Lo decidió la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) de Jujuy en un congreso provincial. Qué dijeron sobre la reforma constitucional de Gerardo Morales.
La Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) de Jujuy continuará con las medidas de fuerza y paro por tiempo indeterminado que mantiene desde hace 28 días. Además, el gremio docente volvió a manifestarse en contra de la reforma constitucional impulsada por el gobernador radical Gerardo Morales.
Esto se resolvió este domingo en un congreso provincial del gremio donde se analizó el avance de las negociaciones salariales con el Gobierno jujeño. “Se decidió la continuidad de la medida de fuerza”, afirmó la secretaria general de la Adep, Silvia Vélez, al término de la reunión realizada en el Salón del Maestro, en la capital jujeña.
De esta manera se ratificó el reclamo de un aumento salarial que permita alcanzar un básico de 200 mil pesos, de acuerdo con el mandato del congreso anterior, y que será puesto en la mesa de la próxima reunión paritaria.
Por otra parte, el congreso aceptó la propuesta del gobierno establecida en el acta firmada el 30 junio respecto al valor del cargo docente, un reclamo histórico de la docencia de nivel inicial y primario.
El gobierno de Morales accedió a un pedido para la equiparación de las horas cátedras: en el caso de los maestros especiales pasará de 12 a 15 horas, y de los maestros de nivel inicial y primario de 15 a 18, aunque el tema seguirá siendo evaluado en la mesa técnica de esta semana.
Con respecto a los días de paro, el Gobierno ratificó lo resuelto en el acta paritaria del 22 de junio, donde anunció que a los docentes que regresaran a las aulas el 26 de junio no iba a descontarles los días no trabajados, ni tampoco el presentismo.
En el caso de ADEP, el único gremio de docentes que no levantó la medida de fuerza, se estudia el “descuento fragmentado de los días de huelga” para que “impacte lo menos posible en el sueldo”, según informaron.
La Adep, que agrupa a los docentes de nivel inicial y primario, sostiene la consigna “Arriba los salarios, abajo la reforma” de la Constitución, aprobada y jurada el 20 de junio, y está desarrollando un plan de lucha en toda la provincia, con permanencia al costado de las rutas, radio abierta y marcha de antorchas junto a demás integrantes de la multisectorial creada con esa finalidad.
La Sala VI de la Cámara de Casación Penal ordenó a la Justicia Federal de Jujuy que intervenga en la protección de los pueblos indígenas y manifestantes “que ejercen su derecho a la protesta sobre las rutas jujeñas”, informó en sus redes sociales el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). La organización, junto con Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), había presentado un habeas corpus preventivo en el marco de las protestas que se llevaron a cabo bajo la consigna “no a la reforma de la Constitución”, que comenzaron unos días antes de su aprobación, el martes pasado.
En sus redes sociales, el Cels, explicó que la decisión judicial “exige que haya mecanismos de control sobre el despliegue e intervención de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en rutas nacionales durante las protestas, para evitar que se siga con la represión policial”. La presentación ante la Justicia – en acompañamiento de la organización Xumek – Derechos Humanos- había sido presentada, en realidad, ni bien comenzaron las detenciones sobre los cortes de ruta, previo a la votación que hizo la legislatura local a espaldas de la población para reformar la Constitución.
En ese entonces, los organismos, advirtieron que sobre las personas existe “una amenaza actual e inminente de ver violentadas su libertad ambulatoria e integridad física”, lo que se tradujo en “las detenciones, aprehensiones y el traslado a dependencias policiales practicadas en el corte de ruta de la entrada a Purmamarca, por parte del cuerpo de Infantería de la Policía de la provincia de Jujuy”.
Sin embargo, ante la presentación del hábeas corpus la justicia local se declaró incompetente. “Tiene que haber mecanismos de control de las fuerzas federales y provinciales en tanto haya protesta en una ruta, al declararse incompetente no lo controló”, explicaron desde el Cels a este medio, por lo que “si se hubiera declarado competente hubiesen existido menos riesgos de afectación del derecho a la protesta”.
