La estabilidad macroeconómica puede ser un punto de partida, pero no constituye por sí sola una estrategia de desarrollo. Con actividad e industria debilitadas frente a exportaciones dinámicas, el debate que empieza a imponerse es otro: cómo transformar los dólares, la disciplina fiscal y la inversión en producción nacional, empleo, distribución y federalismo.
La imagen es atractiva: dejar de derribar lo construido cada cuatro años y empezar, por fin, a colocar un ladrillo sobre otro. El empresariado reunido en Mar del Plata vuelve sobre una vieja frustración argentina, esa incapacidad casi crónica para sostener políticas más allá de un gobierno, una crisis o una elección. En París, mientras tanto, la Casa Rosada conversa con inversores y gobernadores tratando de mostrar una Argentina previsible, capaz de ofrecer reglas que duren más que una coyuntura.
Las dos escenas tienen sentido. Ningún país se desarrolla empezando permanentemente desde cero. Pero también conviene evitar una simplificación: la estabilidad no es todavía desarrollo y, mucho menos, una política productiva.
Una pared puede levantarse durante veinte años y terminar siendo sólida. Pero antes habrá que acordar qué edificio queremos construir, quiénes vivirán adentro y cómo se distribuirán sus habitaciones. Ahí aparece el verdadero debate económico que muchas veces queda escondido detrás del superávit, la inflación o el riesgo país.
El Gobierno convirtió el “equilibrio fiscal” en la columna vertebral de su programa. Después de décadas de desorden presupuestario, no es un objetivo menor. Gastar sistemáticamente más de lo que se recauda, financiar desequilibrios con emisión y vivir refinanciando urgencias terminó destruyendo moneda, ahorro y previsibilidad. Sería absurdo negar esa experiencia.
Sin embargo, también sería ingenuo transformar cualquier superávit en prueba automática de buena salud económica. Los números fiscales deben leerse con mayor profundidad. El resultado que se comunica mensualmente se calcula sobre base caja, es decir, registra el gasto cuando efectivamente se paga. Eso obliga a mirar qué ocurre detrás de la cifra: cuánto gasto fue realmente eliminado, cuánto fue postergado, cuánto corresponde a inversión que dejó de hacerse y cuánto surge de obligaciones que todavía esperan pago.
Durante el año incluso aparecieron alertas por el crecimiento de deuda flotante, aunque posteriormente parte de esos atrasos comenzó a normalizarse. A ello se suman decisiones recurrentes de postergar actualizaciones tributarias, como volvió a ocurrir con los impuestos sobre los combustibles. No son detalles contables. Revelan que la política fiscal argentina continúa administrándose también mediante tiempos, diferimientos y decisiones discrecionales.
Por eso resultaría más útil y sano hablar de calidad fiscal y eso es mas elocuente que simplemente superávit.
Un equilibrio construido sobre una economía que produce más, recauda más y emplea más personas tiene una consistencia. Otro sostenido principalmente mediante compresión del gasto, menor inversión pública y postergación de obligaciones puede mostrar el mismo signo positivo en una planilla, pero descansa sobre una estructura mucho más vulnerable. La economía real empieza a mostrar precisamente esa fragilidad.
Argentina exporta más y obtiene mejores resultados externos. Agro, energía, minería y algunos complejos vinculados a recursos naturales tienen capacidad genuina para generar divisas y ofrecen oportunidades que sería irresponsable despreciar. Vaca Muerta, litio, minería, alimentos y determinadas actividades tecnológicas pueden convertirse en motores extraordinarios.
El problema comienza cuando esos motores aceleran mientras buena parte del vehículo permanece detenido. La industria manufacturera retrocede, el comercio siente la caída del consumo, las ventas de supermercados pierden volumen y el empleo formal no logra transformarse en el gran organizador social de una nueva etapa. La economía puede acumular dólares por exportaciones mientras el mercado interno pierde densidad. No hay contradicción estadística en eso. Hay una contradicción política.
Y hay, sobre todo, una discusión productiva. Argentina enfrentó producción y estabilidad como si fueran alternativas. De un lado aparecían quienes prometían crecimiento mediante demanda y gasto aun cuando faltaban dólares, productividad y equilibrio macroeconómico. Del otro, quienes suponían que bastaba con ordenar precios relativos y cuentas públicas para que la inversión apareciera espontáneamente.
Las dos simplificaciones terminaron mostrando sus límites. Una estrategia sostenible necesita estabilidad macroeconómica, pero también necesita definir qué sectores productivos quiere desarrollar, qué infraestructura requiere, qué entramado de proveedores puede construir, cómo integra las pymes, cómo forma trabajadores, cómo incorpora tecnología y cómo utiliza los recursos naturales para subir escalones en la cadena de valor.
Exportar litio no es lo mismo que desarrollar una economía alrededor del litio. Extraer gas no equivale automáticamente a construir una plataforma industrial energética. Producir alimentos tampoco garantiza por sí mismo una red de innovación, maquinaria, biotecnología y empleo calificado. Entre extraer y desarrollar existe una enorme distancia. Esa distancia se llama política productiva.
Y después aparece una segunda cuestión que no debería tratarse como un capítulo social agregado al final del programa económico: la distribución.
Una economía que produce pero concentra excesivamente sus frutos termina debilitando su propia capacidad de crecer. Los salarios no son solamente un costo empresario; son también demanda. Las pymes no son únicamente unidades tributarias; forman redes productivas y territoriales. Las jubilaciones y los ingresos familiares no son solo gasto público o privado; sostienen comercios, servicios y economías locales.
