounidense para congelar activos sin diferenciar su titularidad.

El reclamo no se sostiene solo en el tecnicismo de que Chubut no es parte en el juicio. Torres y su vicegobernador Gustavo Menna lo enmarcan como un atropello a la institucionalidad del federalismo argentino. “Se puede embargar lo que es propiedad del demandado, pero no más. El resto de las acciones son de las provincias”, insistió el mandatario. La diputada nacional Ana Clara Romero sumó que también buscarán activar la vía parlamentaria en Buenos Aires para que el Congreso se pronuncie sobre la situación.

La ofensiva de Chubut también apunta más allá de las fronteras. Marca una postura inédita de una provincia enfrentando a un fallo judicial de la justicia estadounidense en un conflicto corporativo de escala internacional. Un gesto de autonomía que, aunque jurídicamente complejo, tiene fuerte peso simbólico. A eso se suma la crítica frontal de Torres a lo que él denomina “demagogia kirchnerista” como corresponsable del escenario legal actual, aludiendo a la expropiación de YPF durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner sin previsiones que blindaran a las provincias frente a futuras demandas.

El cruce con la justicia norteamericana no es menor. Burford y Eton Park exigen una cifra cercana a los USD 16.000 millones en concepto de indemnización por la expropiación inconsulta, sin pago ni oferta previa, de las acciones que en ese entonces poseía la española Repsol. Argentina, a través de sucesivos gobiernos, nunca logró revertir completamente el fallo adverso, y hoy el default judicial parece cada vez más inevitable. Es en ese contexto de fragilidad legal donde Chubut quiere trazar un límite concreto a la ejecución patrimonial: sus acciones no se tocan.

El conflicto accionario de YPF ofrece una postal de cómo los errores políticos del pasado se transforman en conflictos de alta sensibilidad institucional años después. Torres, en clave de líder emergente del conservadurismo patagónico, no solo actúa en defensa de los intereses de su provincia, también perfila una figura política que desafía directamente al modelo de administración centralizada de los recursos energéticos que imperó durante décadas en el país.

El desenlace aún es incierto, pero hay una certeza: la disputa por las acciones de YPF ya dejó de ser una cuestión exclusivamente judicial. Se convirtió en un tablero de poder donde las provincias petroleras buscan recuperar protagonismo, y donde cada decisión, ya sea en Nueva York o en Comodoro Rivadavia, tiene consecuencias políticas directas sobre la gobernabilidad y el futuro de la política energética nacional.