Paros en hospitales, aeropuertos, embajadas y consulados y hasta McDonalds. Se multiplican las protestas. El premier enfrenta presiones tanto para suspender como para mantener su reforma judicial.
La férrea defensa del Gobierno de Benjamin Netanyahu a una reforma judicial cuestionada por millones de israelíes hace más de tres meses mantiene en vilo al país con múltiples huelgas en sectores clave y masivas protestas convocadas por las centrales sindicales. Hospitales, aeropuertos y hasta sedes diplomáticas y los McDonalds están afectados por el llamado a un paro general en rechazo a la remoción del ministro de Defensa que había llamado a suspender el debate legislativo de la reforma. Presionado tanto por quienes se sumaron a ese pedido como por los que se niegan a abandonar el proyecto de ley, el primer ministro se debate sobre qué paso tomar. Mientras tanto, llamó esta mañana a la calma a los manifestantes, “tanto de derecha como de izquierda”.
El paro afectaba este lunes los vuelos en el aeropuerto internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, según dijo la vocera de la autoridad aeroportuaria de ese país, Liza Dvir. También el Colegio de Médicos anunció rápidamente una “huelga total en el sistema sanitario”, que impactará en los hospitales públicos. Y Arnon Bar-David, el jefe de la gran central sindical de Israel -Histadrut-, se sumó a la presión y llamó a un paro general inmediato. “Tenemos la misión de detener este proceso legislativo, y lo haremos”, disparó el dirigente sindical en un mensaje difundido por televisión.
La convocatoria al paro -iniciada por las universidades- y el llamado del presidente Isaac Herzog a dar un paso atrás con la reforma llegaron después de las multitudinarias manifestaciones que se realizaron el domingo por la noche en todo el país luego que Netanyahu echara a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por pedir una pausa de un mes en el proceso legislativo de aprobación de la reforma.
Este lunes, ante una escalada de tensión popular poco común en Israel, el presidente Herzog aseguró: “Toda la nación está profundamente preocupada. Nuestra seguridad, nuestra economía y nuestra sociedad están amenazadas. En nombre de la unidad del pueblo de Israel (…) los llamó a detener inmediatamente el proceso legislativo”.
En ese contexto y luego que el domingo renunciara el cónsul general israelí en Nueva York, la Embajada de Israel en Estados Unidos, amaneció cerrada al público. En un mensaje en Twitter, el portavoz de la embajada, Elad Strohmayer, dijo que la sede diplomática iba a permanecer clausurada este lunes hasta “nuevo aviso”, por lo que no iba a proporcionar servicios consulares. De acuerdo al vocero, el llamado al paro de Histadrut abarca también a todos los empleados gubernamentales, incluidas las misiones diplomáticas alrededor del mundo.
Frente a esta oposición masiva, el primer ministro israelí pidió a los manifestantes “tanto de derecha como de izquierda” no actuar con violencia en las protestas que crecen en Jerusalén, mientras el país aguarda su intervención pública en la que se espera que anuncie la suspensión temporal de la reforma judicial. “Hago un llamamiento a todos los manifestantes de Jerusalén, tanto de derecha como de izquierda, para que se comporten con responsabilidad y no actúen con violencia. Todos somos hermanos”, señaló el primer ministro en un comunicado difundido por su partido Likud.
El temor a un enfrentamiento violento en las calles crece con cada hora que pasa. Al mismo tiempo que decenas de miles de israelíes salieron a las calles para protestar en contra de la reforma judicial, grupos de extrema derecha y simpatizantes del Gobierno anunciaron contramanifestaciones y hasta amenazaron con reaccionar con ataques. Algunos de estos grupos, como el ultraderechista La Familia, es conocido por actuar con violencia, por lo que la policía desplegó agentes adicionales para evitar incidentes, sobre todo en Jerusalén, donde en estos momentos ya se desarrolla una protesta masiva frente a la Knéset (Parlamento israelí) para exigir el fin de la reforma.
Entre los principales cambios que propone el proyecto de reforma oficialista se destaca limitar el poder de la Corte Suprema para fallar contra una decisión de los poderes Ejecutivo o Legislativo. Según este artículo, el congreso israelí podría anular una decisión del máximo tribunal del país solo con una mayoría simple de 61 de los 120 diputados, es decir, la misma cantidad que necesita un Gobierno para poder asumir.
Otra modificación propuesta es que la Corte Suprema no pueda revisar la legalidad de las llamadas Leyes Básicas de Israel, un conjunto de normas que forman un marco legal similar al de una Constitución. Finalmente, la reforma, que sin dudas tiene en la mira al máximo tribunal, cambia la forma en que los magistrados que la integran son elegidos. Actualmente los políticos y jueces que participan de los paneles que los designan deben ponerse de acuerdo. La idea es que los políticos -y en consecuencia el Gobierno- tengan más peso en la decisión.
