La inacción del LADWP y la falta de mantenimiento en infraestructuras eléctricas han sido señaladas como factores clave en incendios devastadores en Los Ángeles. Expertos, reguladores y comunidades exigen medidas preventivas urgentes, mientras los daños humanos y materiales exponen fallos graves en la gestión eléctrica y la responsabilidad institucional.[Collection]
Falta de medidas preventivas ante incendios en Los Ángeles
Un creciente número de expertos y reguladores ha señalado la inacción de la mayor empresa municipal de servicios públicos de Estados Unidos, Los Angeles Department of Water and Power (LADWP), como un factor potencial que pudo haber exacerbado los recientes incendios devastadores ocurridos en California. La falta de medidas preventivas eficaces y de mantenimiento en las infraestructuras eléctricas de la compañía ha generado una ola de interrogantes sobre su responsabilidad en la crisis que afecta a miles de residentes.
Fallas en infraestructuras críticas y su papel en la propagación del fuego
De acuerdo con un informe preliminar presentado por la California Public Utilities Commission (CPUC), las investigaciones apuntan a que equipos eléctricos deteriorados y sin el mantenimiento adecuado pudieron haberse convertido en el origen de varios incendios importantes en la región sur del estado. Este organismo regulador sostuvo que la falta de inspección y reparación de líneas eléctricas, especialmente en zonas de alto riesgo, incrementa notablemente las probabilidades de que las chispas generen incendios forestales.
“Los incendios recientes dejaron claro que el mantenimiento preventivo en líneas eléctricas debe ser una prioridad. Cualquier descuido en este frente puede tener consecuencias catastróficas”, declaró Laura Dougherty, vocera de la CPUC, quien enfatizó la necesidad de reformar las políticas de supervisión del sistema eléctrico en todo el estado.
LADWP, en la mira de los reguladores
El LADWP, una de las empresas de energía más grandes y antiguas de Estados Unidos, enfrenta ahora severas críticas por parte de organizaciones de seguridad pública y expertos en manejo de crisis ambientales. Según documentos internos obtenidos recientemente, la empresa había sido advertida en varias oportunidades sobre los riesgos asociados con la falta de modernización de sus infraestructuras. Sin embargo, parece no haberse implementado un plan integral para mitigar posibles incidentes.
La profesora Elena García, especialista en gestión de emergencias de la Universidad del Sur de California, señaló que las entidades públicas de servicios eléctricos como LADWP tienen una responsabilidad crucial para minimizar el impacto de eventos como los incendios forestales. “El problema no radica únicamente en los incendios. Se trata de la resistencia de las comunidades frente a estos desastres, y una parte clave de esa resistencia está directamente relacionada con las acciones preventivas de las empresas de servicios públicos”, comentó García.
Reclamos de la comunidad afectada
Los residentes de zonas afectadas han manifestado su enojo. En especial, los ciudadanos de barrios ubicados en el Valle de San Fernando y las colinas cercanas a Topanga afirman que los incendios de finales de 2024 podrían haberse evitado o, al menos, contenido con acciones más enérgicas por parte de las autoridades municipales y la empresa suministradora de energía. “Perdimos nuestra casa y casi no logramos evacuar a tiempo”, relató Cindy Velasco, residente del área, quien agregó que en varias ocasiones se habían reportado cables en mal estado cerca de su vecindario.
Las críticas apuntan no solo al LADWP, sino al Ayuntamiento de Los Ángeles por no ejercer una supervisión más rigurosa. “Los líderes locales han priorizado otros temas en lugar de enfocarse en la mejora de las redes eléctricas. Esta negligencia no puede seguir siendo tolerada mientras familias ven sus vidas destruidas”, señaló Josh Claremont, miembro de una organización de víctimas de incendios forestales.
Precedentes preocupantes y fallos en la prevención
En los últimos cinco años, el estado de California ha registrado algunos de los incendios más destructivos de su historia, siendo el más emblemático el Camp Fire de 2018, que devastó casi por completo la ciudad de Paradise. En varios de estos desastres, la propagación del fuego se atribuyó a problemas eléctricos como chispas provenientes de cables de alta tensión. Este patrón ha despertado inquietudes sobre la falta de aprendizaje institucional a medida que los incendios se vuelven más recurrentes debido al cambio climático.
La CPUC ya había impuesto sanciones a otras empresas privadas como Pacific Gas & Electric (PG&E) por situaciones similares en años anteriores, y algunos especialistas advierten que LADWP podría enfrentar acciones legales y multas significativas si se confirma su negligencia en relación con las recientes crisis. “No importa si la empresa es pública o privada. Las responsabilidades son las mismas, y los ciudadanos tienen derecho a exigir medidas de seguridad efectivas”, destacó el abogado ambientalista Kenneth Mitchell.
Presiones hacia un cambio legislativo
A medida que la comunidad exige explicaciones y acciones, grupos de activistas y legisladores locales han presionado en favor de una legislación que obligue a todas las empresas de servicios públicos, incluidas las públicas, a adherirse a estándares más estrictos de seguridad eléctrica y gestión ambiental. “Debe haber más transparencia y rendición de cuentas para garantizar que tragedias de esta magnitud no sean algo recurrente”, afirmó la asambleísta estadual Lisa Valenzuela.
El Ayuntamiento de Los Ángeles emitió un comunicado indicando que se encuentran analizando las quejas y revisando los protocolos de seguridad del LADWP. No obstante, hasta el momento, no se han anunciado medidas decisivas que apunten a abordar las fallas señaladas. Esto ha generado frustración entre los líderes comunitarios, quienes argumentan que la lentitud burocrática continúa dejando a la población en una posición vulnerable.
Un panorama complejo e incierto
Mientras tanto, el impacto de los incendios sigue reflejando una tragedia monumental. Solo en el incendio más reciente, denominado “Crestwood Fire”, se quemaron más de 35,000 hectáreas de bosque y más de 300 viviendas se vieron afectadas en las primeras semanas de diciembre de 2024. Los costos financieros y humanos son incalculables, y las comunidades desplazadas se enfrentan ahora a largos procesos de recuperación mientras exigen respuestas a las instituciones responsables del suministro eléctrico y la seguridad pública.
Los próximos meses serán clave para determinar si las investigaciones conducirán a cambios reales en los procedimientos de las empresas de servicios públicos como LADWP. Sin embargo, las voces afectadas claman porque el tiempo de las excusas termine y dé paso a una verdadera acción preventiva que priorice el bienestar de los ciudadanos sobre cualquier consideración presupuestaria o política.
Fuente de la información: Rossana Marín
