El pasado 24 de marzo, Argentina conmemoró el 47 aniversario del Golpe de Estado que inició la última dictadura cívico-militar en el país. Como cada año, miles de personas marcharon en las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del país para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y para reclamar por verdad, memoria y justicia.
La convocatoria fue masiva y se caracterizó por la diversidad de las organizaciones y colectivos que participaron en la marcha. Desde organismos de derechos humanos hasta sindicatos, pasando por agrupaciones políticas, estudiantiles, feministas y sociales, la manifestación reflejó la amplitud del reclamo por la defensa de los derechos humanos y la democracia.
En la Plaza de Mayo, epicentro de la movilización, se leyó un documento que fue consensuado entre las distintas organizaciones convocantes, con Madres y Abuelas a la cabeza. En él, se denunció la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, se exigió la continuidad de los juicios y se rechazó cualquier intento de revisión o modificación de las leyes que garantizan la memoria, la verdad y la justicia. Además, se generó el momento emotivo cuando se recordó a Hebe de Bonafini, siendo la primer jornada de memoria sin su presencia.
La movilización también estuvo marcada por la presencia de jóvenes y estudiantes que, en muchos casos, se acercaron a la lucha por los derechos humanos a partir de su compromiso con la lucha feminista y con otras causas sociales, y por supuesto políticas, tras más de una década donde se los reivindicó. La consigna “La memoria es nuestra bandera” reflejó la necesidad de mantener viva la memoria de las víctimas de la dictadura, y de seguir luchando por una sociedad más justa y democrática.
En este sentido, la marcha no fue solamente un acto de memoria, sino también una muestra de la vitalidad de la lucha por los derechos humanos y la democracia en el presente. En un contexto de creciente polarización y de ataques a los valores democráticos en muchos países de la región, la marcha del 24 de marzo fue una muestra de que la memoria y la lucha son las mejores herramientas para construir un futuro más humano, y donde la justicia sea un término tangible.
Es impactante como el recuerdo de los 30 mil desaparecidos continúa siendo convocante a 47 años del Golpe de Estado, a pesar de tantos discursos negacionistas que lo rodean. Es que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia aún está vigente. A pesar de los avances en los juicios por crímenes de lesa humanidad y de la condena social a la dictadura, aún existen obstáculos para lograr la plena equidad y reparación para las víctimas y sus familiares.
Reafirmar el compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos, es fundamentales para construir una sociedad más justa y solidaria. En un contexto en el que las fuerzas autoritarias y antidemocráticas están en ascenso en diferentes partes del mundo, la marcha del 24 de marzo se convierte en un acto de resistencia y de lucha por la defensa de la democracia.
Además, esta movilización también es una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y el presente de la sociedad argentina, y para honrar la memoria de las víctimas de la dictadura. Es una forma de recordar que la lucha por la justicia y la democracia es una tarea permanente, que debe ser transmitida a las generaciones futuras para evitar que se vuelvan a repetir hechos tan dolorosos como los vividos durante la última dictadura.
Cuidar la democracia
El 1 de septiembre del 2022, la vicepresidenta Cristina Kircher sufrió un intento de magnicidio cuando estaba por ingresar a su casa del barrio de Recoleta. A más de cuatro décadas, pareciera que ciertas cuestiones no avanzaron. Continúan la violencia y la intención de eliminar al enemigo, hasta como hecho político naturalizado.
En ambos casos, se trata de actos que atentan contra los derechos humanos y la democracia, y que buscan instalar el miedo y la represión como herramientas de control social.
En la dictadura militar, el objetivo era eliminar a toda forma de oposición y disidencia política, mediante la desaparición, la tortura y el asesinato de miles de personas que pensaban de manera diferente, o que podían obstruir sus intereses. Esta estrategia de terrorismo de Estado tuvo como objetivo imponer un modelo económico y político basado en la represión y la exclusión, siendo la primer experiencia neoliberal en el país.
Por su parte, el atentado a Cristina Kirchner, aunque no causó víctimas fatales, tiene una intención similar de eliminar a un enemigo político, utilizando la violencia como medio para lograr ese fin. Este acto de terrorismo busca sembrar el miedo y la inestabilidad en la sociedad, y atentar contra los valores democráticos.
En ambos casos, es necesario condenar estos actos de violencia, y no pecar de selectivo/a. Cualquier acto que atente contra una democracia por la que se derramó tanta sangre para su defensa, debe ser repudiado y castigado con la máxima severidad. Pero el arca mediática, donde nacen y se reproducen tantos discursos de odio que llevan a la planificación de u atentado, parece militar el olvido. Les aterra la memoria, porque la memoria es la mejor arma de defensa.
¿Se respeta el “Nunca más”?
Correpi dio a conocer recientemente su informe actualizado respecto a la violencia del aparato represivo estatal. Entre 1983 y 2022 fueron asesinadas 8701 personas a manos del aparato represivo del Estado, de los cuales, 436 casos ocurrieron durante el último año. En los últimos 3 años hubo 1606 asesinatos bajo custodia policial y más de 300 por gatillo fácil.
Alrededor de 224 personas por año son asesinadas por las fuerzas represivas estatales, es decir, más de una persona cada dos días. Por eso la exigencia de “una agenda urgente contra la represión”, ya que los números son verdaderamente preocupantes.
Cuando se dijo “Nunca más”, no se hizo con la idea de que quede en una frase suelta. Nunca más es nunca más. Hacerlo valer es una responsabilidad de todos y todas, pero sobre todo del Estado
