Escalada en el caso Maradona: Burlando exige la detención de la jueza Makintach si se acepta su renuncia

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, anticipó que pedirá la detención de la jueza Julieta Makintach si la Justicia acepta su renuncia en medio del escándalo que gira en torno al juicio por la muerte de Diego Maradona. La decisión judicial, que podría legitimar la salida de la magistrada antes de concluir el proceso en su contra, amenaza con tensar aún más una causa plagada de suspicacias, intervención institucional y fuego cruzado entre sectores del poder judicial bonaerense y actores mediático-políticos con intereses contrapuestos.

Burlando considera que aceptar la renuncia de Makintach sería más que un retiro administrativo: sería, en su lectura, una forma de garantizarle impunidad a una jueza señalada por haber comprometido la transparencia del juicio tras la filtración de un documental cargado de irregularidades. “No sé si le van a aceptar la renuncia así nomás. Es un tema institucional sumamente grave”, declaró el abogado, dejando en claro que su advertencia no es declarativa, sino parte de una estrategia para dejar constancia jurídica del modo en que se está diluyendo el rol de la magistrada en el proceso judicial más mediático de los últimos años en el país.

El explosivo documental difundido durante la etapa previa del juicio terminó por torpedear la frágil legitimidad de un proceso que ya tambaleaba bajo presión política, ataques cruzados y una utilización mediática sin precedentes. La jueza Makintach, que integró momentáneamente el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, había sido incorporada por sorteo para completar el cuerpo que decidiría sobre las posibles responsabilidades penales en la muerte de Maradona. Su salida repentina, tras una “licencia compulsiva” otorgada por la Suprema Corte bonaerense, dejó el juicio en un limbo legal que hoy amenaza con esterilizar meses de trabajo judicial por intermedio del silencio administrativo.

Lejos de tratarse de una jugada aislada, la renuncia “serena” de Makintach, como la calificó en su descargo, ocurre en medio de un escenario donde se barajan nuevas reglas del poder judicial tras la interacción creciente entre sectores duros del oficialismo, operadores de Comodoro Py y estudios jurídicos que ya no ocultan sus filiaciones políticas. “Sin renunciar a mi derecho de defenderme en los ámbitos que corresponden”, intentó defender su accionar Makintach, apuntando a erosionar la narrativa que la vincula con intenciones de escapar del escrutinio público antes de tiempo.

Lo que se debate en el fondo es el alcance de las reglas de juego de la Justicia bonaerense. Aceptarle la dimisión a una jueza investigada por falta de imparcialidad ante un caso de tan alto voltaje social y político no solo comprometería a la Suprema Corte provincial, sino que también blindaría a Makintach frente a un juicio político que ya cuenta con fecha confirmada. La lectura que hace Burlando —y que empieza a ganar eco en despachos judiciales y políticos— es que existe una maniobra encubierta para evitar que la magistrada rinda cuentas.

La renuncia no es menor ni sólo simbólica. Si se acepta, comprometería la posibilidad de emitir sanciones sobre su accionar, dado que quedaría fuera del radar institucional que permite llevar adelante un proceso disciplinario. En ese contexto, el anuncio de Burlando se suma a un clima de creciente tensión donde la intervención de la Corte y el Consejo de la Magistratura comienzan a convertirse en escenario de disputa política encubierta. No es coincidencia que la fecha del juicio político coincida con renovadas presiones sobre el sistema de justicia.

Makintach ya había sido retirada del caso cuando se descubrieron elementos en el documental, conocido como “Justicia Divina”, que evidenciaban posibles prejuicios o posicionamientos previos sobre su fallo. A pesar de eso, y en un movimiento llamativamente acelerado, logró presentar su dimisión antes de que avanzara su enjuiciamiento. La maniobra encendió alarmas en la oposición profesional del fuero penal bonaerense, que teme que la aceptación de este tipo de salidas sin consecuencias se convierta en regla de los casos sensible.

El nuevo tribunal sorteado para continuar el juicio aún no emitió definiciones, y el proceso se encuentra técnicamente anulado tras el apartamiento de la magistrada y la renuncia posterior. La fragilidad institucional que deja este episodio no solo compromete el esclarecimiento de la muerte de Maradona, sino que también exhibe las costuras de una justicia que todavía no encuentra el equilibrio entre el funcionamiento institucional y la presión pública en los casos con alto voltaje político y social.

El frente judicial que lidera Burlando ya dejó en claro que no permitirá una retirada silenciosa. Aseguró que presentará un pedido formal de detención si la renuncia de Makintach se oficializa, replicando el espíritu de una estrategia jurídica orientada a elevar el costo político de cualquier intento de cerrar el expediente sin salidas institucionales claras. La jugada es también política y apunta de lleno a la Suprema Corte provincial, que aparece atrapada entre sostener un cuerpo erosionado internamente o romper con el precedente que podría dejar consecuencias jurídicas graves a futuro.