La crisis carcelaria en CABA se agrava con 13 fugas en 2025 y un hacinamiento alarmante: 1.900 detenidos en comisarías diseñadas para 600. La precariedad de las condiciones de detención y la deficiencia en la custodia generan un escenario crítico. Se requieren reformas estructurales para mejorar la seguridad y habitabilidad.
Crisis carcelaria en CABA: fugas y hacinamiento en las comisarías
Desde enero de 2025, al menos 13 personas se fugaron de comisarías y alcaidías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Este fenómeno resalta una crisis penitenciaria que se ha venido profundizando con el tiempo: el hacinamiento en las dependencias policiales que funcionan como espacios de detención temporaria. La capacidad de muchas de estas sedes se encuentra triplicada, lo que genera un escenario crítico.
Un informe reciente de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires ha advertido sobre las condiciones de extrema precariedad en la que se mantiene a los detenidos en las comisarías. La sobrepoblación, la falta de infraestructura adecuada y la deficiencia en la custodia de los reclusos contribuyen a la ocurrencia de episodios como las recientes fugas. Ante este contexto, especialistas en el tema han manifestado su preocupación por la creciente precarización del sistema.
El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, indicó en diversas declaraciones a la prensa que las fugas se investigan y que se trabaja en la refacción de instalaciones. Aun así, los datos evidencian una realidad preocupante: el sistema penitenciario porteño afronta una sobrecarga que deriva en condiciones deficientes de seguridad y habitabilidad. La pregunta central es si las medidas anunciadas serán suficientes para frenar la crisis.
Sobrepoblación y las comisarías como cárceles improvisadas
Hasta abril de 2025, se estima que las comisarías de CABA albergan a cerca de 1.900 detenidos, cuando su capacidad máxima es de aproximadamente 600 personas. Es decir, se encuentran funcionando al triple de su capacidad prevista. Esto pone en duda la efectividad del sistema de detención temporaria, ya que estos espacios fueron diseñados para alojamientos breves y no para períodos prolongados.
El hacinamiento en estos lugares ha sido denunciado por organismos de derechos humanos y abogados penalistas. Uno de los principales problemas es la insuficiencia de servicios básicos, como acceso a agua potable, alimentación adecuada y atención médica. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), junto con otros organismos, ha presentado informes señalando las condiciones inadecuadas en las que permanecen los privados de la libertad.
A pesar de que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) cuenta con unidades diseñadas para cumplir con los requerimientos de detención prolongada, la demora en el traslado de los reclusos hace que muchas comisarías terminen convirtiéndose en centros de reclusión permanentes. Sin la infraestructura y los recursos adecuados, la seguridad tanto de los detenidos como del personal a cargo se ve comprometida.
Responsabilidad y medidas ante la crisis
Las fugas registradas en 2025 han puesto en cuestión las condiciones de seguridad en estas instalaciones. En varios de estos casos, la deficiencia en los controles y la insuficiencia de personal de custodia facilitaron la evasión. Según datos de la Auditoría General de la Ciudad, algunas comisarías operan con menos del personal necesario para supervisar a los detenidos.
El gobierno porteño ha anunciado medidas para mitigar el problema, entre ellas el refuerzo de la vigilancia y el reacondicionamiento de espacios. Sin embargo, expertos en temas penitenciarios sostienen que la solución estructural debe contemplar una reforma más profunda, incluyendo la construcción de nuevos espacios de detención y la agilización del traslado hacia unidades penitenciarias.
El debate sobre la crisis carcelaria en CABA también refleja una problemática más amplia a nivel nacional. La sobrepoblación en cárceles y centros de detención se repite en otras jurisdicciones, donde el sistema de justicia enfrenta dificultades para garantizar condiciones adecuadas de reclusión. La gran incógnita es cómo se afrontarán estos desafíos a mediano y largo plazo y si las medidas tomadas serán suficientes para evitar nuevas fugas y mejorar las condiciones de detención.
