El plan fiscal de los electrónicos: la poda impositiva que cambia el juego, pero no lo empata

La decisión del Gobierno de reducir drásticamente aranceles e impuestos para productos electrónicos importados inicia una nueva etapa en la política industrial que, aunque busca equilibrar precios con los países vecinos, aún arrastra problemas estructurales que limitarán el impacto prometido. Con una rebaja de hasta el 30% en los precios finales —que incluye celulares, televisores y equipos de aire acondicionado—, el Ejecutivo apuesta a generar un alivio para el consumidor y reacomodar el tablero de competencia entre producción nacional e importación. Pero ni la baja impositiva alcanza aún para sacar a la Argentina del lote de los países más caros en este rubro.

Los dispositivos electrónicos, especialmente los celulares, tendrán una reducción progresiva en sus aranceles de importación: del 16% actual a un 8% inmediato, y una futura eliminación total desde enero de 2026. A esa poda se suma una rebaja sustancial en los impuestos internos, que pasarán del 19% al 9,5%. Los productos fabricados en Tierra del Fuego contarán, además, con una ventaja estratégica: estarán completamente exentos de ese tributo.

La jugada tiene múltiples capas de análisis. Por un lado, se trata de una señal pro-consumo en un momento de poder adquisitivo golpeado, con un mercado interno encogido y una inflación que ha mutado, pero persiste. Por otro, busca equilibrar el terreno en un sector históricamente protegido como el de los ensambladores fueguinos, que ahora deberán competir con precios de importación más agresivos. Esa tensión —competencia entre lo nacional subsidiado y lo extranjero importado— es justamente el dilema que subyace en esta reconfiguración del tablero.

Mientras tanto, el Ejecutivo fuerza la narrativa de alinearse con “los precios del mundo”. Hoy un celular 5G de alta gama ronda los 2567 dólares en Argentina, frente a los 1980 en Uruguay, 1290 en España o 1011 en Estados Unidos. Tras la rebaja prevista, su precio caería a 1796 dólares, apenas suficiente para desbancar a Montevideo del podio de países más caros, pero aún muy lejos de ser competitivo frente a Brasil, Chile o México. De fondo, persisten sobrecostos locales, distorsiones cambiarias y desequilibrios de escala.

No se trata solo de telefonía. Un televisor de 43 pulgadas cuesta 637 dólares localmente, frente a 288 en Chile o 303 en México. Con la reforma fiscal, bajaría a 446 dólares, algo más razonable, pero todavía por encima de buena parte de la región. Lo mismo ocurre con los aires acondicionados frío/calor, que hoy se ubican en 748 dólares, mientras que en Brasil rondan los 388 y en Francia los 349. Aun con rebaja, la Argentina se seguiría manteniendo como el mercado menos amable para estos aparatos.

El trasfondo político de la medida refleja un cambio de actitud respecto al papel del Estado como árbitro protector. El oficialismo parece dispuesto a desmontar con más celeridad el esquema de privilegios fiscales que sostuvo durante décadas el modelo fueguino. Sin embargo, evita dinamitar esa estructura de manera inmediata. El mensaje es claro: Tierra del Fuego se mantiene con beneficios, pero deberá aceptar que el viento favorable del aislamiento ya no será eterno.

El plan contempla además una mejora logística clave: por primera vez se habilitará el uso de couriers entre Tierra del Fuego y el continente. Eso permitirá una llegada más directa y barata al consumidor final, reduciendo los costos de distribución y acercando la experiencia de compra a estándares internacionales. Una medida que busca agilizar el mercado en términos concretos, aunque con impacto aún por calibrar.

La lectura más política se posa sobre el momento del anuncio, en medio de un año de reconfiguración del esquema fiscal. Se alinea con otros movimientos del Gobierno orientados a poner en orden las cuentas públicas sin resignar completamente capacidad de acción. Reducir impuestos selectivos en productos de consumo masivo puede leerse como un intento de mejorar la percepción pública sin alterar el plan meta: llegar a déficit cero con impacto contenido.

Sin embargo, persisten dudas sobre la efectividad de la medida a mediano plazo. La apertura a las importaciones, cuando es asimétrica y sin política industrial asociada, suele tener efecto efímero. Si a eso se le suma el frágil poder de compra de los argentinos y la falta de financiamiento para las familias, la rebaja anunciada podría quedar como una quimera: los precios bajan, pero siguen siendo inalcanzables.

El rediseño de precios relativos en el segmento electrónico es una señal técnica de reinserción económica, pero también un gesto político hacia amplias capas de la sociedad frustradas con el costo país. El desafío será sostener esa normalización sin que la presión de los lobbies ni el oportunismo fiscal de coyuntura desnaturalicen el proceso. Por ahora, la promesa es bajar precios. Lo que falta ver es si hay quien compre.