La Justicia se encamina a liberar a Alexia Abaigar mientras crece la tensión política y judicial

A pocos días de que se le concediera el arresto domiciliario, la Cámara Federal de San Martín evalúa los fundamentos para ordenar la liberación definitiva de Alexia Abaigar, funcionaria detenida por su presunta participación en un escrache frente a la casa del diputado liberal José Luis Espert. La decisión se encuentra ahora en manos de los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones, que ya estarían trabajando en una resolución que apunte a confirmar la desproporcionalidad de la prisión preventiva dictada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

La presión política sobre el caso escaló rápidamente y el control del relato está en disputa. Mientras algunos sectores del oficialismo en el Congreso solicitaron el juicio político contra la jueza, aduciendo mal desempeño, en el ámbito judicial hay un creciente consenso sobre el exceso en la decisión original. Las fuentes coinciden: no hay elementos sólidos que justifiquen una prisión preventiva para Abaigar, especialmente considerando su diagnóstico médico de linfangioleiomiomatosis, una enfermedad pulmonar rara con altas exigencias de condiciones sanitarias.

Abaigar fue arrestada hace una semana por orden de Arroyo Salgado y enviada luego al penal de Ezeiza. Esta decisión sacudió al sistema judicial, generando un malestar que no se limitó a la dirigencia política. Magistrados y operadores judiciales –incluso algunos cercanos a la jueza– manifestaron asombro por las medidas adoptadas en un caso de supuesta protesta política sin consecuencias graves. En simultáneo, el fiscal de Cámara fue convocado para dictaminar, mientras los jueces analizaban un borrador que –según trascendió– apuntaría a la inmediata excarcelación bajo el argumento de que la causa no justifica una privación de la libertad.

El traslado de Abaigar desde Ezeiza a su domicilio se dio en la noche del viernes, luego de que Arroyo Salgado firmara una resolución de 24 páginas en la que justificó su cambio de criterio basado en informes médicos y un dictamen del Cuerpo Médico Forense. El parte forense advertía que las condiciones carcelarias no eran compatibles con el tratamiento inmunosupresor que la funcionaria podría requerir. En esa misma línea, el equipo legal del diputado Espert –que actúa como querellante– incluso avaló el beneficio de la domiciliaria.

Detrás de la aparente cuestión sanitaria, se mueve sin embargo un tablero judicial mucho más amplio. La presentación contra la jueza en el Consejo de la Magistratura por parte del senador Mariano Recalde y la diputada Vanesa Siley desencadenó una nueva etapa en la tensión entre los poderes del Estado. Ambos legisladores cargaron contra el despliegue represivo de la magistrada, al considerar exagerada la reacción estatal ante un escrache callejero que consistió, según la investigación, en el despliegue de un pasacalle y el vertido de excremento en la vereda del legislador libertario. “No es razonable mantener incomunicadas a personas en un penal federal por hechos semejantes”, cuestionaron en su denuncia.

En paralelo, se conoció la excarcelación de tres de los siete detenidos en la misma causa: Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes fueron liberados, lo que refuerza la hipótesis dentro de Comodoro Py de que se trata de un caso con fuerte sobreactuación judicial. La negativa de Arroyo Salgado a extender esa medida a Eva Mieri, concejala del PJ de Quilmes, también fue interpretada como una utilización selectiva del aparato judicial frente a dirigentes opositores.

En ese contexto, todo indica que el proceso judicial se encamina a su desenlace más obvio: la liberación de Abaigar y un fallido intento de mostrar –por parte de algunos jueces– una firmeza ejemplificadora en tiempos de efervescencia política. Sin una acusación firme ni pruebas contundentes que sostengan la figura penal que se buscó aplicar, lo que queda en el centro del escenario es una discusión incómoda, que pone en jaque la lógica de administración de Justicia frente a los hechos de protesta política.

Más allá de discursos y tecnicismos procesales, lo que está en juego es el equilibrio entre el derecho a la protesta, las garantías constitucionales y los límites al poder punitivo. En un país donde la judicialización de la política sigue siendo un arma de doble filo, el caso Abaigar pasará a engrosar la lista de episodios en los que el aparato judicial cruzó la frontera de lo razonable, configurando un escenario en el que la revocación de las medidas adoptadas exhibe no sólo la fragilidad del caso, sino la necesidad urgente de revisar la coherencia equilibrada del sistema penal frente a situaciones sin violencia ni riesgo institucional real.