Luis Carzoglio había sido denunciado por el procurador bonaerense Julio Conte Grand, vinculado a la exgobernadora María Eugenia Vidal.
El jurado de enjuiciamiento que llevaba adelante el jury contra el juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio decidió este jueves la destitución e inhabilitación del magistrado, suspendido en sus funciones desde 2018.
Carzoglio fue suspendido en 2018 tras negarse a cumplir con un pedido de detención contra los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano por supuesta administración fraudulenta en el Club Atlético Independiente.
Tras la declaración de 85 testigos, 55 de los cuales fueron propuestos por la defensa del magistrado, encabezada por el abogado Diego Raidán, el jurado definió hoy la destitución e inhabilitación del magistrado.
La decisión, adoptada en los tribunales de la ciudad de La Plata, fue leída por el secretario de la Comisión Permanente, Ulises Giménez, tras un pedido de la jueza Hilda Kogan que presidió en tribunal.
El jurado además estuvo integrado por los legisladores provinciales de Juntos Ismael Passaglia y Erica Revilla; del Frente de Todos (FdT) Débora Galán y Maite Alvado, y de Espacio Abierto, Walter Carusso, y los abogados Pablo Esteban Perrino, Graciela Beatriz Amione y Jorge Pablo Martínez, de La Plata; Juan Emilio Spinelli, de Necochea, y Pedro Jorge Arbini Trujillo, de San Isidro.
Carzoglio denunció que, durante el gobierno de Mauricio Macri, y tras rechazar el pedido de detención que el fiscal Sebastián Scalera pidió para Pablo Moyano, dos agentes jerárquicos de la AFI, Rubén Di Pasquale y Juan Sebastián De Stéfano le pidieron la detención de los sindicalistas e, incluso, le entregaron un borrador de la resolución que debía firmar.
Tras esa negativa, Carzoglio fue denunciado por el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, vinculado a María Eugenia Vidal, por presuntas irregularidades en el desempeño de su función, como amparos sin sorteos, órdenes de allanamientos sin fecha y haber resuelto beneficios a presos de expedientes ajenos.
También, por “formular expresiones indecorosas y agresivas” contra una agente fiscal, por “maltrato” al personal de su juzgado y por irregularidades al ordenar el allanamiento del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús.
Así, primero se lo apartó en forma preventiva por 90 días, luego se resolvió directamente suspenderlo y hoy fue destituido de su cargo e inhabilitado.
