Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en la Argentina, reclamó preservar la actualización de las transferencias a las familias después de presentar, el viernes 20 de noviembre, un relevamiento que vuelve a poner los ingresos de los hogares con chicos en el centro del debate presupuestario.
El informe registra un 41% de hogares con niñas, niños y adolescentes cuyos ingresos mensuales no alcanzan para cubrir los gastos corrientes. UNICEF estima que son unos 2,7 millones de hogares. En la comparación que publica el organismo, el indicador sube diez puntos frente a agosto de 2025, cuando era del 31%, aunque permanece por debajo del 48% de abril de 2024.
Los datos corresponden a septiembre de 2026. La encuesta presencial se realizó en 1.865 hogares y representa a familias con chicos de localidades urbanas de más de 2.000 habitantes. Describe suficiencia de ingresos declarada por los hogares; no debe confundirse con la tasa de pobreza calculada a partir de una canasta.
La deuda entra en las cuentas del mes
La mitad de los hogares relevados tiene al menos una deuda, frente al 46% de agosto de 2025. Este indicador permite seguir la extensión del endeudamiento familiar, pero no informa cuánto debe cada hogar ni cuántos dejaron de pagar. Tampoco se suma al 41%: una misma familia puede aparecer en ambas respuestas.
Ramírez Mesec pidió fortalecer mecanismos como la Asignación Universal por Hijo, la Prestación Alimentar y las Asignaciones Familiares. Su planteo coloca una decisión concreta delante de los responsables de esas políticas: cómo conservar el poder de compra de los pagos cuando el presupuesto familiar vuelve a tensionarse.

El reclamo por reglas para las transferencias
El pronunciamiento retoma una discusión que UNICEF y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia llevaron a Diputados el 14 de octubre. En aquella exposición ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes reclamaron mantener la movilidad automática de la AUH e incorporar una regla de actualización para la Prestación Alimentar.
Las dos instituciones cuestionaron entonces la propuesta de eliminar el mecanismo legal de actualización de la AUH y las asignaciones familiares en el proyecto de Presupuesto 2027 que habían analizado. Ese antecedente tiene una fecha y un alcance precisos: no acredita cuál será la redacción que finalmente apruebe el Congreso.
Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF, volvió a pedir el 20 de noviembre que la infancia tenga prioridad presupuestaria. El énfasis no queda sólo en el monto anunciado: también alcanza a las reglas que determinan su evolución y a los recursos efectivamente ejecutados.
El pedido queda dirigido a los bloques que debaten el Presupuesto y al Ejecutivo que administra las transferencias. Para las familias, la próxima señal concreta estará en las reglas de actualización que se resuelvan y en los montos efectivamente pagados. El nuevo relevamiento aporta evidencia para esa discusión, sin anticipar su resultado.



