Luis Caputo amplió las autorizaciones de gasto para el cierre de 2026 con una modificación que reduce el resultado presupuestario previsto. El DNU 1391/2026, firmado el miércoles por Javier Milei y su gabinete y publicado este jueves 19, agrega unos $15,6 billones de créditos para gastar, frente a cerca de $8,1 billones de recursos corrientes y de capital. La diferencia ronda los $7,5 billones.
El Ejecutivo justifica la decisión en necesidades salariales, funcionamiento y obligaciones de los organismos. En los considerandos sostiene que, sin una adecuación inmediata, peligraría la prestación de servicios esenciales. Para hacerlo eligió un decreto de necesidad y urgencia: el presupuesto que modifica es el de 2026, mientras el Congreso tiene abierta la discusión del ejercicio siguiente.

Un permiso para gastar que todavía debe ejecutarse
La suma de los subtotales de las planillas da $15.568.872.935.557 adicionales de gastos corrientes y de capital y $8.085.564.103.992 de recursos de esas categorías. El cambio reduce en $7.483.308.831.565 el saldo que resulta de esas autorizaciones y previsiones. Es una modificación del presupuesto: las cifras no acreditan que el dinero ya se haya pagado ni describen el resultado de caja del año.
Entre los refuerzos figuran gastos de personal y transferencias para empresas y entes públicos. Los fundamentos mencionan a FAdeA, Tandanor, Educ.ar, Radio y Televisión Argentina, Carboeléctrica Río Turbio y ACUMAR. La planilla del Servicio de la Deuda Pública aumenta en alrededor de $3,9 billones el programa de intereses y comisiones. La posterior ejecución permitirá ver cuánto recibe efectivamente cada destino.
Más margen para deuda, otros avales para las provincias
Por separado, el artículo 3 eleva en $78,7 billones el monto autorizado para operaciones de crédito público con un plazo mínimo de amortización de 90 días. Esa ampliación del límite no equivale a una emisión realizada ni se suma al gasto nuevo como si fuera otra partida de la misma naturaleza.
El decreto también modifica los avales del Tesoro. Para Córdoba, un préstamo ya autorizado por hasta US$100 millones, con amortización mínima de tres años, cambia de destino: deja Economía Circular y pasa a Infraestructura Hídrica y de Saneamiento. Para Santa Fe incorpora un aval por hasta US$25 millones, también a un plazo mínimo de tres años, para defensas contra inundaciones en el departamento San Javier. Las autorizaciones no prueban la firma de los préstamos ni el desembolso a las provincias.
La norma rige desde su publicación y ordena dar cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. El Ejecutivo deberá ejecutar las partidas; la Bicameral tiene a su cargo examinar el DNU y elevar su dictamen a las cámaras. Ese trámite y los registros de ejecución permitirán seguir el uso de los recursos que Caputo acaba de habilitar.
Fuentes
Portada adaptada de un retrato de Luis Caputo de Gobierno argentino, 2024. CC BY 4.0. Recorte, virado y montaje.



