El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que la medida “sobrepasa un límite” y puso en duda la legalidad de su aplicación.
El protocolo antipiquete que presentó días atrás la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, no se aplicará en la provincia de Buenos Aires. Así lo afirmó el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco: “No nos han solicitado que apliquemos el protocolo, y no vamos a aplicar el protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones, creo que criminaliza la protesta”. El funcionario detalló que “las protestas tienen que ser con cierto orden, pero lo que han hecho sobrepasa un límite que hemos tenido en todos estos años de democracia”.
Las declaraciones del funcionario que es uno de los dirigentes de mayor confianza del gobernador Axel Kicillof, se dieron en la previa de la primera marcha – con el protocolo vigente – que realizará la Unidad Piquetera este miércoles al mediodía. Además, Bianco dijo que “ninguno hace una protesta si no tiene una necesidad, obviamente después hay muchas cuestiones para discutir”. En ese sentido, puso en duda la legalidad de su aplicación: “Recién escuchaba cuestiones de reconocimiento facial que hay que ver si están validadas en el marco de la normativa legal. Son cosas que habrá que analizar”.
En diálogo con Radio La Red, destacó: “Nadie quiere una situación de violencia, de desmanes y de caos, por eso vamos a trabajar en la provincia para que no se produzcan ninguna de estas situaciones”. Finalmente, el ministro bonaerense se opuso a que les quiten los planes sociales a quienes protestan “en tanto y en cuanto cumplan con sus obligaciones”. “Me parece una cuestión persecutoria. Nosotros, juntos con los municipios y las cooperativas, siempre trabajamos para que estos programas reciban lo que corresponda. Esa es nuestra posición”, cerró Bianco.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la única funcionaria del gabinete que según Javier Milei tiene “la billetera abierta” en medio del masivo ajuste que impulsa el Gobierno, ratificó la amenaza del mandatario contra todos los que corten calles, repitió el único anuncio en materia de ingresos que hizo la semana pasada el titular de Economía, Luis Caputo, sobre el aumento de la AUH y la tarjeta Alimentar; y solo hizo dos anuncios con un único objetivo: los movimientos sociales.
“Auditaremos a todas las organizaciones que entreguen planes sociales eliminando la intermediación. A los beneficiarios de planes sociales: sepan que nadie puede obligarlos a ir a una marcha bajo amenaza de quitarles el plan. Vamos a eliminar los certificados de presencialidad que tienen las organizaciones sociales”, aseguró la ministra en un breve mensaje difundido en YouTube.
Pettovello dedicó la mayoría de su breve mensaje a ratificar la principal amenaza de Milei frente a la protesta social. “Manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo. Los que promuevan, instiguen, organicen o participen de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano”, sostuvo, de manera tajante, solo dos días antes de que se realice la primera marcha de organizaciones piqueteras contra las políticas de ajuste del Gobierno.
A través de la Resolución 943/2023 se plantea que desde la cartera de Seguridad van a hacer tareas de Inteligencia sobre los manifestantes, una decisión que viola la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520). En los artículos 6 y 12 de la misma, se anuncia que la Secretaría de Seguridad y Política Criminal creará un registro de las organizaciones que participan de las manifestaciones y que podrán identificar a los “autores, cómplices e instigadores, mediante filmaciones y otros medios digitales o manuales, con registro prioritario de los datos de sus líderes y organización con la cual se vinculan”.
La medida fue publicada el 15 de diciembre en el Boletín Oficial y ya entró en vigencia. En los considerandos, indican que las modificaciones y aclaraciones se realizan ante “la urgencia de la situación, así como la confusión introducida” durante mucho tiempo “por las autoridades frente al desorden en la vía pública”.
Desde la cartera liderada por Patricia Bullrich explican que entienden como “desorden en la vía pública” a: los “impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación debe entenderse cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeren, para la circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas, o que estorbaren el tránsito ferroviario, aun cuando no crearen una situación de peligro, o que impidieren el ingreso de personas a lugares públicos o empresas. No se tomará en cuenta, a tales efectos, el hecho de que los perjudicados tuvieren otras vías alternativas de circulación”.
