El fiscal Taiano avanza en la investigación de la criptoestafa $LIBRA

El fiscal Eduardo Taiano ordenó nuevas medidas para esclarecer la criptoestafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA, que involucra posibles delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias. Las acciones incluyen rastreo de transacciones sospechosas, localización de activos y pedidos de cooperación internacional.

La estrategia del fiscal se centra en la preservación de pruebas digitales. Se han solicitado registros detallados de transacciones asociadas a $LIBRA con el objetivo de identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas. Además, se ordenó la recuperación de publicaciones eliminadas de las redes sociales, entre ellas un tweet del presidente Javier Milei promoviendo la criptomoneda.

Otro punto clave en la investigación es el congelamiento de direcciones digitales para evitar la dispersión de los fondos y prevenir transferencias que dificulten su rastreo. Paralelamente, se están redactando exhortos internacionales para obtener información sobre operaciones realizadas en plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero.

Taiano también ha requerido registros de visitas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, así como informes sobre comunicaciones telefónicas y una lista de testigos que puedan aportar información relevante sobre el funcionamiento de $LIBRA. Estas medidas buscan vincular las decisiones políticas con la operatoria de la criptomoneda.

El análisis del marco legal aplicable a las criptomonedas en Argentina es otro de los frentes abiertos en esta causa. Se investiga si hubo irregularidades en la regulación y supervisión de $LIBRA, y el rol que jugaron el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores en su comercialización. La investigación apunta a determinar si existió connivencia entre actores del gobierno y operadores privados.

En este complejo entramado, las posibles implicaciones políticas son significativas. Con sectores de la oposición presionando para esclarecer las responsabilidades, la respuesta del oficialismo ha sido esquiva. Hasta el momento, no hay declaraciones oficiales que aclaren el papel del gobierno en la difusión de la criptomoneda.

Este caso no solo pone en jaque a los responsables directos del esquema financiero, sino que también podría sentar un precedente en la regulación de activos digitales en el país. Mientras avanza la causa, quedan aún por esclarecerse las verdaderas dimensiones del fraude y el impacto político de la investigación.