El derecho al aborto en Buenos Aires ha avanzado gracias a políticas públicas que integran perspectivas feministas y derechos humanos. Desde 2019, se han implementado estrategias como capacitaciones al personal de salud, redes de apoyo, y acceso seguro a medicamentos como el misoprostol. Persisten desafíos en infraestructura y resistencias ideológicas.[Collection]
Derecho al aborto en Buenos Aires: Avances y desafíos actuales
Desde el año 2019, la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud de la provincia de Buenos Aires, liderada por Analía Rearte, ha trabajado en la construcción de políticas públicas que garantizan el acceso a interrupciones legales y voluntarias del embarazo. Este esfuerzo, basado en la integración de saberes feministas con prácticas de gestión estatal, ha marcado un antes y un después en la historia de los derechos reproductivos del país.
Un abordaje integral desde el Estado
El modelo implementado en la provincia de Buenos Aires no tiene nada de declarativo: se trata de una política efectiva que combina perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos. La estrategia tiene su eje en la Dirección Provincial de Equidad en Salud Responsable de Género, en donde las herramientas feministas han sido fundamentales para diseñar acciones concretas que robustecen el sistema sanitario en favor de los derechos de las mujeres y personas gestantes.
Uno de los grandes aciertos del equipo liderado por Rearte fue el desarrollo de un trabajo territorial amplio para garantizar el acceso al aborto. Esto incluyó la capacitación sistemática de equipos de salud, la oferta de información clara y accesible, y la creación de redes de acompañamiento que aseguran la contención en cada etapa del proceso.
El rol de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)
A partir de la sanción de la Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en diciembre de 2020, la articulación entre la normativa nacional y las políticas provinciales fortaleció la respuesta del sistema de salud bonaerense. El equipo de la Dirección Provincial de Equidad de Género implementó protocolos para estandarizar las prácticas en todos los centros de salud, con un compromiso rotundo hacia la eliminación de barreras administrativas y culturales que obstaculizan el acceso al derecho.
“El desafío principal siempre ha sido llevar lo que está en la ley a la vida real de las personas. Cada aborto garantizado desde el Estado es una reafirmación de que el derecho existe”, expresó Analía Rearte en una entrevista reciente.
En 2022 se registraron más de 20.000 interrupciones del embarazo en la provincia de Buenos Aires, realizadas en el ámbito público gracias a esta estructura sanitaria consolidada. De hecho, esta red se convirtió en un modelo a seguir para otras provincias del país que buscan replicar el enfoque.
Capacitaciones y formación del personal de salud
Uno de los pilares fundamentales del trabajo es la capacitación constante de los profesionales de salud. Tanto médicos como enfermeros y asistentes sociales han recibido formación bajo la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) y la Ley Micaela, ambas con perspectiva de género y derechos humanos.
Es destacable que más del 85% de los centros de salud públicos de la provincia están preparados para atender interrupciones del embarazo de manera segura, garantizando así que los servicios estén disponibles en zonas urbanas y rurales por igual. Rearte enfatizó que “sin equipos capacitados y sin voluntad política, sería impensable alcanzar las metas que hoy tenemos. La capacitación no solo empodera a los profesionales, sino que también humaniza las atenciones, alejándolas de prejuicios o estigmas”.
Influencia del feminismo en la gestión pública
El caso de Buenos Aires se diferencia porque incorpora de manera explícita los saberes y luchas del feminismo dentro de los mecanismos de gestión pública. Esto se traduce en una política que no solo atiende, sino que también escucha, acompaña y respeta los derechos de las personas que recurren al sistema de salud para hacer valer el derecho al aborto.
Este enfoque ha permitido que prácticas como el uso del misoprostol, un medicamento considerado seguro por la OMS para interrupciones de embarazo, se encuentren ampliamente disponibles en todo el sistema público provincial. Además, las consejerías en salud sexual y reproductiva se han configurado como espacios fundamentales para brindar información en un ambiente de confianza y apoyo.
Los desafíos que todavía persisten
A pesar de los avances significativos, persisten desafíos importantes. Uno de los mayores problemas sigue siendo la resistencia ideológica de algunos sectores, lo que en algunos casos genera demoras o complicaciones en la atención. Asimismo, la falta de infraestructura en ciertas áreas rurales representa un obstáculo en el acceso equitativo a los servicios.
Otra cuestión relevante es la necesidad de fortalecer las redes interdisciplinarias entre la salud, la educación y la justicia para asegurar un enfoque más integral en el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos. A esto se suma la necesidad de campañas masivas de comunicación que derriben mitos y desinformación, logrando que más personas accedan al derecho sin miedo o estigmas.
Finalmente, Rearte y su equipo han remarcado la urgencia de garantizar la continuidad de estas políticas más allá de los cambios administrativos o políticos. En sus palabras, “los derechos no deben quedar a merced de los vaivenes políticos; debemos consolidar bases sólidas que trasciendan sectores y coyunturas”.
Este enfoque fiel, comprometido y visionario sigue posicionando a la provincia de Buenos Aires como un ejemplo dentro del escenario nacional e internacional en la lucha por el derecho a decidir.
Fuente: Euge Murillo
