La AGN analizó la trazabilidad de los 45.000 millones que recibió el Gobierno de Macri. Esos recursos se destinaron al pago de vencimiento de deuda especulativa y salida masiva de capitales.
El préstamo Stand By que el FMI le otorgó a Mauricio Macri por 45.000 millones de dólares no fue utilizado para cancelar supuestas deudas que la Alianza Cambiemos había heredado del kirchnerismo, como habían esbozado en su momento los referentes cambiemitas. Tampoco se utilizaron para cubrir el denunciado déficit energético. El último dictamen de la Auditoría General de la Nación, que analizó toda la trazabilidad de esos recursos, fue contundente: la plata del Fondo se destinó al pago de intereses y vencimientos de la deuda especulativa tomada entre 2016 y 2018, y financiar una persistente fuga de capitales en detrimento de los propios estatutos del organismo. La autoría también concluyó que muchos de los desembolsos recibidos fueron manejados de manera discrecional, por fuera de cualquier registro presupuestario.
El trabajo de la Auditoria –con un dictamen de mayoría firmado por María Graciela De la Rosa, Javier Fernández, Juan Forlón y Gabriel Mihura Estrada – investigó no sólo los procedimientos administrativos eludidos en la toma del préstamo con el FMI sino que elaboró un principio de trazabilidad de esos recursos, insumo que podría ser clave en la causa que lleva adelante (con demoras) María Eugenia Capuchetti, vinculada exclusivamente al crédito stand by.
Las conclusiones de la AGN
De los tres desembolsos realizados en 2018, sólo el primero contó con respaldo normativo (Dec. 1053/18230). En este sentido, ni el Poder Ejecutivo ni la Jefatura de Gabinete de Ministros dispusieron los respaldos necesarios (Decisiones Administrativas) a las ampliaciones en los créditos presupuestarios resultantes del segundo y tercer desembolso.
Es decir que aproximadamente 13.000 millones de dólares fueron utilizados sin ningún respaldo normativo. Esto equivale a casi un 30% de los desembolsos recibidos por Macri en 2018.
En términos temporales se detectó que el 50% del primer desembolso (7500 millones de dólares) se mantuvo depositado en una cuenta especial en el BCRA (Cuenta de Fortalecimiento de Reservas) durante todo el 2018. Estos fondos fueron aplicados al uso presupuestario recién en octubre de 2019. El resto de los fondos se mantuvo en cuentas operativas de la Tesorería abiertas en el BCRA. No se pudo identificar el destino y uso de este aumento de las reservas durante ese periodo por parte del BCRA, cuestión que puede ser objeto de otra auditoría.
Estos puntos resultan claves incluso para la causa penal que instruye Capuchetti con la asistencia de fiscal Franco Picardi. Si la Alianza Cambiemos solicitó un stand by como soporte presupuestario, ¿Cómo se explica que no se sepa cuál fue el destino de un tercio de los recursos que llegaron en 2018?
Otro aspecto clave del informe tiene que ver con el desglose de los recursos utilizados exclusivamente para pagar los vencimientos de la deuda especulativa contraída durante el gobierno macrista.
Sostuvo la AGN que los fondos ingresados se destinaron en un 71% al pago de servicio de la deuda pública, en particular de emisiones realizadas durante el período 2016-2019, en donde se destacaron los montos de la deuda emitida entre 2017 y 2018. El 39% se correspondieron a cancelaciones de servicios de deuda emitida en los años 2018 y 2019.
En 2018, se destinaron 11 millones de dólares a cancelar deuda con bancos privados y otros 416 millones con organismos multilaterales. Las cancelaciones por títulos públicos insumieron 14.708 millones de dólares. Por su parte, en 2019 se pagaron 22.125 millones de dólares por vencimientos de títulos públicos. El 5,2% de los pagos de ese año correspondieron a las operaciones de Repo (préstamos cortos). Para cancelar una deuda con CAMMESA, solo se utilizaron 600 millones.
“Estos pagos resultaron en una masa de recursos que se volcaron al mercado en coexistencia con una salida de capitales, en un contexto de falta de controles sobre los flujos de salida de la cuenta capital. Esta situación debería haber sido evitada de acuerdo a la manda del Convenio Constitutivo del FMI”, sostuvo la AGN.
Durante el período bajo investigación, se observó una salida de capitales “considerable y continua, alcanzando el máximo de la década y el máximo del período de flexibilización de las regulaciones cambiarias (2016-2019)”. Recién en septiembre de 2019, Macri se vio forzado a implementar regulaciones a la cuenta capital, mal llamadas “cepo”.
El estatuto del Fondo es bastante claro al respecto. Los desembolsos del organismo no pueden utilizarse para financiar la salida “considerable y continua” de capitales. Macri hizo todo lo contrario.
De acuerdo al informe de la AGN, la salida de capitales totalizó, en 2016, los 15.105 millones de dólares, mientras que al año siguiente fueron 31.151 millones. En 2018, representó un total de 27.000 millones de dólares.
Con todos los datos sobre la mesa y lograda cierta trazabilidad del dinero que ingresó al país y luego se fugó, el dictamen de mayoría de la AGN concluyó:
“Los incumplimientos normativos, la falta de intervención de las áreas críticas, la falta de evaluaciones técnicas oportunas y efectivas, así como la calidad del asesoramiento afectaron la adecuada gestión de los riesgos operativos y financieros relacionados al proceso de diseño, negociación, autorización, firma, administración de los recursos y rendición de cuentas. De esta manera, se evidencia la discrecionalidad del auditado en la toma de decisiones, sin contar con la debida información en cuanto al costo y riesgo asumidos, impactando en la efectividad y la eficiencia en la gestión de la deuda, así como en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública.”
Fuente: El Destape
