Los acontecimientos de Jujuy desde la reforma constitucional impulsada por Morales empeoran día a día.
La situación en Jujuy está empeorando progresivamente. El gobierno de Gerardo Morales, quien actualmente es candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, continúa estigmatizando las protestas sociales. El Poder Judicial de la provincia ha solicitado la detención de 22 personas que participaron en una marcha el 30 de junio en Humahuaca, en rechazo a la reforma constitucional propuesta por el gobernador radical. También se ha solicitado el allanamiento de los hogares de los acusados.
Se ha presentado una denuncia por parte de un grupo de miembros del Concejo Deliberante de una localidad, y el fiscal Enrique Alancay ha solicitado órdenes de allanamiento y detención. Se acusa a los manifestantes de delitos graves como sedición y privación ilegítima de la libertad, con el objetivo de mantenerlos bajo custodia. Según la información disponible, hasta el momento cinco de las 22 personas señaladas han sido detenidas, y al menos tres de ellas fueron trasladadas de Humahuaca a San Salvador de Jujuy, aunque se desconoce su paradero. Paralelamente, docentes y estudiantes han denunciado la irrupción ilegal de la policía provincial en la Universidad Nacional de Jujuy.
Abogados de diversas organizaciones que siguen la tensa situación en Jujuy han explicado que “aún no todos están detenidos, pero se está trabajando en ello”. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha resaltado que el gobierno ha cumplido su amenaza de criminalizar a líderes sociales e indígenas, y ha señalado que, a través de esta denuncia, el gobierno de Jujuy intenta convertir una movilización en un intento de sedición y secuestro. El CELS ha denunciado que la fiscalía y el juez están eligiendo criminalizar la protesta social. Durante la tarde del miércoles, Renzo Braian Laguna, Agustín Zamboni y Rolando Tapia fueron citados para enfrentar las acusaciones en su contra y designar a un abogado defensor en la comisaría número 15 de Humahuaca. Fueron arrestados en ese momento y posteriormente llevados al hospital local, desconociéndose su paradero actual. Sus familias se presentaron en la comisaría sin obtener ninguna respuesta.
En el contexto de las protestas que han ocurrido en la provincia desde que Morales propuso una reforma constitucional, con el objetivo de otorgar recursos naturales y prohibir los bloqueos de calles y carreteras, el 30 de junio en Humahuaca, los residentes locales protestaron cerca del Concejo Deliberante exigiendo la renuncia de los concejales y oponiéndose al avance de la nueva Constitución. La policía de Jujuy reprimió violentamente la manifestación, resultando en personas gravemente heridas, incluyendo jóvenes que perdieron la visión, como Joel Rodrigo Paredes, de 28 años.
En el mismo miércoles, el fiscal Alancay emitió órdenes de allanamiento y detención para las 22 personas que participaron en esa manifestación, incluyendo a docentes, empleados municipales y sindicalistas. Según el documento, se solicitó el allanamiento “para buscar y confiscar dispositivos electrónicos y teléfonos móviles de uso personal de los acusados con el fin de localizarlos geográficamente el día del incidente y cualquier otro elemento relacionado con el delito investigado”. El fiscal también solicitó la detención de las 22 personas por “privación ilegítima agravada”, argumentando que un grupo de seis concejales fue retenido por los manifestantes al finalizar una sesión especial del Concejo. También se les acusa de sedición, debido a que, según el fiscal, estas personas “se alzaron públicamente contra la Constitución de la provincia, portando palos, piedras y realizando fogatas”. Otros delitos imputados incluyen resistencia a la autoridad, daño agravado a bienes de uso público, lesiones leves doblemente agravadas e instigación a cometer delitos.
Los allanamientos en los hogares comenzaron alrededor del mediodía del miércoles y, según la información recopilada, al menos cinco personas fueron detenidas. Se cree que tres de ellas fueron trasladadas en ambulancia a la capital provincial, pero hasta el momento no se sabe su ubicación. Un dirigente social que intentaba obtener información desde la capital provincial sobre lo que estaba sucediendo en Humahuaca explicó: “Los están llevando a San Salvador, y esto es una locura porque hay cuatro o cinco cortes de ruta desde Humahuaca hasta allí, y no sabemos si es una estrategia para provocar una reacción de las personas que están bloqueando y realizar más detenciones”. Una abogada que intentaba llegar a Humahuaca para comprender lo que estaba sucediendo con las personas detenidas afirmó: “Todo esto es absurdo. La policía y el fiscal no brindan información por teléfono. Es todo confuso. Las citaciones se entregarán en los próximos tres días para las comparecencias, pero no sabemos a dónde los están trasladando”. Al parecer, los detenidos aún no tienen abogados designados y estarían a cargo de defensores públicos, aunque esto tampoco está confirmado. La abogada explicó: “No sabemos si son detenciones de 24 horas y tampoco ha habido una decisión de prisión preventiva. Además, los funcionarios no responden y por eso estamos intentando presentarnos”. Añadió que esto es el final para Morales: “Infundir miedo y amedrentar”.
En el contexto de las medidas represivas tomadas por el gobierno de Morales para defender una reforma constitucional impuesta rápidamente, la policía provincial ha violado la autonomía universitaria al ingresar a un terreno de la Universidad Nacional de Jujuy. En ese momento, el Consejo Superior de la universidad estaba llevando a cabo una sesión en la que representantes de la comunidad académica, docentes del sindicato Adiunju y organizaciones estudiantiles debatían sobre el rechazo a la nueva Constitución jujeña, así como la persecución de profesores y estudiantes. También se estaba considerando la posibilidad de que la institución se presentara como querellante ante la justicia. En ese momento, un grupo de agentes provinciales ingresó al campus de la UNJu sin identificación aparente, presumiblemente para averiguar las decisiones que se estaban tomando en el Consejo Superior. La universidad misma emitió una declaración condenando este hecho y afirmó: “Estas acciones violan la autonomía universitaria y la libertad de cátedra […]. Estos hechos revisten una gravedad institucional significativa y obstaculizan e interfieren en las posibilidades de diálogo para generar consensos y soluciones en momentos de alta sensibilidad y tensión social”.
