El Gobierno había asignado 100 mil millones de pesos a la SIDE. Maximiliano Ferraro, el diputado de la Coalición Cívica, afirmó que en tres semanas, la agencia de inteligencia ya había gastado gran parte de esos fondos.
La Secretaría de Inteligencia (SIDE) ha utilizado ya el 80% de los 100 mil millones de pesos en fondos reservados que el presidente Javier Milei le asignó por decreto hace tres semanas. La agencia de inteligencia ha comprometido aproximadamente 80 mil millones de pesos, sin necesidad de rendir cuentas. El Congreso intentaba frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilitaba este gasto, advirtiendo que se utilizaría para comprar periodistas y perseguir a opositores.
La denuncia sobre el uso de estos fondos reservados fue hecha pública por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. A través de la red social X, el legislador afirmó: “Para operaciones de la SIDE, ‘sí hay plata’: ya se ejecutaron 80 mil millones”.
La información compartida por el diputado proviene de un análisis detallado de los datos disponibles en el sitio Presupuesto Abierto. Según el DNU, la asignación de estos millonarios fondos a la SIDE se justifica por la “necesidad de asignar partidas presupuestarias que permitan financiar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los organismos desconcentrados que lo integran”, es decir, el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos, creada como ente de control de los anteriores.
El Gobierno, con algunas modificaciones controvertidas, disolvió la AFI y reinstaló la SIDE. Los cambios introducidos permiten la realización de contrainteligencia basándose en “opinión política, o la adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales”, y establecen que la designación de sus autoridades no requerirá aprobación del Congreso, entre otros.
Una de las modificaciones más polémicas en este regreso es que la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) tendrá la función de realizar contrainteligencia contra “toda amenaza contra el orden constitucional y los poderes públicos”, para lo cual dispondrá de “medios propios para la obtención y reunión de información”.
Este apartado contrasta con lo establecido en la Ley de Inteligencia N° 25.520, que en su artículo 4 prohíbe al organismo “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
Otro aspecto cuestionable es la modificación del artículo 15 de la Ley de Inteligencia, que anteriormente exigía que las designaciones del Ejecutivo fueran aprobadas por el Congreso. Ahora, simplemente serán “comunicadas” al Parlamento. “Las designaciones del Secretario de Inteligencia, así como las de los titulares de los mencionados órganos desconcentrados, serán debidamente comunicadas a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del H. CONGRESO DE LA NACIÓN”, señala uno de los artículos que decretó el regreso de la SIDE.
Además, se eliminó la prohibición de alegar “obediencia debida” en casos concretos, una disposición que estaba contemplada en el artículo 5 bis de la Ley de Inteligencia. “La obediencia debida no podrá ser alegada como eximente de responsabilidad”, indicaba la normativa anterior, algo que ya no está contemplado.
