El documento lo firmaron los mandatarios Ignacio Torres, Alberto Weretilneck, Claudio Vidal, Gustavo Melella y Rolando Figueroa.
Gobernadores de la Patagonia rechazaron el proyecto ley de ómnibus enviada al Congreso por Javier Milei y difundieron un comunicado “en defensa de la soberanía, los recursos y la industria pesquera de las provincias patagónicas”. En el documento, dijeron sobre el proyecto: “Nos obliga a defender la actividad pesquera de nuestra región, su sostenibilidad y principalmente la soberanía de nuestro país”.
El comunicado lo firmaron el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres; el mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck; el de Santa Cruz, Claudio Vidal; el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y el de Neuquén, Rolando Figueroa.
En el documento, se refirieron a tres “modificaciones en materia de regulación que impone la propuesta legislativa realizada por el Poder Ejecutivo Nacional, conocida como ‘ley ómnibus'”. Se trata de la “modificación en la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos”, la “competencia desigual en la asignación de cupos de captura” y la “eliminación de la obligatoriedad de contratar personalidad de nacionalidad argentina”.
“En primer lugar vemos con preocupación la derogación del Artículo 25° del Régimen Federal de Pesca, Ley 24.922, que con anterioridad a esta reforma obligaba a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en suelo argentino, es decir, miles de personas que trabajan en torno a la actividad, como estibadores y personal de logística para que después las plantas procesen los productos. Con su derogación, nuestros recursos se podrían descargar fuera de nuestro país lo que afectaría considerablemente la industria nacional en términos laborales y económicos”, dijeron sobre el primer punto que marcaron.
Respecto al segundo artículo que expusieron, los gobernadores expresaron: “Tiene que ver el Artículo 27° también del Régimen de Pesca, que sufriría una modificación ya que con anterioridad, para acceder a los distintos cupos de especies, se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que habían generado de manera efectiva, entre otros aspectos. Hoy, la modificación indica que nada de todo esto tiene valor, sino que queda sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, una competencia absolutamente desigual”.
Sobre el tercer artículo, marcan: “Por último, el artículo 40° de la misma Ley, establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia. A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, que no están alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, punto que afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región”.
“Sumado esto, también resulta preocupante que la reforma pretendida sobre el art. 9 de la Ley federal de pesca, provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras por cuanto la modificación remueve atribuciones del Consejo Federal Pequero para que sean ejercidas de forma exclusiva por parte del funcionario designado por el Poder Ejecutivo Nacional.
De tal manera las decisiones en materia pesquera dejan de ser determinadas de manera democrática y se cercena la voluntad de las Provincias que delegaron facultades en el Consejo Federal Pesquero al momento de adherir a la Ley Federal de Pesca”, siguieron y concluyeron: “Por todo lo expuesto, rechazamos las modificaciones impuestas y consideramos que es momento de defender la soberanía, los recursos que son de nuestra región y de igual forma los empleos para trabajadores argentinos, dado que en caso de llevarse adelante las reformas planteadas, habrá consecuencias devastadoras para la totalidad de la industria pesquera de las Provincias Patagónicas, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos, además de debilitar la soberanía económica”.
