El gobierno de Entre Ríos pone la inversión pública en el centro de su Presupuesto 2027, pero no ofrece la misma certeza para la recuperación de los salarios estatales. El ministro Fabián Boleas defendió la apuesta por infraestructura y, al explicar la pauta salarial, dejó su ejecución sujeta a la evolución de los ingresos. La tensión del proyecto de Rogelio Frigerio está ahí: las prioridades escritas deben convivir con una caja que también condiciona su cumplimiento.
No es un anuncio realizado hoy. La presentación del proyecto fue el 15 de octubre; Boleas explicó sus criterios a Radio Costa Paraná en una entrevista publicada el 16. El 20, Página Gremial difundió una lectura de la planta de personal junto con una copia del articulado. El cruce permite separar tres cosas que el debate político suele juntar: autorización para gastar, cargos financiados y mejoras efectivas para quienes trabajan.
Un techo de cargos no es una oferta de empleo
El artículo 10 de esa copia fija 67.579 cargos de planta permanente y 340.526 horas cátedra permanentes. El propio texto aclara que son máximos financiados, cuya habilitación depende de las estructuras organizativas. No son 67.579 contrataciones nuevas ni una medición de los puestos efectivamente ocupados. El artículo siguiente establece, por separado, 3.324 cupos temporarios y 31.634 horas cátedra de esa modalidad.
La diferencia importa para los trabajadores y para quienes esperan un nombramiento: el presupuesto puede habilitar capacidad de gasto sin resolver una incorporación concreta. Tampoco esos topes permiten deducir por sí solos despidos, vacantes o una ampliación real del empleo. Para medir esas consecuencias hace falta contrastar la ejecución y la ocupación efectiva, no convertir una planilla en un resultado laboral.
La inversión también tiene condiciones
Boleas presentó el endeudamiento solicitado por hasta US$300 millones como una herramienta para acceder a financiamiento de inversión. El artículo 6 admite ese monto —o su equivalente en pesos— para inversión pública y programas de modernización o eficiencia de la gestión. Es una autorización propuesta, no dinero recibido. El texto contempla operaciones en el ejercicio y los siguientes; tampoco permite adjudicar todo el monto a obras ya contratadas.
El contrapeso al discurso oficial aparece en el mismo articulado. El artículo 21 subordina la ejecución del plan de obras a los créditos y a los recursos o fuentes financieras disponibles; el 22 contempla reprogramar obras contratadas para ajustar sus curvas de inversión al financiamiento posible. La restricción de caja, por lo tanto, no alcanza sólo a los sueldos: también atraviesa la promesa de infraestructura.
La mejora salarial queda sin resultado garantizado
En la entrevista publicada por la radio municipal, el ministro vinculó la pauta salarial con las proyecciones nacionales y los ingresos provinciales. Su objetivo declarado es evitar una pérdida de poder adquisitivo y mejorar las remuneraciones cuando exista margen. Es una posición oficial que debe distinguirse de un acuerdo paritario o de una recuperación ya conseguida.
Ese es el punto político que seguirá abierto para el gobierno provincial, los legisladores y los trabajadores: qué compromisos se traducen en recursos efectivos y cuáles quedan condicionados a la recaudación o al crédito. No hay en las fuentes consultadas una nueva respuesta gremial para presentar como confrontación consumada. El próximo contraste útil será entre decisiones legislativas, acuerdos salariales y ejecución: ni la aprobación de un techo presupuestario ni la obtención eventual de un préstamo garantizan, por sí solas, una mejora en el recibo de sueldo.
Fuentes: articulado del proyecto, copia pública difundida por Página Gremial, artículos 6, 10, 11, 21 y 22; entrevista a Boleas publicada por Radio Costa Paraná, 16/10; lectura de Página Gremial, 20/10. Se consultaron las 14 páginas del articulado; los anexos no forman parte de ese archivo. La lectura periodística y el documento adjunto no son auditorías independientes de ejecución. No se acredita aquí una sanción definitiva ni una reacción sindical posterior.
