Gustavo Melella rechazó la continuidad del control nacional sobre el Puerto de Ushuaia. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que conduce Iñaki Arreseygor, prorrogó la intervención administrativa y vinculó su finalización al cumplimiento de un plan de obras. La resolución 69/2026, firmada el 18 y publicada este jueves 19, no fija una fecha general de restitución de la administración a Tierra del Fuego.
El gobernador cuestionó la decisión por considerar que desconoce la autonomía provincial y el derecho de los fueguinos a decidir sobre sus recursos, según el mensaje difundido el 18 que recoge Sur54. La disputa enfrenta dos competencias concretas: la administración provincial de una infraestructura propia y el control técnico y operativo que invoca la autoridad nacional. El puerto sostiene actividades comerciales, abastecimiento y servicios turísticos.

Las obras tienen fechas; la devolución, una condición
El esquema dispuesto en enero contemplaba una intervención por doce meses, prorrogable por un acto fundado. La nueva resolución liga su continuidad al cumplimiento del plan aprobado. Los considerandos indican que las inversiones se sostienen con los ingresos de las tarifas portuarias: quien administra la terminal también decide sobre esa aplicación de recursos.
El anexo permite precisar el horizonte de las tareas. El recambio de defensas del muelle comercial tiene finalización estimada en mayo de 2027; las redes de agua y electricidad y los nuevos muelles de catamaranes, en diciembre de ese año. La reparación de los sitios 3 y 5 se proyecta hasta marzo de 2028, y la del frente del sitio 1, hasta diciembre de 2028. Esas previsiones no constituyen una fecha comprometida de devolución del puerto.
El propio plan advierte que los plazos dependen del presupuesto, los procedimientos de contratación, la coordinación con la operatoria, el clima y otras contingencias. La ANPYN reconoce avances desde enero en relevamientos, mantenimiento y organización de los servicios, pero sostiene que no alcanzan para completar las necesidades de infraestructura. Son el diagnóstico y los objetivos del organismo, no una auditoría técnica independiente de La Red.
Qué administración sigue en manos nacionales
La prórroga mantiene las funciones operativas, técnicas y administrativas de la intervención. La resolución también adecúa la planimetría y precisa que abarca infraestructura, maquinaria, instalaciones y espacios terrestres y acuáticos dentro de la jurisdicción portuaria, en correspondencia con la morfología de las administraciones precedentes. Esa delimitación no acredita una transferencia de la propiedad del puerto a Nación.
La norma exige mantener los servicios mínimos y la seguridad portuaria, y dispone notificar a la Provincia, a su Dirección de Puertos, a la Aduana y a Prefectura. Arreseygor deberá sostener la ejecución y el seguimiento de las obras que condicionan el fin de la intervención; Melella mantiene su rechazo político a que la administración provincial siga desplazada. Los contratos, los avances materiales y la evaluación de cumplimiento permitirán seguir esa disputa sobre el control de la terminal.
Fuentes
- ANPYN, resolución69/2026, original del19
- Sur54, resolución y posición de Melella del18
- Anexo 1 de resolución69/2026
Portada adaptada de un retrato de Gustavo Melella de Argentina.gob.ar, autor individual no informado, 4/2/2020. CC BY 4.0. Recorte, virado y montaje.



