Entre las modificaciones está la posibilidad de hacer contrainteligencia contra “toda amenaza contra el orden constitucional”, la designación de autoridades sin la venia del Congreso y el regreso de la posibilidad de alegar “obediencia debida”.
Con algunos polémicos cambios, el Gobierno nacional oficializó la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el regreso de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que dependerá directamente del presidente Javier Milei y estará a cargo del secretario Sergio Neiffert. Las nuevas modificaciones permitirán realizar contrainteligencia por “opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales” y que la designación de sus autoridades no deberán pasar por el Congreso, entre otras.
El Ejecutivo lo oficializó este martes a través de la publicación de los decretos 614 y 615/2024 en el Boletín Oficial. “Disuélvese la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA (AFI), creada por la Ley N° 27.126, organismo rector del Sistema de Inteligencia Nacional”, establece el primer artículo del decreto 614.
El siguiente artículo realiza una modificación en el artículo 9° del Título III de la Ley de Ministerios N°22.520, generando que la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se sume a las ya existentes General, Legal y Técnica, de Planeamiento Estratégico Normativo, y de Prensa. La SIDE tendrá cuatro nuevos organismos: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), a cargo de Alejandro Colombo; la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), que dependerá de Alejandro Pablo Cecati; la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) que estará en manos de Ariel Waissbein; y la División de Asuntos Internos (DAI), que aún no tiene un titular.
Una de las polémicas modificaciones que establece el decreto es que la ASN tendrá la función de hacer contrainteligencia sobre “toda amenaza contra el orden constitucional y los poderes públicos”, para lo que contará con “medios propios para la obtención y reunión de información”.
Este apartado se contrapone con lo expresado por la Ley de Inteligencia N° 25.520, que en su artículo 4 determina que el organismo tiene prohibido “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
Otro de los aspectos irregulares del decreto es el cambio del artículo 15 de la Ley de Inteligencia, que exigía que las designaciones del Ejecutivo también debían tener la venia del Congreso, una situación que ahora simplemente será “comunicada” al Parlamento. “Las designaciones del Secretario de Inteligencia, así como las de los titulares de los mencionados órganos desconcentrados serán debidamente comunicadas a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del H. CONGRESO DE LA NACIÓN”, señala el artículo 20 del decreto.
Además, se eliminó la prohibición de argumentar “obediencia debida” ante un hecho puntual, que estaba contemplado en el artículo 5 bis de la Ley de Inteligencia. “La obediencia debida no podrá ser alegada como eximente de responsabilidad”, indicaba la anterior normativa, algo que ya no figura.
Entre otras de las polémicas modificaciones está que la SIDE tendrá “amplias facultades de administración y control de las partidas presupuestarias de sus órganos desconcentrados”, la eliminación de las declaraciones juradas para sus integrantes y la creación de una nueva Fiscalía Especializada en Inteligencia para “cooperar” con el organismo.
Entre los considerandos del decreto 614 para justificar los cambios se destaca el presunto “deterioro” del Sistema de Inteligencia Nacional, que se remarca que “no han sido del todo esclarecidos” los ataques terroristas a la Embajada de Israel en 1992 y a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, del que mañana se cumplirán 30 años. “Que hace más de TRES (3) décadas que el Sistema de Inteligencia Nacional presenta un deterioro relevante que socava el funcionamiento de las instituciones democráticas y vuelve vulnerable a la REPÚBLICA ARGENTINA frente a diversas amenazas”, señala el texto.
Además, se menciona tanto la muerte del exfiscal Alberto Nisman, calificado como “un hecho de suma gravedad institucional” y el intento de magnicidio de la dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tildado como “un hecho sin precedentes”. “Que la tentativa de magnicidio a la ex-Presidente de la Nación, Dra. Cristina Elisabet FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, ocurrida en el año 2022, constituyó un hecho sin precedentes que puso de manifiesto una vez más las dificultades que atraviesa el Sistema de Inteligencia Nacional, por haber sido completamente inadvertida”, apunta el decreto.
El Gobierno ya había anunciado ayer la medida a través de la cuenta de X de la Oficina del Presidente. “La desnaturalización del rol de la agencia de inteligencia durante décadas fue total; lejos de poner sus recursos al servicio de la protección del pueblo argentino, el organismo fue utilizado para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica”, indicó Presidencia.
Para la gestión de Milei, “sin una supervisión efectiva, producto de intervenciones que se extendieron durante años, la proliferación de estas conductas constituyó una deuda con el sistema democrático y republicano que hoy comenzamos a saldar”. “La SIDE tendrá el control operativo de cuatro agencias creadas con el fin de #transformar y modernizar el sistema de inteligencia, promoviendo la excelencia y el profesionalismo en el desarrollo de sus tareas”, subrayó el comunicado oficial.
