La coordinación entre Axel Kicillof y Ramón Lanús tiene una expresión concreta en San Isidro: una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, con 100 efectivos y cinco patrulleros, según informó el Gobierno bonaerense el 14 de octubre. Pero trabajar juntos no resuelve otra discusión: qué conducción y recursos tendrán las policías municipales que reclaman los intendentes.
El gobernador y el jefe comunal compartieron una recorrida y defendieron la articulación entre ambas administraciones. La escena permite distinguir dos planos de la agenda de seguridad: sostener el despliegue que funciona y discutir el poder de decisión sobre las estructuras locales. Un acuerdo en el primero no equivale a haber cerrado el segundo.
La cooperación que ambas gestiones reivindican
La comunicación provincial sitúa el trabajo preventivo de esa base en La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano. Javier Alonso, ministro de Seguridad, vinculó sus recursos con el trabajo conjunto con la Fuerza Barrial de Aproximación. Kicillof defendió la colaboración por encima de las pertenencias partidarias; Lanús también la valoró. No hubo allí un anuncio de autonomía municipal.
Ese reconocimiento mutuo importa políticamente: la discusión no puede reducirse a Provincia contra municipios, como si no existieran acuerdos operativos. Tampoco corresponde leer cada actividad compartida como una renuncia de los jefes comunales a reclamar más atribuciones. Cooperación y negociación institucional pueden convivir.
Lo que sigue abierto es la distribución del poder
La crónica de Infobae del 15 de octubre informa que varios intendentes esperan el envío de la reforma de Seguridad Pública anunciada por Kicillof en marzo. La discusión comprende el marco de las fuerzas municipales y las expectativas de financiamiento. El medio también recoge la oposición de Sergio Berni a crear nuevas policías locales: ni siquiera dentro del oficialismo provincial aparece una posición uniforme.
La cuestión política es quién podrá tomar decisiones y con qué respaldo para sostenerlas. Cambiar una denominación no responde por sí solo cómo se articularán los cuerpos, quién asumirá los costos permanentes o qué controles acompañarán sus facultades. Esos interrogantes deben resolverse en instrumentos concretos, no en la interpretación de una foto compartida.
Para seguir esta disputa, el próximo dato relevante será el ingreso del proyecto, su texto y las posiciones que adopten los municipios y las cámaras. La coordinación que las dos gestiones muestran en San Isidro ofrece un punto de partida verificable. No reemplaza el debate sobre la distribución de responsabilidades ni permite darlo por saldado.
Fuentes: Gobierno bonaerense, recorrida del 14 de octubre; Infobae, debate sobre policías municipales, 15 de octubre. La situación parlamentaria se presenta según esa crónica, no como una reforma ya aprobada.
