La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados buscará avanzar este martes en un proyecto de consenso entre el oficialismo y la oposición que establezca penas ante las posiciones negacionistas del terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados buscará avanzar este martes en un proyecto de consenso entre el oficialismo y la oposición que establezca penas ante las posiciones negacionistas del terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad. En las últimas semanas, los organismos de derechos humanos habían impulsado un proyecto de ley que ahora, la diputada Carolina Gaillard buscará unificar en un solo texto.
El proyecto original había sido firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
El texto final que buscarán avanzar en el Congreso sostiene que el negacionismo es incompatible con la función pública y las obligaciones de quienes son funcionarios y funcionarias. Por eso, argumenta, los que incurran en declaraciones o acciones de este estilo serán “reprimidos con pena de inhabilitación especial de 3 meses a 4 años. Según el texto, se penará a “el/la funcionario/a público/a que, en el ejercicio del empleo, cargo o función, negare, minimizare, justificare o revindicare públicamente y por cualquier medio genocidios o crímenes contra la humanidad reconocidos oficialmente como tales por el Estado Argentino.”
Además, el proyecto establece que aquellos que hayan sido penados, luego que se cumpla el plazo de la inhabilitación, deberán hacer “al menos uno de los programas educativos sobre negacionismo de genocidios y crímenes contra la humanidad dictados por el INADIN”, el nuevo nombre que adquiriría el INADi si el texto se convierte en ley.
Otro de los principales objetivos de la iniciativa es prevenir y sancionar las conductas y discursos públicos que “niegan, minimizan, justifican, legitiman o reivindican los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en la Argentina, y los genocidios y crímenes contra la humanidad”. Además, el INADI pasará a ser el “Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia, el racismo y el negacionismo-INADIN”, que será quien certifique la calidad de las capacitaciones sobre Memoria, Verdad y Justicia realizada por los organismos públicos.
Junto con la obligatoriedad de la formación en derechos humanos para todos los trabajadores del Estado Nacional, entre otros puntos, el proyecto modifica el Código Penal para incluir sanciones a aquellos que públicamente tengan discursos negacionistas y propone modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para evitar la difusión de contenidos negacionistas. El escrito también plantea que los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o el Servicio Penitenciario que, en ejercicio de sus funciones, lleven adelante este tipo de discursos, sean sancionados disciplinariamente.
Para avanzar en el debate, la Comisión de Derechos Humanos que preside Hugo Yasky convocó para mañana martes a las 10 a los representantes de los organismos de derechos humanos para que expongan sobre el proyecto que presentaron el viernes pasado, titulado “Formación obligatoria en derechos humanos y sanción del negacionismo” y, posteriormente, se unifiquen oficialmente los proyectos con la firma de la diputada Gaillard.
A la reunión de este martes fueron invitados para exponer la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la titular de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida; y Charly Pisoni, integrante de la agrupación HIJOS. También fueron invitados Eduardo Tavani, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos; Luis María Alman Bornes, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; y Mabel Careaga, de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.
El debate resurgió a partir de los cuestionamientos de La Libertad Avanza (LLA) al número de desaparecidos en la última dictadura cívico militar y las críticas a la política de derechos humanos de los últimos 40 años.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, ponderó este lunes como “importante” el “espíritu de formación” que tiene el proyecto de ley presentado por organizaciones de derechos humanos en el Congreso. “El espíritu del proyecto de la Secretaría y de los organismos de derechos humanos es no sancionar con penas de prisión sino que el proyecto está focalizado en la formación de todo personal del Estado con y sin responsabilidades políticas”, destacó Pietragalla en declaraciones a Télam sobre el proyecto de ley presentado el viernes pasado a la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau.
