La Corte Suprema expone el vínculo entre Vialidad y Hotesur-Los Sauces en la condena a Cristina Kirchner

La decisión de la Corte Suprema de dejar firme la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la causa Vialidad sentó una declaración política y judicial sin precedentes: dejó expuesta la conexión entre la asignación irregular de obra pública y las maniobras de lavado de dinero canalizadas a través de las empresas Hotesur y Los Sauces, ambas de titularidad de la familia Kirchner. La Corte citó párrafos que validan la existencia de un entramado comercial privado entre la expresidenta y Lázaro Báez, empresario favorito de la obra pública patagónica durante más de una década.

La denuncia sostiene que con el 86% de los contratos viales estatales asignados a Báez se habría financiado una estructura de negocios privados supuestamente lícitos en apariencia, pero alineados con un esquema de reciclaje de fondos públicos. La expresidenta fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El Tribunal que dictó el fallo la consideró culpable de administración fraudulenta, subrayando su interés personal en las maniobras empresariales que enriquecieron tanto a Báez como a su propia familia.

El refuerzo argumental de la Corte se apoyó en señalar que los contratos firmados por Austral Construcciones —firma insignia del Grupo Báez— con sociedades como Hotesur y Los Sauces, implicaron pagos mensuales abultados por gerenciamientos hoteleros que nunca contemplaron variables de rentabilidad o riesgo: se garantizaban ingresos fijos récord pese a que la firma responsable de los pagos mostraba balances en rojo.

El máximo tribunal advirtió que este vínculo comercial cimentado sobre una red de sociedades encubridoras, no fue objetado ni desmontado por la defensa de Fernández de Kirchner. La estrategia basada en alegar licitud formal de los actos comerciales careció de eficacia frente a documentos contables, peritajes y vínculos bancarios que mostraban flujos de dinero simultáneos entre la obra pública adjudicada a Báez y los alquileres de propiedades kirchneristas.

En el corazón de la maniobra aparecen las firmas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., utilizadas como vehículo de canalización de fondos provenientes de contratos estatales ficticios o digitados. Báez, cebado por licitaciones hechas a su medida, firmaba con empresas de los Kirchner contratos de locación y explotación hotelera completamente disociados de las lógicas del mercado turístico. Las cifras hablan: entre 2008 y 2013 Valle Mitre —empresa de Báez responsable de gerenciar los hoteles— pagó más de $28 millones a Hotesur S.A., pese a que su operación registraba pérdidas sistemáticas.

Este modelo replicó en al menos tres propiedades: el Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chaltén. Todas ellas, bajo control accionario directo o indirecto de los Kirchner. Los pagos mensuales pactados, como USD 80.000 por el Alto Calafate más USD 40.000 adicionales por la explotación, se mantuvieron constantes incluso en temporadas de escasa afluencia turística. Más allá del plano inmobiliario, las facturas y registros bancarios confirman la sincronía entre los ingresos de Austral Construcciones, financiados por el Estado, y los egresos que luego terminaban en cuentas de las sociedades vinculadas a la familia presidencial.

En términos contables y fiscales, la operación habría funcionado como una lavadora de capitales públicos, con una narrativa empresarial superpuesta y carente de sustancia económica real. Valle Mitre, en sus balances, dependía en 95% de los fondos provistos por Austral Construcciones. La triangulación era evidente: el dinero salía del Estado hacia Báez y regresaba indirectamente a los Kirchner vía hoteles y propiedades sobrevaloradas.

La investigación destaca que entre 2008 y 2015 ingresaron más de $73 millones a las cuentas de la gerenciadora de hoteles de los Kirchner provenientes directamente de firmas de Báez o del holding Austral. Entre estas se encontraban nombres como Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Badial, Don Francisco, y otras empresas satélite que orbitaban alrededor de la arquitectura patrimonial estructurada por Báez.

La Corte dejó claro que el trasfondo económico de esta operatoria excedía una simple relación comercial. Se trató de una conexión sistémica, íntima y funcional entre quien manejaba el presupuesto de la obra pública y uno de sus principales adjudicatarios. Si el Estado era la caja, los hoteles eran el canal de retorno. Y la política, el canal de blindaje institucional.

En términos políticos y judiciales, el caso genera un nuevo escenario de tensión. Cristina Kirchner aún enfrenta la reapertura del juicio por Hotesur-Los Sauces, donde una eventual condena podría ratificar el recorrido de fondos desde la obra pública hacia su patrimonio personal. El máximo tribunal penal ya había dado una señal en noviembre pasado al respaldar la condena por Vialidad. Con este fallo, la Corte trazó un puente directo entre ambos expedientes, cerrando así el círculo judicial de un engranaje corrupto sustentado en el entrecruzamiento entre lo público y lo privado.