El Presidente y Luis Caputo festejaron el superávit en enero y la reducción del gasto en febrero, pero a costa del achicamiento presupuestario en sectores clave.
El gobierno de Javier Milei alcanzó el déficit cero en enero y buscó tender al equilibrio fiscal en febrero a costa de un fuerte ajuste en los gastos en salud, el gasto previsional de Anses, los planes de primera infancia y de empleo, la obra pública y las transferencias discrecionales a las provincias.
“En enero, el Sector Público Nacional registró un superávit financiero de $518.408 millones. El superávit primario (antes de intereses de deuda) fue de $2.010.746 millones y el pago de intereses fue de $1.492.338 millones. El déficit cero no se negocia”, festejó el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales a mediados de febrero.
Sin embargo, alcanzar estos números no fue gratuito, ya que se lograron mediante una fuerte caída de la ejecución real del presupuesto respecto de alrededor del 29% respecto a los dos primeros meses del año 2023, según mostró un informe del CEPA.
Uno de los rubros que más ajuste tuvo en el primer bimestre es el de Salud, comenzando por las actividades del propio Ministerio de Salud (-40%) y la Superintendencia de Servicios de Salud (-59%). También se registraron recortes en el Hospital Posadas (-51%), Hospital Bonaparte (-19%), y el Instituto Malbrán (-12%).
En la misma línea, hay programas clave virtualmente paralizados por falta de fondos, como el de “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, “Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” y “Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles”.
También se registró, en enero y febrero, un importante achicamiento del gasto en los programas vinculados a la Seguridad Social, Salud y Desarrollo Social, mostró el CEPA. En estos ítems se observan fuertes ajustes en la ejecución de Anses (-38%), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (-7%), el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (-46%) y el INADI (-36%), previo a su virtual cierre anunciado por el Gobierno a finales de febrero. En el caso del SEDRONAR, se observa una caída en su ejecución devengada del 6%.
En materia educativa se observa 0% de ejecución en partidas sensibles como el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Programa Conectar Igualdad y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación.
A su vez, en materia de empleo y obra pública, el escenario es de una paralización casi total de las partidas presupuestarias, con caídas del 100% en programas como Apoyo para Infraestructura en Municipios, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica, en línea con el anuncio oficial de frenar toda obra que no estuviera ya ejecutada en su mayoría. En tanto, los programas de Acciones de Capacitación Laboral y Acciones de Empleo, ambos de la cartera de Trabajo, sufrieron ajustes del 93% y 80% respectivamente.
En cuanto a las partidas de las Transferencias No Automáticas a las provincias, o partidas “discrecionales”, se observan porcentajes de ejecución extremadamente bajos, cercanos al 0%, lo que explica el conflicto desatado recientemente con los gobernadores.
Por último, los organismos de seguridad también tienen marcadas caídas en su ejecución, salvo el Ministerio de Seguridad, que se ve incrementado en 36% interanual. Al contrario, se registraron caídas en el caso de la Policía Federal (-63%), Gendarmería Nacional (-57%) y la Policía de la Seguridad Aeroportuaria (-22%). La misma realidad se presenta para las Fuerzas Armadas, con reducciones de las partidas del Ejército (-5%), la Armada (-25%), y la Fuerza Aérea (-8%).