Distribuir no significa repartir irresponsablemente aquello que no existe. Significa organizar las condiciones para que el crecimiento tenga suficiente capilaridad social como para alimentar su propia continuidad. Sin distribución, el mercado interno se estrecha. Si se estrecha demasiado, muchas empresas dejan de invertir porque no encuentran compradores. Y cuando desaparecen empresas, empleos y consumidores, la disciplina fiscal puede terminar protegiendo una economía cada vez más pequeña.
Ese círculo merece mucha más atención que la discusión superficial entre ajuste y populismo.
Los gobernadores parecen asumirlo desde otro ángulo. Su presencia junto al Gobierno en reuniones internacionales no implica necesariamente adhesión ideológica. Las provincias necesitan inversión, infraestructura, recursos, financiamiento y previsibilidad. También necesitan mantener interlocución con la Nación porque la Argentina real requiere ser profundamente federal. Por eso acompañan y negocian.
No es extraño ni necesariamente reprochable. Gobernar una provincia significa asegurar rutas, hospitales, escuelas, energía, empleo y actividad económica. El problema aparece si el federalismo queda reducido a intercambiar votos legislativos por transferencias coyunturales. Argentina necesita algo bastante más serio: un acuerdo federal productivo.
¿Qué produce cada región? ¿Cómo se conecta? ¿Qué infraestructura necesita? ¿Cómo se transporta esa producción? ¿Qué universidades y centros tecnológicos acompañan cada especialización? ¿Cómo se distribuyen los beneficios de la minería, el petróleo, la agroindustria y la energía? ¿Qué parte queda en el territorio y qué parte se concentra lejos de donde se genera? Allí “ladrillo sobre ladrillo” adquiriría otra dimensión.
No se trata simplemente de conservar las reformas de este Gobierno durante veinte años. Se trata de alcanzar acuerdos suficientemente sólidos para que un futuro gobierno pueda modificarlas y/o mejorarlas sin volver a empezar desde los escombros.
Pero ese consenso no puede limitarse a la cuestión fiscal. Necesita producción, distribución, educación, ciencia y tecnología, infraestructura, federalismo y fundamentalmente movilidad social.
De lo contrario, se corre el riesgo de confundir estabilidad con quietud.
Los últimos datos económicos deberían encender una luz amarilla. La inflación consiguió niveles menores pero la actividad perdió impulso. La industria retrocedió, el comercio permanece debilitado, la pobreza volvió a subir y el desempleo aumentó. Mientras tanto, el frente exportador conserva un dinamismo considerable.
Ese contraste dibuja una Argentina que puede ingresar dólares sin conseguir todavía que ese flujo reconstruya de manera suficiente su tejido productivo y social.
No hace falta negar la importancia de las exportaciones para advertir el problema. Todo lo contrario: precisamente porque los recursos externos constituyen una oportunidad extraordinaria, vale discutir qué haremos con ellos. El desarrollo comienza cuando los dólares de Vaca Muerta financian proveedores, formación técnica, infraestructura y nuevas industrias; cuando las exportaciones mineras generan cadenas nacionales de conocimiento y servicios; cuando la producción agropecuaria empuja biotecnología, maquinaria y economías regionales; cuando la estabilidad monetaria permite recuperar crédito productivo de largo plazo. Ese es el puente que falta construir.
Y aquí vuelve la cuestión fiscal.
Un Estado productivo no es necesariamente un Estado grande ni deficitario. Puede ser austero y, al mismo tiempo, inteligente. Puede reducir burocracia inútil mientras sostiene infraestructura estratégica. Puede exigir eficiencia y financiar investigación. Puede controlar el gasto y mantener rutas. Puede respetar el equilibrio presupuestario y comprender que una escuela técnica, un puerto o una red eléctrica no son simplemente gastos del presente: son capacidad productiva futura. La calidad del gasto importa tanto como su cantidad. Y también importa la calidad del ingreso.
Postergar impuestos, reducirlos o aumentarlos puede tener razones coyunturales válidas, pero una estructura fiscal sostenible necesita previsibilidad. Empresas y familias no pueden organizar horizontes largos si los impuestos funcionan como variables que se actualizan, suspenden o modifican permanentemente según las necesidades de corto plazo.
La estabilidad que reclama el empresariado debería empezar justamente allí: por dejar de pensar el sistema productivo desde la emergencia.
El desafio es construir una etapa donde la disciplina macroeconómica deje de ser enemiga del desarrollo; donde producir no signifique pedir protección eterna; donde distribuir no sea sinónimo de gastar sin respaldo; donde invertir tenga como contrapartida empleo, tecnología y arraigo territorial; y donde el Estado deje de oscilar entre ser una maquinaria sobredimensionada y retirarse de funciones que ningún mercado puede reemplazar por sí solo. Eso sí podría ser ladrillo sobre ladrillo.
No veinte años de una misma administración económica.
Veinte años de una sociedad capaz de acordar que la moneda debe ser estable, pero también que producir importa; que las cuentas deben cerrar, pero también que el desarrollo necesita inversión; que las empresas deben ganar dinero, pero también que los trabajadores necesitan participar de la prosperidad que ayudan a construir.
Porque una economía puede conseguir equilibrio fiscal y seguir siendo frágil. Puede exportar mucho y distribuir poco. Puede recibir inversiones y generar poco empleo. Puede acumular dólares y perder empresas. La estabilidad empieza a convertirse en desarrollo cuando esas contradicciones comienzan a resolverse. Y esa construcción no ocurre en París ni solamente en un coloquio empresario. Ocurre en las fábricas, en las pymes, en las universidades, en los puertos, en los campos, en las provincias y en los salarios. Ahí se verá si los ladrillos forman finalmente una casa. O si, una vez más, apenas estamos levantando otra pared.
