Cecilia Torres Otarola, exministra de Chubut, fue condenada por contrataciones irregulares, incluyendo a su empleada doméstica como trabajadora legislativa. La investigación reveló abusos de poder, generando un perjuicio económico al estado. Este caso, denominado “Ñoquis calientes”, pone de relieve la necesidad de controles más estrictos en la administración pública.[Collection]
Exministra de Chubut condenada por contrataciones irregulares de empleados
Una red de irregularidades en la gestión pública
Cecilia Torres Otarola, exministra de la Familia y Promoción Social en Chubut, fue condenada por la Justicia tras comprobarse su participación en un esquema de contrataciones irregulares durante su gestión. Entre las irregularidades, se constató que hizo pasar a su empleada doméstica como trabajadora en la Legislatura y otorgó un cargo público a quien era jardinero en su domicilio particular. Estos hechos han generado un fuerte impacto en la política provincial, dejando al descubierto manejos poco éticos en el manejo de recursos públicos.
Revelaciones y pruebas contundentes
La investigación reveló que Torres Otarola, además de ser responsable de estas contrataciones cuestionables, permitió que su segunda al mando en el Ministerio, la entonces secretaria de Familia, también incorporara a diversos familiares al organigrama del área. Tanto la legisladora como su colaboradora directa maniobraron para insertar a personas cercanas en estas posiciones, valiéndose de sus posiciones de poder.
Uno de los casos paradigmáticos fue el de la niñera de Torres Otarola, quien figuraba como empleada de la Legislatura provincial. A pesar de estar registrada, su actividad profesional se limitaba al cuidado de los hijos de la exministra. A esto se le sumó el caso del jardinero personal, quien también fue colocado en un cargo externo. Según informes oficiales, ninguno de estos “trabajadores” cumplió con las funciones para las que fueron contratados.
Impacto fiscal y cargos judiciales
Según la causa, estas incorporaciones irregulares representaron un perjuicio económico significativo para las arcas estatales. Se estima que el Estado destinó cientos de miles de pesos en sueldos para empleados que no cumplían tareas públicas. Estas maniobras constituyen una violación a la normativa administrativa y un abuso de poder.
La sentencia contra Torres Otarola fue dictada tras la recolección de pruebas documentales y testimoniales que confirmaron los hechos. En su defensa, la exministra intentó justificar los movimientos, aunque no logró revertir la evidencia presentada por el fiscal a cargo. El tribunal determinó que la exfuncionaria incurrió en “contrataciones fraudulentas destinadas al beneficio personal”.
El accionar de la justicia
El caso, conocido como “Ñoquis calientes”, ha sido uno de los episodios más resonantes en materia de corrupción en Chubut. Las autoridades judiciales destacaron que este tipo de manejos irregulares desprestigian la función pública y afectan gravemente la credibilidad de los gobiernos provinciales. Varias investigaciones similares están en curso en el marco de un análisis más amplio sobre el uso indebido de recursos públicos en distintos niveles del Estado.
Por su parte, Torres Otarola recibió una condena que podría sentar un importante precedente en la lucha contra la corrupción, no sólo en Chubut sino también en otras provincias. El caso reavivó el debate sobre la necesidad de implementar mayores controles en el sistema estatal para prevenir este tipo de abusos.
Fuente: @anatronfi06
