La dirigenta opositora que fue electa en las primarias el año pasado, sostuvo que la inhabilitació que decidió el Tribunal Superior de Justicia marcará el fin del chavismo.
La dirigenta opositora de Venezuela, María Corina Machado, ratificó este lunes que se presentará en la carrera presidencial contra el presidente que busca ser reelecto, Nicolás Maduro, después de haber recibido una sentencia el viernes pasado que ratifica su inhabilitación a ejercer cargos políticos por los próximos 15 años. En una conferencia de prensa acompañada por todos los sectores que componen Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Machado fue categórica: “Quiera o no quiera Maduro, se va a medir conmigo y lo vamos a derrotar en elecciones presidenciales”.
La dirigenta que resultó la candidata más votada con el 92,35% de los votos en un proceso de primarias que se hizo el año pasado afirmó que tiene “clarísimo” que el Presidente está “decidido a hacer lo que sea” para impedir su candidatura. “Lo quieren impedir porque la nuestra es la candidatura que recibió el mandato de la gente en las urnas y que tiene el mandato de la gente hasta el final. Los venezoanos votaorn por mi porque nosotros vamos a derrotarlos. La gente decidió que esto va hasta el final, es una lucha espiritual, es una lucha por el bien y el bien siempre triunfa sobre mal”, sostuvo Machado.
La candidata de PUD sostuvo que el espacio que representa quiere un “cambio político” y dijo que en el último tiempo se acercaron las bases del chavismmo y cuadros medios del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) porque -según consideró- “no quieren que le impongan candidatos”. Y agregó: “Pretenden que con esto (la inhabilitación) van a poder detener esta avalancha que está ocurriendo en cada rincón del país. Hemos avanzado mucho pero falta mucho por hacer. Tenemos por delante un camino duro y empinado”.
Sobre los efectos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aseguró les generó “más esperanza y compromiso” que la semana pasada y que por ello están “más firmes y unidos que nunca”. “Tenemos un mandato y los vamos a cumplir”, prometió.
Seguidamente, Machado denunció que Maduro incumplió el Acuerdo de Barbados que firmaron en octubre del año pasado para poder desarrollar elecciones libres y transparentes. “Les dimos su oportunidad de cumplir su palabra del Acuerdo de Barbados. Una vez más ellos incumplen los compromisos asumidos. Se han llevado a nuestra gente presa, nos han vandalizado nuestras sedes, violentaron los procedimientos, han inventado documentos y emitieron una decisión que no se puede llamar sentencia. Ni siquiera es una decisión arbitraria, esto se llama delincuencia judicial”. De fondo crecía un canto a voces que decía “¡hasta el final, hasta el final!”
El viernes pasado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó la inhabilitación política por 15 años de María Corina Machado, y argumentó: “Está inhabilitada por quince (15) años por estar incurso (…) en la trama de corrupción del usurpador Juan Guaidó”, proclamado presidente interino hasta enero de 2023 en un intento por derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro”.
Para la corte, esa trama “propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos”.
De inmediato, el jefe de la delegación de la oposición en el diálogo con el Gobierno, Gerardo Blyde, denunció en conferencia de prensa que el TSJ no siguió las reglas del debido proceso porque la candidata no fue notificada de su inhabilitación ni pudo acceder a su expediente. “Mandaron sentencia sin pasar por etapas discursivas del proceso y cometieron violación del debido proceso y violación al derecho a la defensa”, sostuvo Blyde, al denunciar también que el proceso fue “discrecional”.
Mientras, el gobierno de EE.UU anunció que evalúa restablecer sanciones contra Venezuela luego de la decisión del máximo tribunal. Washington había anunciado el año pasado una flexibilización de las medidas contra Caracas en los sectores del petróleo y el gas, pero “ahora revisa” su política de sanciones “ante este hecho” y otros que apuntan a “candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil”, declaró el vocero del Departamento de Estado Matthew Miller.
