En la previa del Encuentro Federal por el Trabajo, funcionarios de la provincia de Buenos Aires, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y La Pampa rechazaron enfáticamente las medidas laborales del Gobierno nacional.
Con el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 de Javier Milei vigente desde hace meses, autoridades de seis provincias publicaron un comunicado para rechazar los puntos del DNU vinculados a las leyes laborales. “Implican una regresión inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico e institucional, marcado a fuego por el Principio de Progresividad”, opinaron. El escrito se difundió en la previa del Encuentro Federal por el Trabajo, que se realizará el próximo 6 de mayo en la ciudad de La Plata.
El texto lleva la firma del ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa; el subsecretario de Trabajo de Formosa, Julio Ricardo Valdéz; la secretaria de Trabajo de Santiago del Estero, Julia Comán; la ministra de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione; el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa, Marcelo Pedehontaá, y la secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa.
“El contenido del DNU 70/2023 en su Título IV denominado ‘Trabajo’, así como el proyecto original de la denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en su Capítulo IV ‘Empleo Público’ colisionan definitivamente con los derechos constitucionales”, opinaron
Los funcionarios provinciales consideraron que, más de cuatro meses después de la asunción del gobierno de Milei, “las condiciones materiales de vida de los sectores merecedores constitucionalmente de tutela diferenciada se han visto ostensiblemente deterioradas”.
“No se trata solamente de la situación inflacionaria, sino de la ausencia de todo tipo de mecanismo de control respecto de precios en bienes esenciales, tarifas en servicios, alquileres, provisión de medicamentos, asimismo el espíritu desregulador ha avanzado en todas las áreas de la actividad económica, pero pone un único techo, y paradójicamente, es a la recomposición salarial, a la negociación colectiva, a las paritarias”, subrayaron los representantes de las áreas de trabajo de las provincias, que agregaron: “A este escenario de inflación descontrolada, salarios congelados, parálisis deliberada de la actividad estatal se suma la paralización de la Obra Pública y el desguace sin criterio ni razón que pueda explicarlo, de innumerables organismos estatales con la consiguiente ola de despidos o cesantías que condenan a familias enteras a la desesperación y la indigencia”.
Los funcionarios consideraron necesario que las provincias, “entidades preexistentes a la Nación”, comiencen a “accionar en conjunto en el marco de las leyes fundacionales que han regido los destinos de la Patria desde su organización”, normas que juraron “respetar al asumir” en sus cargos y que, “más allá de cualquier diferencia ideológica, se ven violadas por las referidas decisiones del poder ejecutivo nacional, tal como lo viene declarando la Justicia, no sólo en el capítulo laboral”.
Por último, en el comunicado concluyeron: “En este estado de situación, las carteras laborales provinciales firmantes nos comprometemos, en ejercicio de nuestras respectivas competencias, a trabajar coordinadamente a fin de evitar la sanción de toda norma que indique un avasallamiento de los derechos sociales y laborales reseñados que redunde en la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador, objetivo primario de la actividad política y de la función”. pública.
