Empresarios y provincias ante la privatización de corredores viales

El reciente decreto del Gobierno Nacional que busca avanzar con la privatización de corredores viales clave del país ha generado tanto expectativa como incertidumbre. Esta medida, que impactará de forma directa en rutas estratégicas para la articulación comercial del Mercosur, ha sido recibida con cautela por empresarios y autoridades provinciales. Aunque desde el sector privado aseguran estar abiertos a la discusión, los reclamos no han tardado en llegar, enfocándose principalmente en la necesidad de respuestas urgentes y claridad sobre los alcances del proyecto.

Corredores clave en la mira

El decreto, que aún debe ser implementado, afectará a rutas consideradas esenciales para la economía nacional e internacional, especialmente en el marco del comercio con los países del Mercosur. Se prevé que esta modificación abarque arterias viales como las rutas nacionales 9, 34 y 11, que son eje principal para el transporte de bienes y productos hacia Brasil, Uruguay y Paraguay. Estas vías representan un punto neurálgico para el flujo comercial de rubros como el agro, la industria y la energía.

En este contexto, la privatización propone un esquema de concesión que permitiría a empresas privadas tomar control de la operación, mantenimiento y modernización de los corredores viales. Como contrapartida, los concesionarios tendrían la potestad de cobrar peajes y generar ingresos mediante tarifas adicionales. Para el Estado, el objetivo es claro: atraer inversiones, mejorar la transitabilidad y actualizar la infraestructura sin recurrir a fondos públicos.

Respuestas mixtas desde el sector privado

Desde las cámaras empresariales vinculadas al transporte y la logística, la postura ha sido heterogénea, aunque prevalece la cautela. “Estamos dispuestos a apoyar iniciativas que deriven en mejores condiciones para los usuarios y operadores de las rutas. Sin embargo, aún no conocemos los detalles del modelo que se busca implementar”, señaló Marcos Castillo, presidente de la Federación Nacional de Transporte. Entre las inquietudes principales, destacan la capacidad de las empresas concesionarias para garantizar la calidad del servicio y evitar incrementos excesivos en tarifas.

Por otro lado, representantes del sector agrícola, uno de los principales usuarios de las rutas estratégicas, han planteado dudas ante posibles impactos en los costos logísticos. “La competitividad de nuestras exportaciones no debe verse afectada por un aumento irrazonable de peajes. Pedimos que el Gobierno incluya a todos los actores en la discusión final”, indicó José Luis Fernández, vocero de la Sociedad Rural Argentina.

La visión de las provincias

En tanto, los gobernadores de las provincias involucradas han adoptado posiciones cautas, aunque con matices encontrados. Provincias como Santa Fe, en cuyo territorio confluyen varias rutas afectadas por la medida, han expresado la importancia de colaborar con el Gobierno Nacional para garantizar inversiones que modernicen la infraestructura y hagan más segura la circulación. Sin embargo, exigen que las decisiones finales sean consensuadas y que las provincias tengan un rol activo en la implementación del proyecto.

“Las obras viales son fundamentales no solo por su impacto económico, sino también por razones de seguridad y conectividad. No podemos quedar afuera de estas discusiones, porque conocemos mejor que nadie las necesidades de nuestras comunidades”, sostuvo Omar Perotti, gobernador de Santa Fe. Similares pronunciamientos se han registrado desde Córdoba y Entre Ríos, donde también se registrará un impacto significativo de la medida.

Demandas y desafíos urgentes

Mientras el debate avanza, uno de los puntos más insistentes entre empresarios y funcionarios provinciales es la seguridad jurídica que debe respaldar a las concesiones. Esto incluye reglas claras sobre los plazos de los contratos, las condiciones para realizar auditorías independientes y los mecanismos para garantizar la transparencia en los procesos de licitación.

Al mismo tiempo, las asociaciones de usuarios han comenzado a cuestionar si este modelo realmente supondrá beneficios directos para quienes transitan estas rutas. “Es fundamental que los usuarios vean mejoras tangibles, como carreteras más seguras, servicios más eficientes y un mantenimiento adecuado. Eso es lo que justifica cualquier aumento en los costos”, expresó Teresa Giménez, presidenta de la Asociación de Automovilistas Consulta y Gestión.

Impacto en la integración del Mercosur

Un punto central que pone de relieve la importancia del proyecto es su implicancia para la integración del Mercosur. El buen estado y la competitividad de las rutas que conectan a la Argentina con Brasil, Uruguay y Paraguay es una prioridad estratégica para consolidar el bloque como un espacio comercial dinámico. Desde el sector exportador, advierten sobre la oportunidad que representaría una infraestructura vial modernizada, que habilite mejores tiempos de transporte y reduzca posibles interrupciones.

Sin embargo, los especialistas también advierten sobre los riesgos de que las tasas impuestas para cubrir costos de modernización afecten el atractivo comercial de las exportaciones argentinas, en un momento clave en la búsqueda de nuevos mercados internacionales.

Los plazos y el rol del Gobierno

Por ahora, el Gobierno enfrenta el desafío de definir los detalles técnicos y legales del modelo de privatización, así como los mecanismos de control que regirán los contratos. Aunque la intención de lograr una implementación gradual del proyecto se mantiene, los tiempos parecen apremiar, en particular debido a la presión ejercida por los sectores afectados.

Desde Casa Rosada, se ha subrayado que la medida no busca desentender al Estado, sino generar condiciones más favorables para atraer inversiones que permitan resolver problemas estructurales históricos. Sin embargo, el nivel de éxito del proyecto dependerá en buena medida de cómo se diriman las inquietudes planteadas por empresarios y provincias.