Llaryora logra un fallo histórico: la Corte obliga a Anses a pagarle 60 mil millones a Córdoba

En un golpe político clave al gobierno nacional, Martín Llaryora consiguió que la Corte Suprema sentenciara a favor de Córdoba en el millonario reclamo por fondos previsionales adeudados. La Anses, en una audiencia que dejó al descubierto tensiones internas y la presión jurídica, reconoció oficialmente la existencia de una deuda con la provincia y aceptó girar pagos mensuales por 6 mil millones de pesos durante todo 2025.

La resolución, rubricada ante el máximo tribunal, no solo representa una oxigenación para las tambaleantes cuentas provinciales, sino que marca un precedente jurídico e institucional inédito. Córdoba se convierte en la primera provincia en formalizar un convenio de esta magnitud con aval de la Corte, lo que tensiona aún más el delicado equilibrio entre las administraciones provinciales y el Gobierno de Javier Milei, que hasta ahora se había mostrado reacio a reconocer pasivos con cajas no transferidas.

Desde el Centro Cívico cordobés hablan de “doble victoria”. El acuerdo no sólo garantiza un flujo de recursos mensuales que le da previsibilidad al rojo previsional, sino que, además, deja constancia legal de una millonaria deuda histórica. Según estimaciones del gobierno de Llaryora, la suma total que la Nación le debe a Córdoba rondaría el billón de pesos. La contundencia del número y su carga simbólica aparecen como un reaseguro político frente a una gestión nacional que se refugia en la motosierra para desentenderse de responsabilidades financieras heredadas.

La pulseada se venía gestando desde la gestión de Juan Schiaretti, quien inició el reclamo ante la Corte por la falta de transferencias correspondientes al período 2019-2024. Con este acuerdo en marcha, el equipo de Llaryora podría dar por terminado el litigio judicial, siempre que se validen los montos totales de la deuda a través del proceso de conciliación que se revisará en una nueva audiencia el 26 de noviembre. Si Nación cumple, el juicio se congelará. De lo contrario, Córdoba volverá a activar el expediente.

La formalización del acuerdo aparece como una jugada finísima del equipo de Llaryora, que supo convertir un reclamo técnico en un logro político sólido. Julián López, ministro de Justicia local y pieza clave de la negociación, celebró el acuerdo con una frase lapidaria que resonó como advertencia: “Ninguna otra provincia lo consiguió”. El mensaje apuntó a posicionar a Córdoba a la cabeza de las demandas que se vienen por parte de otras jurisdicciones con regímenes previsionales propios, como Santa Fe, Entre Ríos o Chubut, que ven con expectativa la firma del convenio cordobés.

Además del efecto contable, Llaryora decidió convertir el triunfo en política pública: anticipó que parte de los recursos se destinarán a ajustar los haberes mínimos de los jubilados provinciales. Hasta ahora, Córdoba aplicaba un diferimiento de seis meses entre el aumento salarial de los activos y su traslado a los pasivos. Con este nuevo respaldo financiero, el gobierno provincial evalúa cerrar esa brecha. El anuncio se concretará en las próximas horas, pero la decisión ya está tomada: hay que mostrar que los recursos serán utilizados para amortiguar el golpe social.

El acuerdo también destapa un nivel de conflictividad contenido en la relación entre Nación y provincias que, hasta ahora, venía sorteando los roces judiciales y políticos con parches circunstanciales. Al ceder ante la Corte, Milei admite un límite explícito a su estrategia de asfixia fiscal sobre las administraciones subnacionales, lo que probablemente envalentonará a otros gobernadores que evalúan el camino judicial como única alternativa viable para acceder a fondos que el Ejecutivo central retaceaba.

Desde el entorno presidencial intentaron desdramatizar la situación, pero el golpe fue duro. “No había margen para una derrota judicial más”, reconoció por lo bajo un funcionario nacional al tanto de la causa. El fallo de la Corte es una señal institucional que reordena parte del mapa fiscal nacional, trastocando el relato de autarquía libertaria con una realidad: las provincias tienen espaldas, estructura y ahora también jurisprudencia para reclamar lo que les corresponde.

Llaryora lo entendió rápido y ajustó el discurso. En redes sociales anunció que instruyó al Ministro de Economía provincial a priorizar con esos nuevos fondos a los sectores más vulnerables del sistema previsional. El mensaje fue doble: a los cordobeses, que verán algún alivio en el ajuste; y al Gobierno nacional, que ahora deberá enfrentar un nuevo escenario. Uno donde desoír la Corte ya no es una opción sin costo político ni judicial.

La estrategia cordobesa logró transformar un expediente encajonado en un gesto político de autoridad y conducción. El gobernador se anota así un triunfo frente a un Gobierno nacional debilitado por internas, recortes impiadosos y una batalla discursiva que empieza a encontrar sus contraataques institucionales. La partida recién empieza.