Un juez había resuelto que debía seguir en prisión, donde cumple pena por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, la máxima instancia judicial revocó esa decisión y hasta reprendió al magistrado.
El Tribunal Constitucional de Perú, la máxima instancia de interpretación de la Constitución en el Poder Judicial de ese país, revocó la decisión de un juez del viernes pasado y ordenó la “libertad inmediata” del ex presidente y también ex dictador Alberto Fujimori, quien cumple pena de cárcel por delitos de lesa humanidad durante su gestión en los años 90.
En el fallo, la corte ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y al director del penal de Barbadillo, donde está detenido, que “dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori”.
Fujimori fue condenado en varias causas entre 2007 y 2015, entre ellas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su Gobierno, primero democrático y luego de facto. Su nombre se volvió intocable para la mayoría de los peruanos hasta que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski reabrió el debate público a finales de 2017 alrededor de su persona y lo que sucedió durante su gestión al decretar una amnistía total, en un acuerdo con su hijo y entonces líder del fujimorismo, Keiji, para garantizarse los votos en el Congreso y evitar una destitución.
Esta decisión reavivó el repudio popular con protestas masivas, desató una ola de renuncias en su gabinete y hasta provocó un rechazo explícito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Tres meses después y al calor de este descontento, Kuczynski no pudo sobrevivir a una segunda votación en el Congreso para destituirlo. Además, la Corte Suprema peruana -en sintonía con el clima político del momento- revirtió la amnistía.
En 2022, ya con otro clima político imperante en el país, el Tribunal Constitucional declaró procedente un habeas corpus a favor de Fujimori y restableció los efectos del llamado “indulto humanitario” de 2017. Desde entonces, el futuro del dirigente de 85 años quedó trabado en una larga disputa de recursos, resoluciones y pedidos de aclaraciones.
Ese mismo año, la CIDH había vuelto a intervenir y había ordenado al Estado peruano ignorar ese fallo y no indultar a Fujimori. Pero el Tribunal Constitucional mantuvo su postura, pese que la corte del sistema internacional de la OEA volvió a emplazar al Estado peruano hace unos días a entregar en una semana un informe sobre el estado de cumplimiento de su sentencia. Luego, el mes pasado, ampárandose en este fallo regional, el juez Fernando Vicente Fernández Tapia, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, resolvió que el ex presidente de facto debía seguir en la cárcel.
Este martes, el Tribunal Constitucional volvió a ratificar su posición y ordenó al Instituto Nacional Penitenciario su excarcelación inmediata.
Fujimori fue condenado por varios delitos cometidos por su Gobierno durante la década de los 90. Entre ellos, uno de los más graves fue la autoría mediata de la matanza de 25 personas en 1991 y 1992 cometidas por el grupo militar encubierto Colina, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992. También fue encontrado responsable del asesinato de seis campesinos en la localidad de Pativilca, en la región de Lima.
En total, fue condenado en cinco casos. En primer lugar, por usurpación de funciones públicas. La sentencia se dictó el 11 de diciembre del 2007 al probarse que había ordenado a un militar suplantar a un fiscal para allanar ilegalmente la casa de Trinidad Becerra, esposa de su ex asesor Vladimiro Montesinos y desaparecer los llamados “vladivideos”. Fue condenado a seis años de prisión.
Dos años después, llegó la causa que más conmoción causa en el movimiento de víctimas y defensores de los derechos humanos en Perú. El 7 de abril del 2009 se dictó la segunda sentencia: 25 años de prisión por el asesinato de 9 estudiantes, de un profesor de La Cantuta y de otras 15 personas, incluyendo a un niño de ocho años, en Barrios Altos. Además, se lo condenó por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario, Samuel Dyer, en abril de 1992.
Ese mismo año, 2009, también aceptó su primer cargo por un delito económico. Reconoció el delito de malversación de fondos al haberse apropiado de 15 millones de dólares de las arcas nacionales para entregarlos a su ex asesor, Vladimiro Montesinos. La Justicia le impuso 7 años y 6 meses de cárcel por este delito.
En 2015, recibió su cuarta condena relacionada a delitos de corrupción, es decir, al espionaje telefónico, pago a medios de comunicación y la compra del voto de varios congresistas. El tribunal le impuso seis años de cárcel y el pago de una reparación civil a cada víctima.
Finalmente, ese mismo año, la Cuarta Sala Penal Liquidadora lo sentenció a ocho años de prisión por otro caso económico: había desviado los fondos de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), para financiar los ‘diarios chicha’ que apoyaron su segunda reelección.
