El Gobierno privatiza Enarsa y acelera la venta de su control en Transener

El Gobierno argentino ha formalizado la privatización total de Energía Argentina S.A. (Enarsa), vendiendo su participación en Citelec, que controla Transener, responsable del 85% de la transmisión eléctrica. Esta estrategia busca reducir el gasto público y atraer inversores, sin privilegios para empleados o accionistas previos.

El proceso se realizará mediante un concurso público, con un mínimo esperado de 200 millones de dólares. La normativa permite dividir las 15 unidades de negocio de Enarsa para una venta escalonada. La estabilidad tarifaria podría aumentar el interés de inversores locales e internacionales, mientras el desafío político crece ante resistencias y judicializaciones.

El Gobierno acelera la privatización de Enarsa: pone en venta el control de la principal transportadora eléctrica

En una jugada que reordena el tablero energético argentino, el Ejecutivo formalizó la privatización total de Energía Argentina S.A. (Enarsa) y puso en venta su participación en Citelec, la empresa que controla Transener, responsable del 85% de la transmisión eléctrica del país. La decisión, plasmada en el Decreto 286/2025, marca el inicio de un agresivo plan de desinversión estatal, con la mira en reducir el gasto público y atraer capital privado.

La venta se realizará mediante un concurso público, nacional e internacional, con precio base ya bajo estudio. El Gobierno no planea repetir viejas experiencias: no habrá programa de propiedad participada para empleados ni prioridad para provincias o actuales accionistas como Pampa Energía. La consigna es clara: eficiencia, menores cargas fiscales y apertura a inversores estratégicos, sin favoritismos ni el romanticismo de los ’90.

La acción del oficialismo no es improvisada. Citelec controla el 52,65% de Transener, incluyendo todas las acciones Clase A, lo que garantiza el control operativo de más de 14 mil kilómetros de líneas de alta tensión. En un contexto donde el Gobierno pretende culminar este proceso antes de fin de año, el activo cobra relevancia tanto por su rol sistémico como por su rentabilidad futura, especialmente tras la inminente revisión quinquenal de tarifas que podría mejorar aún más su valuación.

El número que circula en despachos oficiales no es menor: esperan al menos unos 200 millones de dólares por la venta, aunque admiten puertas adentro que una macroeconomía estable podría inflar ese piso. Enarsa, una compañía que el año pasado absorbió más de $1,23 billones en transferencias públicas, es vista como un símbolo de ineficiencia que la administración de Javier Milei quiere dejar atrás.

La privatización de Citelec es apenas la primera ficha de un dominó más ambicioso. Enarsa tiene 15 unidades de negocio, y el plan oficial contempla dividirlas para venderlas de manera escalonada, adaptándose a las complejidades legales y operativas de cada activo. El Ministerio de Economía, junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, lleva las riendas de la operación y se asegura de delimitar el terreno de juego: las limitaciones a la integración vertical del sector eléctrico siguen vigentes. Ninguna generadora podrá controlar, por sí sola, el transporte eléctrico nacional.

Entre los antecedentes que apuran los tiempos está la inclusión de Transener en el listado de empresas sujetas a privatización que surgió de la Ley de Bases, la normativa estratégica que el Gobierno utiliza como ancla de su plan de reformas. Según fuentes con acceso a la hoja de ruta oficial, existía presión de sectores inversores interesados en la transportista desde incluso antes de que se publique el decreto, lo que sugiere que habrá competencia dura en la licitación.

Las internas entre privados también comienzan a jugar su propia partida. Pampa Energía, que posee el restante 47% de Citelec, no tendrá trato diferencial, algo que en el mercado algunos califican como una señal de transparencia, pero otros miran con recelo ante el riesgo de disputas legales post-licitación. Mientras tanto, se teje en voz baja un mapa de potenciales interesados que incluye fondos de infraestructura internacionales, players energéticos brasileños y capitales locales convencidos de que la estabilidad tarifaria brindará un horizonte atractivo.

La privatización de activos energéticos es apenas una parte del nuevo modelo que impulsa la administración Milei. El plan incluye también a Intercargo, Aysa, Sofse, Belgrano Cargas y Corredores Viales, entre otras firmas, en diversos grados de apertura. Con cada venta, el Gobierno busca financiarse, pero también cimentar un cambio de paradigma: el Estado, sostienen en Balcarce 50, debe salir del medio allí donde no sea indispensable. Aunque la hoja de ruta suena prolija, el desafío político será enorme: resistencias sindicales, judicializaciones y cuestionamientos desde sectores de la oposición ya preocupan a algunos ministros, conscientes de los obstáculos que podría enfrentar el avance del cronograma.

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