Se suspendieron las garantías constitucionales para toda la ciudadanía por dos meses, aunque la crisis escaló dentro de las cárceles. La decisión fue a propósito de la supuesta fuga de uno de los máximos líderes de una de las principales bandas criminales del país y tras varios motines. Policías secuestrados y un canal de televisión tomado.
El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, anunció la imposición del estado de excepción en todo el país por el plazo de dos meses el lunes con un mensaje en sus redes sociales: “Desde el Gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años”, dijo. El mandatario alegó “grave conmoción interna” generada tras la supuesta fuga de José Adolfo Macías, conocido como “Fito”, un alto líder de la organización criminal Los Choneros. La crisis carcelaria golpea al país sudamericano desde, al menos en 2019, y fue advertida tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como por la Organización de Estados Americanos (OEA).
La grave crisis de seguridad que vive el país sudamericano escaló rápidamente este martes. Siete policías fueron secuestrados en todo el país y un canal de televisión en Guayaquil fue tomado por un grupo de jóvenes armados que amenazaron a todos los trabajadores presentes con un paquete de dinamita y ametralladoras. En el canal, continúa la tensión y llegó la Policía.
“Ante la situación de seguridad que vive el país, el presidente, Daniel Noboa, toma acciones concretas para respaldar a las Fuerzas Armadas durante el proceso de intervención y control de cárceles”, dice el mensaje compartido desde la cuenta de la Presidencia, gestión que comenzó apenas el 23 de noviembre pasado y tiene mandato por dos años. En el video, al mandatario aparece vestido de campera y remera negra y habla directo a la cámara para informar que firmó el decreto 110 “para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político en su accionar”, dijo.
“Nosotros no vamos a negociar con terroristas ni descansaremos hasta devolverles la paz a los ecuatorianos”, advirtió Noboa.
La medida, entre distintos puntos, habilita el ingreso de las Fuerzas Armadas a los centros carcelarios “para mantener el orden público y la seguridad de los privados de libertad y de los visitantes y funcionarios del sistema penitenciario”, en medio de una crisis carcelaria que atraviesa el país hace años, pero que en noviembre de 2022 comenzó a desbordarse a las calles, con atentados y represión. Y, no sólo eso, sino que acabó el año de elecciones con varios crímenes políticos, incluido el del entonces candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio.
En este contexto, las autoridades perdieron de vista a Macías, que estaba detenido en la cárcel regional de Guayaquil condenado a 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Tras presumir que se fugó, se informó de un incendio y amotinamiento en la cárcel de El Inca, en Quito; y en el penal de Turi, en Cuenca, y de otros incidentes en los penales de Ambato y Riobamba. Ante el riesgo de que los motines se extendieran, reforzaron la seguridad y la presencial policial en los exteriores de otros dos centros, los de Latacunga y Machala.
El secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, explicó en una entrevista con Teleamazonas que se sospechaba que la presunta fuga de Macías habría ocurrido horas antes del operativo para trasladarlo a cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en las afueras de Guayaquil, que se suponía era secreto. “Lo más probable es que se filtró información”, señaló Izurieta, quien añadió que la búsqueda de Macías continuaba y aseguró que “ese delincuente va a ser encontrado”. En tanto, la fiscalía informó a través de la red social X que formuló cargos contra dos funcionarios penitenciarios “que estarían involucrados en la fuga” del jefe criminal, según la agencia AFP.
Tras el anuncio de Estado de excepción, organizaciones de derechos humanos que siguen la crisis carcelaria denunciaron torturas: “Responsabilizamos al gobierno por la vida de las personas presas bajo su custodia en cárceles donde las armas no pueden ingresar sino con autorización de funcionarios estatales. ¡Están torturando a la población penitenciaria amenazándola de muerte!”, escribieron desde la cuenta de Mujeres de Frente.
