EE.UU. ordena pagar con acciones: el Gobierno apela mientras el fondo Burford busca negociar el fallo por la expropiación de YPF

El fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo por la expropiación de YPF, está dispuesto a sentarse a la mesa con el Gobierno argentino para delinear un plan de pagos que incluya bonos y plazos más largos. La oferta, aunque informal, encuentra al oficialismo en una encrucijada judicial y financiera tras la sentencia de la jueza Loretta Preska, que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de la petrolera en un plazo de 14 días.

La Casa Rosada confirmó que apelará el fallo en tribunales estadounidenses, pero esa decisión toca los límites de lo simbólico: las vías legales ya se estrechan luego de dos resoluciones adversas. En paralelo, la opción de pago en efectivo es descartada de plano. El Estado argentino carece de fondos para afrontar ese compromiso monumental que se estima en US$ 16.000 millones, más US$ 2 millones diarios de intereses. El impacto ya se refleja en los mercados, donde las acciones de YPF cayeron abruptamente y arrastraron al resto del Merval.

Consciente de que el cumplimiento inmediato del fallo podría significar la pérdida de control sobre YPF, el Ejecutivo baraja estrategias jurídicas para evitar o demorar la ejecución. Pero al mismo tiempo, los actores del mundo financiero conocen el contexto: la Argentina no tiene margen fiscal, tampoco político, para avanzar sin consecuencias sobre una compañía considerada emblema de la soberanía energética.

Detrás del reclamo jurídico se esconde un despliegue político de altos vuelos. Burford no actúa como un fondo buitre cualquiera: su negocio no es comprar deuda impaga sino adquirir derechos de litigio. En este caso, compró la posición del Grupo Petersen cuando la justicia española, en 2015, puso en subasta los activos tras la quiebra. Petersen, accionista de YPF con un 25%, había apostado todo a pagar su inversión con los dividendos de la petrolera. Pero la reestatización de 2012, impulsada por el kirchnerismo, congeló esa expectativa y desató una reacción en cadena que terminó en estrados judiciales internacionales.

La clave del fallo no es una mirada sobre la soberanía de los recursos o el derecho a expropiar, sino el incumplimiento de normas comerciales contractuales. El gobierno argentino, al expropiar sin lanzar una Oferta Pública de Adquisición, violó el estatuto societario de YPF, diseñado bajo las reglas de Wall Street desde la privatización de 1993. Fue ese estatuto —y no una decisión política en abstracto— el que dio fundamento legal al reclamo de Petersen y, por extensión, al de Eton Park, otro fondo que invertía en la empresa y que también fue financiado por Burford en su pleito.

El litigio lleva ya casi una década y se transformó en un símbolo de los costos del péndulo económico argentino. La sentencia final de Preska marca un punto de inflexión, no solo por el monto —comparable al último desembolso del FMI— sino por la modalidad del fallo: el pago con acciones implica una cesión directa de activos estratégicos. La presión crece en Casa Rosada, donde no solo se evalúa la apelación sino también las responsabilidades administrativas de un eventual acuerdo. Firmar un nuevo plan de pagos implica asumir compromisos judiciales futuros. No todos los funcionarios estarían dispuestos a cargar con ese costo personal.

Más allá de lo inmediato, lo que queda expuesto es una Argentina atrapada entre el discurso soberanista de la reestatización y las lógicas contractuales del capital internacional. En este contexto, la administración de Javier Milei —que repudia públicamente la estatización de 2012— enfrenta el desafío de no ceder el control operativo de una empresa emblema sin abrir flancos internos. Las alternativas no son muchas: negociar, pagar en especie o prolongar una batalla judicial con resultados inciertos.

En los círculos legales internacionales, la reputación de la Argentina como país litigante vuelve a quedar en entredicho. La cifra de juicios ronda los 264.000 procesos, con un stock de reclamos determinados que ya superan los US$ 12.000 millones. Ese inventario, según especialistas del sector, retrasa inversiones, impide financiamiento y aleja cualquier horizonte económico serio. Algunos de estos conflictos se tramitan en el CIADI, donde ya hay antecedentes similares por estatizaciones o incumplimiento de cláusulas contractuales por parte del Estado argentino.

El contexto tampoco ayuda. La economía local está completamente endeudada, sin acceso a mercados de capitales y con una recesión persistente. Frente a eso, la cesión del 51% de YPF se vuelve una combinación tóxica: simbólicamente devastadora, comercialmente desastrosa y políticamente explosiva. En definitiva, lo que se juega no es solo la tenencia de unas acciones sino el grado de previsibilidad jurídica que la Argentina puede ofrecer a inversores externos a futuro.

Mientras tanto, Burford juega su carta de apertura: negociar. Su propuesta, que implica canjear el fallo por un portafolio de bonos y un cronograma extendido, tiene lógica financiera, pero necesita voluntad política del otro lado. En Balcarce 50 saben que postergar no es gratis. Pero tampoco pagar.