El exministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, dio detalles del plan que pretende implementar la precandidata en caso de ganar las elecciones.
En la recta final de cara a las Elecciones 2023 varios políticos dan a conocer a diario sus diversas propuestas en caso de llegar a la Presidencia. En este marco, el exministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien forma parte del equipo económico de la precandidata presidencial Patricia Bullrich, reveló cuál es la reforma laboral que piensa implementar la exministra de Seguridad en caso de ganar.
“En los últimos años se estacionó la cantidad y la calidad del trabajo formal, inclusive se deterioró desde el punto de vista de los ingresos, y el que crece es el empleo informal”, comenzó argumentando Dante Sica en declaraciones a Radio Con Vos, al tiempo que aseguró que “hay número más, número menos, 5 millones de menos trabajadores informales”.
“No toda la culpa de eso es por el tema de las regulaciones laborales, pero claramente tiene uno de los principales roles”, explicó el exfuncionario para dar paso a la propuesta de Patricia Bullrich.
“Lo primero que hay que pensar es que hay que adecuar toda la normativa laboral que hoy tiene la Argentina, primero a las nuevas condiciones del mundo del trabajo y del mundo de las empresas. Hay que tratar de darle derechos y hacer un paquete donde puedan tener derechos todos aquellos trabajadores que están dentro del mercado laboral, pero quedaron fuertes los derechos. Y eso de alguna manera es una de las principales cuestiones. Y si querés, tenemos que recrear y mejorar las condiciones de empleabilidad”, sostuvo Sica.
No obstante, el exfuncionario profundizó: “Por un lado tenés que bajar los costos de incertidumbre con respecto a la salida laboral. Ahí hay una equivocación en el tema de que se dice que se quieren eliminar las indemnizaciones. Las indemnizaciones forman parte, si querés, de la ley de contrato de trabajo y es un derecho adquirido y es un tema que nadie lo quiere tocar. Lo que tenés que mejorar es la incertidumbre de salida porque es todo un sistema que se generó de faltas por los temas de informalidad”.
“Cuando las pymes toman personal tienen muchas dificultades con respecto a la incertidumbre de salida y, por tanto, eso es uno de los temas, si querés, que te afecta. Entonces ahí hay que limpiar un montón de regulaciones, de multas que están dando vueltas, que han generado lo que, si querés, caricaturísticamente se dice la industria del juicio, que de alguna manera tenés que limpiar y tenés que darle mucha claridad y mucha certeza con respecto a los costos, tanto de entrada como de salida”, concluyó Sica.
Como anticipó Ámbito, la reforma laboral que impulsa la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich reproduce, en al menos tres de sus ejes centrales, el objetivo flexibilizador contenido en la ley 25.250 que sancionó en 2000 el gobierno de Fernando de la Rúa con un escándalo institucional que derivó en la renuncia del entonces vicepresidente, Carlos “Chacho” Álvarez.
Es que al igual que las propuestas de Bullrich, la norma denominada “Banelco” por las sospechas de haber sido facilitada mediante el pago de supuestos sobornos a senadores peronistas, se basaba en el fin de la ultraactividad (la garantía de vigencia de los convenios de trabajo más allá de su vencimiento formal), la descentralización de las negociaciones colectivas y la reducción de las cargas patronales, entre otros puntos.
El corazón de la iniciativa laboral de la exministra de Seguridad de Mauricio Macri -y de Trabajo de De la Rúa- lo expuso la propia postulante esta semana en la exposición de la Sociedad Rural en Palermo. En apenas cinco minutos enumeró varios de los ítems coincidentes con la ley que signó el fin de la Alianza en 2000 y abrió un período de desgaste político y represión de las protestas que desembocó en diciembre del año siguiente en la renuncia de aquel gobierno.
Bullrich, además, le añadió otros tópicos no incluidos en aquella norma pero siempre presentes en el menú de reformas laborales de sesgo antisindical y orientadas a eliminar barreras de protección a los trabajadores. Entre ellos, y coincidentemente con la idea de su competidor en la interna de JXC, Horacio Rodríguez Larreta, planteó la necesidad de “desarmar el sistema de judicialización” laboral, así como “las multas y las tasas de interés que son imposibles” en alusión a las penalidades que se aplican contra los empleadores fuera de norma. También sugirió poner un tope de seis sueldos a la indemnización por despido y extender a otros rubros la modalidad de pago por cese de obra vigente en el gremio de la construcción (Uocra).