“¡Nos mienten! No presenciamos una lucha del estado contra los grupos del crimen organizado: vivimos una guerra que nos imponen las élites estatales y empresariales”, escribieron desde la Alianza Contra las Prisiones. En esa línea, exigieron “medidas alternativas para reducir la población penitenciaria y el reclutamiento de jóvenes racializados para la guerra” y, también, “políticas de desarme, de reducción de la importación de armas y de contención del contrabando de armas”. “Exigimos paz con justicia social”, cerraron el mensaje desde la organización. Entre 2021 y 2022, las y los familiares de personas detenidas denunciaron ocho masacres carcelarias, en las que fallecieron más de 316 personas. Esos hechos se multiplicaron entre 2022 y 2023. El trasfondo, según las organizaciones, está en los lazos tendidos entre los gobiernos y las organizaciones criminales, así como en las políticas represivas que fueron en aumento en el último año.
En 2022, la CIDH realizó una visita y elaboró un documento de más de 100 páginas en las que alertaron sobre la crisis carcelaria en el país. Allí, hacen referencia al debilitamiento de la institucionalidad, al hacinamiento, la creación de mega cárceles y las condiciones de detención, entre otras. En ese momento, entendieron que se trataba de una “grave crisis penitenciaria de naturaleza estructural” a la que caracterizó como “violenta” y atravesada por una “corrupción sin precedentes”.
Horas después del anuncio del Estado de excepción, siete policías fueron secuestrados -en Machala (suroeste), Quito y en la Provincia de Los Ríos (suroeste)- , dos capos se fugaron de prisión, varias explosiones se registraron en la calle y un canal de televisión en Guayaquil fue tomado temporalmente por jóvenes armados en las últimas horas en Ecuador por la violencia ligada al narcotráfico. A ello, las autoridades informaron de la huida de otro líder narco: Fabricio Colón Pico, uno de los dirigentes de Los Lobos, detenido el viernes por su presunta responsabilidad en un plan para asesinar a la fiscal general.
También se registraron explosiones contra una estación policial, la vivienda del presidente de la Corte Nacional y vehículos incendiados, sin reportes de muertos ni heridos, consignó la agencia de noticias AFP.
Investigaciones independientes señalan el papel clave de Los Choneros en el tráfico de cocaína y la exportación de la droga desde los puertos del Pacífico. Por su mando sobre miles de hombres, Fito es considerado uno de los criminales más peligrosos de Ecuador, azotado por la violencia del narco ante la presencia de carteles extranjeros.
Las autoridades no descartan que pueda estar escondido en el mismo complejo penitenciario de Guayaquil. Se cree que Macías, de 44 años y abogado de profesión, sigue liderando desde la prisión a Los Choneros y, así como otros líderes criminales, goza de privilegios puertas adentro. La última vez que se le vio fue en septiembre pasado, días después del asesinato de Villavicencio. Entonces, Fito fue trasladado de prisión justo después del magnicidio, pues Villavicencio había denunciado amenazas de muerte suyas.
Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones son algunas de las mayores bandas ilegales de Ecuador, que además de disputarse las grandes ciudades se pelean por el control de las cárceles.
El portal Expreso explicó que el estado de excepción “permite movilizar a las Fuerzas Armadas para que apoyen, de forma complementaria, a las labores de seguridad interna de la Policía Nacional”, sea en los centros de privación de libertad o en general en las calles.
En ese sentido, se suspenderán los derechos de libertad de tránsito (toque de queda de 23:00 a 05:00), inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de asociación. Es decir, mientras esté vigente el decreto presidencial, se suspende el derecho a la libertad de reunión y asociación para -según el decreto- “limitar la propagación de acciones violentas, para lo cual la fuerza pública queda facultada para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas al orden público y seguridad ciudadana”, sostuvieron en el portal.
Con respecto al derecho a la inviolabilidad de domicilio, significa que la fuerza pública podrá hacer inspecciones y requisas tendientes a detectar sustancias ilícitas, armas y explosivos a fin de desactivar amenazas en curso o futuras.
