La Cámara de Servicios Mineros y Afines de Calingasta le pidió el martes 17 al Gobierno nacional que derogue el decreto que amplió la definición de proveedor local del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Su presidente, José Adolfo Ibaceta, y el secretario de la cámara, Alfredo Amín, propusieron dar prioridad a las firmas de las comunidades próximas a las minas, luego a las del resto de San Juan y finalmente a las de otras provincias.
El ministro de Minería sanjuanino, Juan Pablo Perea, respondió en Diario Huarpe que el criterio del régimen nacional se aplica por igual en todas las provincias. Señaló que la herramienta para promover contrataciones en San Juan es la Ley 2827-M de Desarrollo Local Minero. Según Perea, su reglamentación está próxima a publicarse. Las cámaras reclaman que ese paso se traduzca en reglas de contratación que las mineras puedan aplicar y que la Provincia pueda controlar.
Qué habilita el decreto
El decreto 1366, firmado por Javier Milei, Diego Santilli y Luis Caputo, rige desde su publicación el lunes 16. Permite calificar como proveedoras locales a las sociedades constituidas y domiciliadas en la Argentina con independencia del origen de sus accionistas. Sus bienes deben cumplir los criterios de origen nacional que la norma remite al acuerdo del Mercosur. La autoridad de aplicación debe precisar cómo los usará. El Gobierno nacional fundamentó el cambio en la integración de las empresas radicadas en el país a las cadenas de suministro de los proyectos.

El reclamo que llega al Ejecutivo provincial
Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros, pidió que las operadoras anticipen sus compras y hagan públicos los criterios de selección. Su planteo se concentra en que San Juan reglamente y haga cumplir su ley. La cámara de Calingasta sumó un pedido de derogación del decreto nacional. Los dos reclamos plantean qué debe contar como arraigo cuando se licita un contrato, aunque proponen respuestas distintas.
Perea sostiene que el decreto nacional deja en pie el registro provincial de proveedores. Para las empresas que piden prioridad territorial, la próxima decisión verificable es la publicación de la reglamentación sanjuanina y de los criterios con los que las operadoras convocarán y evaluarán a sus proveedores.



