El texto fue votado por una amplia mayoría de 88 de los 116 legisladores de la Asamblea Nacional. Se espera una nueva votación la próxima semana para definir la continuidad del mandatario.
El Parlamento de Ecuador aprobó este martes con 88 votos avanzar en un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por malversación de fondos públicos, y ahora el pleno del cuerpo deberá volver a reunir un mínimo de 92 votos para confirmar su destitución. La resolución se alcanzó gracias al respaldo de varias agrupaciones políticas, sobre todo de la correísta Unión por la Esperanza, el Partido Social Cristiano y el movimiento indígena Pachakutik, así como de independientes. En contra del juicio, que aún no tiene fecha de inicio, votaron 23 diputados y cinco se abstuvieron.
Presunto peculado
La solicitud es la de “enjuiciar políticamente al presidente de la República por la infracción constitucional de peculado”, señaló el texto votado por una amplia mayoría de los 116 legisladores de la Asamblea Nacional presentes en la sesión. Según la acusación, “se evidencia el desvío o distracción de los fondos” generados por la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con compañías privadas, como Amazonas Tanker, con las que tenía relación contractual para el transporte de crudo.
De acuerdo a la asambleísta Viviana Veloz, el presidente Lasso junto a un delegado suyo, Hernán Luque, “definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”. Veloz asegura que Lasso “conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec” y que incumplió su deber constitucional de impedir una supuesta trama de corrupción. La defensa del presidente alega que dicho contrato fue firmado en 2018, dos años antes de que tomara posesión del cargo, en mayo de 2021.
Veloz, una de los interpelantes para la causa, aseguró en Twitter: “Un presidente caído es un presidente liquidado políticamente. ¡El juicio va! Más allá de los embustes y argucias de los legisladores oficialistas. El pueblo los juzgará y jamás volverán a poner un pie en el hemiciclo legislativo. El tiempo de Lasso y sus acólitos pronto acabará”. Al cierre de la sesión, que duró más de cinco horas, hubo aplausos, silbidos y gritos de “Fuera Lasso” en el pleno del Parlamento.
En el exterior del Palacio Legislativo, la policía reforzó el dispositivo de seguridad debido a que el correísmo había convocado a manifestaciones y un pequeño grupo de opositores al gobierno exigía la destitución de Lasso, quien asumió en mayo de 2021. Sin embargo, no se produjeron incidentes.
¿Cómo sigue el juicio?
El siguiente paso es que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, continúe con el trámite del proceso de juicio político acorde al artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Según el artículo 142 de dicha norma, luego de la aprobación por más de 70 votos, tal como se alcanzó este martes, se debe convocar a una nueva sesión para que los parlamentarios se pronuncien a favor o en contra de la censura y destitución del presidente.
Lasso podrá ser sancionado de reunirse un mínimo de 92 votos de los 137 integrantes del Parlamento y, en caso de ser destituido, el vicepresidente asumiría la primera magistratura hasta el año 2025. Según el asambleísta Fernando Cedeño la convocatoria debería ser el próximo lunes, es decir, un día después de la renovación de las autoridades de la Asamblea prevista para el domingo 14 de mayo. Y el juicio debería llevarse adelante aún si el presidente ecuatoriano no asiste a la sesión del pleno.
El bloque oficialista acusó durante la sesión del martes a los partidarios del expresidente Rafael Correa de promover un “golpe de Estado parlamentario” contra el gobierno de Lasso. El coordinador de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional, Juan Fernando Flores, aseguró que la intención de la resolución era “hacer una medición” de las fuerzas de la oposición para la posible destitución de Lasso.
Más temprano, el ministerio de Gobierno señaló que el proceso legislativo carecía de validez. “No es admisible que se quiera violentar el debido proceso, al someter a juicio político sin un informe motivado”, debido a que la comisión parlamentaria de Fiscalización y Control Político no pudo aprobar una recomendación de si procedía o no el juicio contra el presidente. El sábado pasado la comisión de Fiscalización no alcanzó los cinco votos sobre nueve necesarios para aprobar el informe de su presidente, Fernando Villavicencio, que desestimaba el enjuiciamiento.
Lasso, de 67 años, ya dijo en otras ocasiones que asistirá al juicio, avalado también por la Corte Constitucional, porque es su “obligación poner la cara ante el pueblo”. Sin embargo, también advirtió que entre sus facultades constitucionales está la de disolver la Asamblea Nacional por una sola vez y dentro de sus primeros tres años de gestión, para dar paso a elecciones generales anticipadas con miras a completar el período de cuatro años, lo que se denomina “muerte cruzada”.
Esta es la segunda ocasión en que la Asamblea Nacional, donde la oposición es mayoría pero está dispersa, pretende remover del cargo al impopular mandatario. En medio de violentas protestas indígenas por el alto costo de vida, en junio pasado, un grupo de diputados presentó una moción de destitución por grave conmoción social, pero no alcanzó los votos necesarios.
Fuente: Desde abajo
