Un tribunal federal argentino sentenció a prisión perpetua a los 16 exmilitares, policías y civiles que estaban siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad contra 116 víctimas en la provincia de Santa Fe (centro-este) en el contexto de la última dictadura (1976-1983), en una megacuasa conocida como Guerrieri IV.
En el cuarto juicio que se llevó adelante dentro de esta megacausa, el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario aplicó la pena máxima contra los 16 represores, tal y como reclamaba el fiscal, Adolfo Villatte, por desapariciones forzadas, homicidios, tormentos, privación ilegal de la libertad y asociación ilícita, como parte del delito internacional de genocidio.
La justicia examinó el plan represivo implementado en varios centros clandestinos que funcionaron en las ciudades santafesinas de Rosario, Funes y Granadero Baigorria y que llevó adelante el Destacamento de Inteligencia 121, integrado por personal civil y del Ejército, junto con la delegación rosarina de la Policía Federal.
Los condenados fueron Pascual Oscar Guerrieri, segundo jefe por el que toma nombre la causa; Jorge Alberto Fariña; Juan Daniel Amelong; Marino González; Ariel López; Juan Andrés Cabrera; Rodolfo Isach; Walter Pagano; Eduardo Costanzo; Federico Almeder; Juan Carlos Faccendini; Juan Félix Retamozo; Enrique Andrés López; José Luis Troncoso; Osvaldo Tebez; Oscar Roberto Giai y Roberto Raúl Squiro. Cinco de los siete miembros de la Policía Federal llegaron a este juicio sin condena previa.
De los 116 casos de víctimas que se abordaron, 62 no habían sido juzgados hasta ahora y de estos últimos, 54 se trataron de desapariciones forzadas u homicidios.
Entre los centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Santa Fe, uno de ellos operó en el predio de una iglesia católica, la Casa Salesiana Ceferino Namuncurá de la localidad de Funes. Por este juicio, que originalmente tenía 20 imputados, pasaron 316 testigos.
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario observó durante el último día de los alegatos que los genocidas seleccionaban a sus víctimas “de acuerdo a la definición de enemigo que proporcionaban las órdenes secretas de exterminio”.
Desde la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad en 2006, en todo el país fueron condenados 1.136 genocidas por delitos de lesa humanidad y otras 171 personas fueron absueltas en las 301 sentencias que se dictaron desde entonces. Otras 73 causas esperan ser elevadas a juicio y 273 adicionales se encuentran en fase de instrucción.
A lo largo de 14 juicios que tuvieron lugar en Rosario en estos 17 años fueron condenadas 50 personas, de las cuales 39 se encuentran en prisión domiciliaria y siete cumplen su condena en una cárcel común.
En Argentina se encuentran privadas de su libertad 696 personas por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, de las cuales 537 se hallan en arresto domiciliario, mientras que otras 1.491 se encuentran en libertad, según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, con datos actualizados hasta el 6 de junio.
La labor de las entidades argentinas de derechos humanos permitió conocer con mayor profundidad la violación de los derechos humanos perpetrada por la última dictadura cívico-militar, que causó 30.000 desaparecidos y se apropió de unos 500 hijos de opositores políticos nacidos en cautiverio.
