El desfinanciamiento y despidos en la Secretaría de Derechos Humanos están generando alarma política y social. Legisladores y el gobernador Kicillof advierten sobre el impacto en sitios de memoria, esenciales para la justicia histórica. Organismos y trabajadores denuncian un “ajuste brutal” que amenaza la memoria colectiva y las políticas de derechos humanos.[Collection]
Denuncian a funcionarios por desmantelar la Secretaría de DDHH
Recortes presupuestarios y despidos generan tensión en los sitios de memoria
El desfinanciamiento estatal y los despidos masivos de trabajadores en la Secretaría de Derechos Humanos han encendido una nueva alarma en el ámbito político y social. Legisladores opositores y funcionarios provinciales advirtieron que estas medidas están poniendo en peligro el sostenimiento de los sitios de memoria, espacios fundamentales para el resguardo de la verdad y la promoción de justicia en torno a las violaciones cometidas durante la última dictadura cívico-militar.
La legisladora nacional Lucía Bertoloni subrayó que la situación es crítica. “Esto no es solo un recorte presupuestario; es una muestra clara del alejamiento total del gobierno actual respecto de las políticas de derechos humanos”, afirmó en declaraciones a la prensa. Sus críticas apuntaron a los funcionarios Hernán Lombardi y Darío Lopérgola, a quienes responsabilizó por las decisiones que están afectando gravemente el funcionamiento de numerosos espacios históricos.
Kicillof denuncia un “ajuste brutal” en políticas de derechos humanos
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también expresó su preocupación por las recientes políticas implementadas por el gobierno central. Durante un acto en La Plata, el mandatario calificó las medidas como un “ajuste brutal” que pone en jaque no solo a las estructuras administrativas, sino también a la memoria colectiva. “Estos recortes son profundamente regresivos y contrarios a nuestra historia de lucha por los derechos humanos”, sostuvo Kicillof.
El gobernador resaltó el impacto social de los centros de memoria, que funcionan no solo como espacios de reflexión sobre el pasado, sino también como herramientas educativas para las nuevas generaciones. “Cerrar o desfinanciar estos espacios es cerrar una ventana al futuro. Todo esto forma parte de un proceso mucho más perverso de abandono de las políticas públicas que reforzaban nuestro compromiso con el Nunca Más”, concluyó.
Preocupación por los sitios de memoria
Entre las instituciones afectadas, se encuentran sitios emblemáticos como la ex ESMA, el Pozo de Quilmes y el Olimpo, que han denunciado tanto la falta de materiales y recursos como una reducción drástica de personal. Según trabajadores que prefirieron permanecer en el anonimato, las últimas semanas marcaron “el desmantelamiento más grave desde la recuperada democracia”. Entre los trabajadores despedidos, muchos eran responsables de las actividades educativas y de difusión.
Estos complejos no solo mantienen viva la memoria sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sino que también operan como faros que iluminan la importancia de la democracia y la justicia. Incluso Amnistía Internacional y Abuelas de Plaza de Mayo han manifestado públicamente su rechazo ante el “recorte injustificado” en estos establecimientos. “El recorte deja desprotegidos espacios que tienen una función indelegable para nuestra sociedad”, señalaron los organismos a través de un comunicado conjunto.
Los funcionarios en el centro de la polémica
Las críticas parlamentarias y sociales se centran en dos figuras clave dentro del Gobierno Nacional: Hernán Lombardi, director del Sistema Federal de Medios Públicos, y Darío Lopérgola, subsecretario de Derechos Humanos. Ambos han ocupado el foco de la denuncia por liderar iniciativas que, según sus detractores, han priorizado la austeridad por encima del compromiso histórico con los derechos humanos.
Desde sus respectivas carteras, los funcionarios argumentan que las medidas responden a la necesidad de “revisar” y “optimizar” los recursos destinados a las actividades de memoria. Sin embargo, estas justificaciones han sido rechazadas tanto por organismos de derechos humanos como por miembros de la oposición, quienes interpretan estas acciones como una señal de “desinterés deliberado”.
Contexto político y social
En un marco de creciente cuestionamiento hacia las políticas implementadas por el Ejecutivo, el tema de los derechos humanos se ha convertido en un eje de tensión constante. Según reportes preliminares, el presupuesto asignado a la Secretaría de Derechos Humanos para el año en curso registró una caída del 40% en términos reales comparados con el ejercicio anterior, en un contexto inflacionario que agrava aún más la situación. En este sentido, legisladores, organizaciones sociales y trabajadores afectados ya han anticipado la realización de nuevas protestas.
“Esto es un atentado contra la memoria, la verdad y la justicia. Si desde el Estado no se sostiene esta política como eje central, estamos ante un retroceso peligroso”, concluyó Bertoloni antes de dar cuenta de las numerosas reuniones planificadas con organismos de DDHH en los próximos días.
Fuente de la información: Luciana Bertoloni
