En plenario de comisiones, legisladores de la Cámara baja iniciaron la discusión de proyectos que alcanzan también la trata de personas y las organizaciones criminales.
Con el impulso del Ministerio de Seguridad, una serie de reformas del Código Penal iniciaron su tratamiento en las comisiones de la Cámara baja. Confluyen también proyectos de diputados de bloques opositores, que buscarán obtener consensos para alcanzar el dictamen durante el mes de agosto.
La Comisión de Legislación Penal convocó al tratamiento de cuatros proyectos: modificación de la legislación sobre Trata de Personas y Secuestro de Armas de Fuego, ley de Régimen Penal Juvenil (en conjunto con miembros de las comisiones de Niñez, Presupuesto y Justicia) y Abordaje Integral del Crimen Organizado (junto a legisladores de las comisiones de Seguridad Interior). Como representantes del Ejecutivo, estarán presentes Fernando Soto -director Nacional de Normativa-, Sebastián Amerio -secretario de Justicia- y Alberto Nanzer – Subsecretario de Política Criminal-.
La reforma que concentró la primera hora de debate fue la de Régimen Penal Juvenil, cuya centralidad es la baja de edad de imputabilidad: todos los bloques presentaron proyectos propios: el oficialismo busca reducirla de 16 a 13 años, el PRO y la UCR proponen bajarlo a 14, mientras que Unión por la Patria apunta a conservarlo en 16.
Todos establecen parámetros normativos similares para determinar el tránsito de la pena: “Dependencias acondicionadas”, con asistencia a programas educativos, de deportes y de capacitación laboral. Son expresas las coincidencias en la necesidad de ampliar la intervención estatal para las personas de 14 y 15 años a través de instituciones punitivas.
La baja de edad de imputabilidad comenzó a insinuarse dentro del Gobierno en el marco del crimen de un adolescente en la ciudad de Rosario, en marzo de este año. Este martes, y a través de sus redes sociales, la ministra Patricia Bullrich publicó un video en donde repasaban noticias policiales y expresó que el Régimen Penal Juvenil conforma “una ley Bases para la seguridad de todos los argentinos”.
En representación del Gobierno, Alberto Nanzer reconoció que existen datos fragmentarios en el delito juvenil (los que citó, fueron rebatidos por los parlamentarios presentes) pero mencionó tres condiciones que motivaron la redacción: “la edad de imputabilidad genera un tratamiento inadecuado y eso representa un problema en la credibilidad de la justicia”; “el derecho penal argentino no está del todo calzado con el derecho constitucional, situación que se solucionó de forma jurisprudencial”; y “en Argentina la tasa de reiteración delictiva es alta en general y es especialmente alta en el sistema penal juvenil”. “Entendemos que el tratamiento que están teniendo las víctimas respecto a menores de 16 años que cometen un delito no es adecuado”, sintetizó.
Desde las bancadas consideradas dialoguistas acompañaron la petición de un debate más extenso. La principal oposición se expresó desde el bloque de Unión por la Patria: insistieron en la subejecución en proyectos de seguridad que existen en la actualidad, el reducido porcentaje de adolescentes que cometen delitos en comparación con la población adulta y el déficit de infraestructura penal que provoca la sobrepoblación carcelaria actual, que se acrecentaría con la baja de edad de imputabilidad. Desde el Frente de Izquierda solicitaron convocar a personas que atravesaron condenas en centros cerrados de menores.
En el inicio de la jornada, se presentó el proyecto de los bloques federales que busca modificar el artículo 145 bis sobre Trata de Personas, incluyendo penas de “cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica”. Entre los argumentos, se deducen las consecuencias del caso de Loan Peña: se habla de “entrega de niños”.
También se incluyó en la agenda la reforma de la legislación sobre el secuestro de armas de fuego, incorporando el artículo 23 bis que establece un período máximo de seis meses para la destrucción de las incautaciones, con el fin evitar el mercado negro de municiones.
Por último, la ley de Abordaje Integral del Crimen Organizado, conocida como ley Antimafias, busca establecer qué se entiende judicialmente como crimen organizado y establece una pena de entre 8 y 20 años de prisión o reclusión por la “mera pertenencia a la asociación” delictiva. El artículo de mayor impacto estipula que cualquier persona que se le atribuya integrar un grupo criminal “será reprimido con la pena que correspondiera al delito más grave cometido por la organización”.
Otras de las herramientas que se proponen tiene que ver con la incorporación del concepto de “Zona Sujeta a Investigación Especial”, con el objeto de establecer mecanismos de actuación más rápido en un territorio que se considere prioritario.
El concepto de organización criminal contempla la comisión de delitos descriptas, cuando algún hecho criminal “tiene por fin asegurar el control de un territorio” y cuando “los mecanismos establecidos para hacer cumplir la ley son notoriamente insuficientes para hacer cesar una cadena de hechos delictivos”. En ese marco, las Fuerzas Policiales están facultadas a detener a una persona hasta por 48 horas para realizar averiguaciones.
