Caputo redobla la apuesta contra la oposición y acusa a los gobernadores de querer “romper el equilibrio fiscal”

En medio de una creciente tensión entre el Gobierno y los gobernadores provinciales, el ministro de Economía Luis Caputo se lanzó con una fuerte ofensiva discursiva que expone el clima enrarecido en la antesala de una sesión clave en el Senado. Con la mira puesta en los proyectos que, desde la Casa Rosada, califican como una amenaza directa al programa fiscal, Caputo acusó a sectores de la oposición de querer dinamitar el equilibrio y “volver para seguir robando”.

La declaración, lejos de ser un exabrupto aislado, es parte de una estrategia deliberada del oficialismo para blindar su plan económico. Caputo no se limitó a alertar sobre los impactos macroeconómicos que, según él, tendrían iniciativas como el aumento jubilatorio, la prórroga de la moratoria previsional o la distribución de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias. Fue más allá y arremetió directamente contra la clase política que impulsa esas medidas, especialmente contra los gobernadores: “Ellos hacen esto para hacer daño”, lanzó, e inmediatamente remató: “no les interesan los argentinos, quieren volver a robar”.

En clara sintonía con el discurso confrontativo del presidente Javier Milei, el titular del Palacio de Hacienda acusó a la oposición de alimentar el caos con fines electorales. “La mayoría o muchos gobernadores están haciendo su juego político”, afirmó, contrastándolo con lo que definió como la prioridad del Ejecutivo: “primamos la economía sobre la política, y eso es lo que hará salir a la Argentina”. El mensaje pretende reforzar el perfil tecnocrático del gobierno libertario, alejado -al menos en la retórica- de los pactos y roscas tradicionales.

El telón de fondo de esta disputa es un Congreso que se prepara para una jornada de alto voltaje político. Parte de la oposición, con Unión por la Patria a la cabeza y apoyos sectorizados de la UCR y Pro, busca tratar un paquete de proyectos que molestan al Ejecutivo. La avanzada legislativa tiene como eje cuestiones sensibles: desde la actualización del haber jubilatorio hasta el reparto federal de fondos, pasando por la atención de sectores sociales vulnerables como las personas con discapacidad. En el oficialismo lo leen como una maniobra para jaquear el objetivo de déficit cero y reflotar viejas lógicas distributivas.

Caputo dejó en claro que el Ejecutivo no cederá espacio y que todo lo que altere la hoja de ruta establecida tendrá respuesta política y judicial. En un tono de advertencia, sostuvo que si el Congreso aprueba medidas que cambien el rumbo planteado, el presidente no solo aplicará el veto, sino que estaría dispuesto a judicializarlas. “Nuestro gobierno no se basa en expectativas, se basa en hechos, en ejecutar las cosas; ese es el corazón del modelo”, dijo con énfasis.

El ministro, además, apuntó específicamente contra los gobernadores: “La recaudación subió un 8% y las provincias tienen más recursos. El único que usa esos fondos para bajar impuestos es la Nación”. Según Caputo, ese dinero no se traduce en alivios para los contribuyentes y acusó a los mandatarios subnacionales de sostener estructuras ineficientes mientras exigen asistencia de la Casa Rosada. “Piden más sin devolverle nada a la gente”, denunció con tono lapidario.

La referencia a los ATN no fue menor: Caputo afirmó que esos fondos están en “niveles récord”, lo cual en su visión refuta cualquier argumento de desfinanciamiento provincial. Sin embargo, entre bastidores, varios gobernadores sostienen que la discrecionalidad en la ejecución de estos recursos responde más a criterios políticos que de urgencia fiscal y reclaman una previsibilidad institucional que limite el uso arbitrario de partidas.

En paralelo, el oficialismo se parapeta detrás de los indicadores fiscales: el objetivo de superávit primario de 1,6% del PBI quedó blindado como piedra angular del programa económico. “Tenemos que cumplirlo. Decimos algo y lo cumplimos”, repitió Caputo, en una jerga más de CEO que de funcionario político. Ese encuadre técnico, sin embargo, choca con una realidad legislativa que se complica día a día, y con gobernadores que, presionados por sus propias finanzas y demandas sociales, están menos dispuestos a aceptar el ajuste como dogma inquebrantable.

La disputa exhibe dos visiones completamente antagónicas del Estado y de su rol federal. De un lado, un gobierno que prioriza el equilibrio fiscal como principio rector no negociable. Del otro, una oposición que busca reactivar herramientas de transferencia como mecanismo de gobernabilidad territorial. En el medio, una sociedad que espera resultados urgentes en un contexto de alta inflación, deterioro de ingresos y fragmentación del sistema político.

Lo que está claro es que, más allá del resultado de la pulseada legislativa, el Gobierno eligió el camino de la confrontación. No hay lugar para medias tintas. Y Caputo, uno de los arquitectos del plan de ajuste, se convirtió ahora también en su vocero más incendiario.