Guillermo Domínguez Matheu fue juzgado por delitos cometidos en diversos CCD. Pasó por El Pozo de Banfield, El Infierno de Lanús y la Unidad 34 de Campo de Mayo.
Un exmilitar imputado en el juicio unificado que sigue el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata por delitos cometidos durante la última dictadura militar en tres excentros clandestinos de detención fue trasladado a una unidad carcelaria luego que se le revocara la prisión domiciliaria.
Se trata de Guillermo Alberto Domínguez Matheu, exjefe de Actividades Psicológicas del Destacamento 101, quien es uno de los 16 represores juzgados desde octubre 2020 por privación ilegítima de la libertad, torturas, crímenes y abuso sexuales cometidos contra unas 600 víctimas alojadas en el Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno de Lanús, y fue trasladado a la Unidad 34 de Campo de Mayo.
La auxiliar fiscal Ana Oberlin, que representa al Ministerio Público en este juicio conocido como “Brigadas” explicó a la agencia de noticias Télam que “se trató de un pedido original que hicieron las querellas en el marco de la inspección que se realizó en el Pozo de Banfield”.
“La fiscalía analizó los elementos vinculados a los temas de salud, porque hay distintas situaciones y en algunas se puede considerar la domiciliaria y en el caso de Domínguez Matheu, después de analizar en varias oportunidades (su situación), creímos que se podía revocar la domiciliaria y en ese sentido dictaminamos”, precisó.
Destacó que “los jueces entendieron que era adecuado revocarle la prisión domiciliaria en este caso, que no es la misma de otros imputados donde hay situaciones acreditadas de salud”.
Explicó que para evaluar estas situaciones “son importantes las pericias, los informes que se generan y siempre desde el Ministerio Público intentamos que participen peritos y peritas de nuestra parte para que realmente se hagan los estudios necesarios para poder conocer la verdadera de quienes están en esta situación”.
El 14 de noviembre de 2022 sobrevivientes del excentro clandestino de detención de Pozo de Banfield participaron de una inspección ocular y mientras recorrían las celdas y un sótano plantearon ante el Tribunal que debían cesar las domiciliarias de los imputados que gozan de ese beneficio, que son la mayoría.
“El tema de mayor contradicción es saber de este horror y que (los represores) tengan la prisión domiciliaria”, expresó en esa oportunidad Pablo Díaz, uno de los estudiantes secuestrados en La Noche de los Lápices, tras identificar los lugares donde había estado cautivo en ese excentro.
A su lado estaba Marta Úngaro, hermana de Horacio Úngaro, otro de los estudiantes secuestrados que aún continúa desaparecido y Teresa Laborde, hija de Adriana Calvo, nacida en cautiverio hace 46 años cuando su madre, atada y con los ojos vendados era conducida al Pozo de Banfield.
“Ellos saben donde están los restos y los bebés que no aparecen, ellos lo saben y están cómodamente sentados en su casa”, dijo enojada la mujer en esa oportunidad. Reclamó a los jueces que “hagan su trabajo o vamos a seguir sufriendo todos”. “Pedimos con toda la fuerza que cesen las domiciliarias”, puntualizó Úngaro.
Este reclamo, efectuado en el sótano húmedo y oscuro donde cientos de personas estuvieron cautivas y torturadas, fue el que derivó en un planteo formal y tras el dictamen fiscal concluyó con la revocatoria de la domiciliaria de Domínguez Matheu.
El Pozo de Banfield funcionó en esa localidad del distrito bonaerense de Lomas de Zamora, en la esquina de Siciliano y Vernet, y fue sede de la Brigada de Investigaciones, y las divisiones del área metropolitana de las direcciones de Investigaciones, Seguridad e Inteligencia.
Allí fueron vistos por última vez los estudiantes secundarios secuestrados en los episodios conocidos como La Noche de los Lápices y la sobreviviente Valeria del Mar, mujer trans, quien sufrió múltiples violencias de parte de los represores del centro clandestino de detención. Con el inicio del juicio se conoció el caso de otras 8 mujeres trans y travestis secuestradas y abusadas.
El Pozo de Quilmes, ubicado en la esquina de Alison Bell y Garibaldi de esa ciudad, también funcionó en una sede policial y en la Brigada de Investigaciones de Lanús, con sede en la calle 12 de octubre N°234 de Avellaneda, funcionó el excentrro clandestino conocido como El Infierno.
