Correpi dio a conocer recientemente su informe actualizado respecto a la violencia del aparato represivo estatal. Allí advirtieron sobre la implementación de una agenda antirrepresiva urgente, los femicidios de uniforme y la creciente cantidad de fallecimientos en calabozos.
Como cada año, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó este viernes en Plaza de Mayo el Archivo actualizado de casos de personas asesinadas por el Estado entre 1983 y 2022. Durante ese periodo fueron asesinadas 8701 personas a manos de las fuerzas represivas estatales, de los cuales, 436 casos ocurrieron durante 2022.
“En esta 27a actualización, incorporamos 529 casos al Archivo, totalizando 8.701 de diciembre de 1983 a diciembre de 2022, contra 8.172 que teníamos registrados hace un año. Además, tomamos nota de 9 casos ocurridos después del 1o de enero de 2023″, explicaron desde la organización.
“Confirmando la permanente provisionalidad de la información del Archivo -aclararon-,siempre sujeta a crecer a partir de nuevos hallazgos, además de esos 436 casos ocurridos en 2022, incorporamos 91 casos ocurridos en el curso de 2021, año que así registra un total de 508 casos, y dos casos de años anteriores“.
Realizado bajo el reclamo de “una agenda contra la represión urgente” y con eje de los 40 años ininterrumpidos de democracia (que se cumplirán el 10 de diciembre de 2023) el informe dio cuenta de una caída en los casos de gatillo fácil bajo el gobierno de Alberto Fernández en comparación con la gestión de Mauricio Macri. No obstante, advirtieron sobre la situación carcelaria a nivel nacional, donde las muertes en calabozos fueron en aumento.
Desde la organización remarcaron que gracias a las recopilaciones periódicas que hacen la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria y otros órganos provinciales, como el Ministerio Público de la Defensa de Santa Fe comenzaron a existir fuentes confiables sobre las muertes en cárceles y advirtieron de un preocupante crecimiento.
Bajo el titulo de “Muertes bajo custodia estatal: Estar en un calabozo mata”, entre los ítems principales del informe, desde la Correpi indicaron que “la diferencia a favor de las muertes bajo custodia era muy inferior 20 años atrás, al punto que estaba casi a la par del gatillo fácil. A lo largo de los años se fue ampliando, hasta llegar en los últimos años a triplicar los fusilamientos en la vía pública. En los tres años de gobierno del Frente de Todos, la brecha es enorme, con 1.066 muertes bajo custodia contra 300 fusilamientos de gatillo fácil”.
En ese marco, explicaron que para comprender este incremento, es necesario “revisar la situación carcelaria nacional, y el índice de encarcelamiento que, según informes oficiales, entre 2001 y 2021 pasó de 34.000 personas privadas de libertad en cárceles a más de 100.000, a las que hay que sumar alrededor de 20.000 en comisarías, alcaidías e institutos”.
Asimismo, indicaron que otro de los motivos se debe a la “decisión judicial de mantener detenidas a personas condenadas a penas cortas (menos de tres años), lo que se quintuplicó entre 2005 y 2022, pasando de 202 a 1.020. De nuevo, esta situación se aceleró con la aprobación de la Ley de Flagrancia, que aumentó la cifra de 483 en 2016 a 811 en 2017, llegando en septiembre de 2022 a 1.020 personas detenidas por penas excarcelables”.
Otro de los puntos destacados y alarmantes del estudio apunta a los llamados “femicidios de uniforme”. Los dos primeros casos que se registraron en ese ámbito se remontan a 1992. La Correpi aseguró que “desde entonces el índice ha sido creciente, hasta llegar hoy a 434 femicidios sobre un total de 755 víctimas mujeres, cifra que convierte los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal”.
En el caso de las personas trans y travestis, resaltaron “la gran dificultad de que, en los reportes oficiales, especialmente de personas muertas en lugares de detención, pero también en casos de fusilamientos, se consignan los nombres de los documentos de identidad. Así, aunque sabemos que son más, sólo parecen registradas como tales 11 casos de transfemicidios y travesticidios cometidos por miembros de las FFSS”.
